Crisis en Bolivia: cómo una disputa por el censo nacional dejó al motor económico del país al borde del desabastecimiento

LA PAZ.– Desde este lunes, varias regiones de Bolivia se suman a las movilizaciones masivas en Santa Cruz, locomotora económica del país, con paros, huelgas de hambre y cortes de rutas, mientras el gobierno y la oposición buscan acordar la fecha de un polémico censo poblacional.

Tras 17 días de huelga en Santa Cruz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) convocó a iniciar desde hoy huelgas de hambre, paros, bloqueos y movilizaciones para “lograr” que el censo poblacional se concrete en 2023, los resultados se publiquen en 2024 y se tenga un proceso electoral “limpio, sin fraude y con un nuevo padrón electoral el año 2025″, detalla un comunicado emitido por la organización.

“La huelga de hambre es una medida de los ciudadanos que están en la lucha por la justicia, la democracia y la libertad. (...) Además, exige la libertad de todas las personas indebidamente detenidas y perseguidas”, agrega la nota.

En La Paz, la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció que desde hoy iniciará un bloqueo de caminos. Este sector se pronunció a favor del censo 2023 y también exigió la liberación de los dirigentes cocaleros detenidos en el penal de San Pedro y el cierre del mercado paralelo instalado en la zona de Villa El Carmen, informó el diario Página Siete.

Incluso, la Cámara de Transporte de la capital boliviana amenazó con iniciar el bloqueo de las rutas y el cierre de las fronteras si el gobierno no da solución al paro indefinido que lleva adelante Santa Cruz, como dijo su presidente, Ramiro Sullcani. “Estamos en estado de emergencia por estos problemas en Santa Cruz que derivaron en la restricción de exportaciones y la pérdida millonaria. Comunicamos al gobierno que, si no existe solución, nos veremos forzados a tomar como sector medidas de presión. Desde las cero horas de este lunes tendremos bloqueo de carreteras y cierre de fronteras”.

Censo 2023

Santa Cruz, feudo de la oposición de derecha, inició el 22 de octubre una huelga acompañada de protestas, bloqueos de caminos, avenidas y carreteras interdepartamentales, para exigir al gobierno izquierdista del presidente Luis Arce adelantar para 2023 un censo fijado para 2024.

El departamento boliviano argumenta que conocer cuántos habitantes tiene le permitirá acceder a más recursos económicos públicos y ampliar su representación en el Parlamento. También dice que el censo beneficiará a todo el país.

El gobernador opositor, Luis Fernando Camacho, publicó hoy en Twitter una encuesta que mostraba el creciente apoyo al paro nacional por el censo.

Por su parte, el Ejecutivo ha señalado que no hay condiciones técnicas para un censo en 2023, pero sí en 2024.

En Trinidad (Beni), la mesa técnica que definirá la fecha de la encuesta, declaró este lunes que podría demorar hasta cinco días más, aunque ya el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se adelantó y señaló a Santa Cruz de no haber “demostrado la factibilidad de realizar el censo en el año 2023″.

El expresidente Evo Morales tuiteó este lunes al respecto: “Pido a los responsables y participantes de la ‘mesa técnica’ instalada en Trinidad para definir la fecha del censo, pensar y considerar la situación desesperante por la que atraviesan nuestras hermanas y hermanos que se ven impedidos de trabajar normalmente desde hace tantos días”.

El gobierno y Santa Cruz, junto a alcaldes y gobernadores de otros departamentos, abrieron el viernes una mesa de diálogo para definir de manera técnica la fecha del censo, tras varios intentos fallidos de llegar a un acuerdo.

Arce, al inaugurar el encuentro, dijo que el gobierno respetará el acuerdo que surja.

Si no hay acuerdo, Santa Cruz anticipó que mantendrá sus protestas. Desde que comenzaron las movilizaciones, se han registrado un muerto y varios heridos.

En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó la semana pasada a Bolivia a garantizar el derecho de manifestación y a fortalecer el diálogo a raíz de los enfrentamientos.

“El Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones”, afirmó la CIDH. “El hecho de que algunos grupos o personas cometan actos de violencia no vuelve per se violenta o ilegítima una protesta, ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas”, añadió.

Escasez de alimentos y combustible

La escasez de alimentos y combustibles en la localidad boliviana de Santa Cruz, aislada por las protestas desde hace 17 días, alarma a sus habitantes

“Uno va al mercado [de abasto] y es increíble cómo las cosas han subido más del 100%, en un 200%. Las frutas, las verduras están escasas, el arroz, todos los abarrotes. Es increíble cómo ha subido”, declaró a la AFP Sofía Chávez.

Esta empleada doméstica de 41 años señala que uno de los principales problemas es la escasez de combustibles para transportar alimentos desde el campo a la ciudad.

Por su parte, Clara Cuéllar, ama de casa de 43 años, considera que “no entran los productos de la canasta familiar y la gasolina, [esto] es por culpa prácticamente del gobierno”.

Las plantas procesadoras de combustible no han podido despachar gasolina y diésel en camiones cisterna que las distribuyen hacia estaciones de carburantes, a raíz de bloqueos callejeros.

En los lugares de expendio de diésel y gasolina hay enormes filas de automotores a la espera de algo de combustible, constató la AFP.

El Ministerio de Economía dijo este viernes que las pérdidas económicas, a causa de las protestas, suman “503,7 millones” de dólares.

“Las pérdidas económicas son extremadamente cuantiosas. Sin embargo, para nosotros, como sector productivo, las pérdidas en nuestras familias bolivianas, a través del encarecimiento de los productos, son aún mayores”, afirmó por su lado el presidente de la poderosa organización patronal Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Mario Justiniano.

Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores, aseveró por separado que el sector está golpeado y que sus pérdidas semanales rondan “los 3 millones de bolivianos”, unos 431.000 dólares, pues las ventas de pollo y huevos hacia otras regiones del país están paradas.

Agencia AFP