Yahoo Noticias CorteIDH ordena al Estado argentino determinar a los culpables de atentado de 1994 que sigue impune
BUENOS AIRES (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró al Estado argentino responsable de no haber investigado “con diligencia” el atentado de 1994 contra un centro judío en Buenos Aires y ordenó que remueva los obstáculos que mantienen el caso impune para juzgar a los responsables “en un plazo razonable”.
En un fallo condenatorio unánime difundido el viernes, los jueces de la CorteIDH conminaron a Argentina a “iniciar, continuar, impulsar y o reabrir las investigaciones que sean necesarias para individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables" del ataque que hizo volar la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) causando 85 muertos.
Asimismo le ordenó proseguir con “los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado en un plazo razonable" para aplicar las sanciones correspondientes.
La sentencia de la CorteIDH —uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos— fue recibida con beneplácito por los familiares de las víctimas.
“El fallo demuestra que teníamos razón; muchas veces dijeron que no teníamos razón en nuestros reclamos, que el Estado argentino estaba haciendo todo. La verdad es que nunca hizo todo y estábamos desamparados”, dijo a The Associated Press Diana Wassner, esposa de Andrés Malamud, una de las víctimas.
Wassner, del grupo Memoria Activa —integrado por familiares de las víctimas que siguen reclamando justicia— dijo que el fallo es “un abrazo al alma”.
La justicia argentina sospecha que Irán fue el ideólogo del ataque y el grupo islamista Hezbolá su brazo ejecutor. Ese país niega cualquier responsabilidad y no ha entregado a los ciudadanos acusados por jueces del país sudamericano, entre ellos altos funcionarios iraníes. Casi 30 años después, no hay detenidos ni condenados por el hecho.
La CorteIDH dijo que el Estado argentino es responsable de la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, al acceso a la justicia, a las garantías judiciales y al acceso a la información, consagrados en la Convención Americana, el pacto de derechos y libertades que deben ser respetados por los miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las decisiones de ese tribunal son vinculantes.
“La sentencia es la culminación de un proceso de 25 años ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo a AP Margarita Trovato, abogada del organismo de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según explicó, ese proceso incluyó “primero a la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), que es un órgano más político y donde hubo un intento de solución amistosa con el Estado argentino que había reconocido su responsabilidad; resultó bastante infructuoso, no implementó ninguna de las medidas que la Comisión había recomendado y llegamos a una instancia más contenciosa, que es la Corte, cuyas decisiones son obligatorias” para Argentina.
Ese tribunal también conminó al país a desclasificar información sobre el caso y hacer un archivo público donde se destaque la búsqueda de la verdad por parte de familiares de las víctimas.
En 1999 Memoria Activa, con el patrocinio del CELS, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos graves irregularidades en la investigación y la falta de justicia.
Las irregularidades se evidenciaron en 2004 cuando un tribunal federal argentino anuló la investigación de un juez y dos fiscales investigadores del hecho y absolvió a los policías acusados falsamente. El encubrimiento y el desvío de la investigación quedaron plasmados en el informe que hicieron las entonces autoridades de la Comisión Interamericana.
“Lo que siguió fue un derrotero de denuncias e incumplimientos estatales y la necesidad imperiosa de romper el secreto bajo el cual había quedado la investigación cooptada por la ex SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y funcionarios inescrupulosos”, dijo el CELS en un comunicado.
El organismo apuntó que “los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”.
En 2019 la Comisión Interamericana determinó la responsabilidad del Estado argentino porque no pudo evitar el atentado teniendo la información para hacerlo y por la falta de justicia. El caso pasó a la Corte en 2021.
Un año después, el Estado argentino reconoció en una audiencia su responsabilidad por no haber preservado la vida de las víctimas y haber perpetrado encubrimiento y acusado a inocentes.
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La periodista de AP Natacha Pisarenko colaboró en este despacho.
