Corte Suprema pone fin a admisión universitaria considerando la raza. Efectos en CA

La Corte Suprema declaró el jueves que las universidades e institutos superiores ya no pueden usar una forma de admisión basada en la raza, rechazando un precedente de décadas en la política de acción afirmativa.

En lugar de ello, la raza debería tenerse en cuenta en la experiencia de un individuo –transmitida a través de un ensayo, entrevista o de otro modo– en lugar de en su identidad a la hora de establecer una composición demográfica del alumnado.

El tribunal falló por 6-3 y 6-2 en dos decisiones que siguieron líneas ideológicas, afirmando que las admisiones basadas en la acción afirmativa infringen la cláusula de igualdad de protección de la 14º Enmienda.

“El estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza”, escribió el presidente del la Corte Suprema, John G. Roberts, en la opinión mayoritaria. “Muchas universidades han hecho durante demasiado tiempo justo lo contrario. Y al hacerlo, han concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los retos superados, las habilidades adquiridas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel”.

Los jueces se pusieron del lado de un grupo que demandó a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Carolina del Norte por las políticas de admisión que tienen en cuenta la raza del solicitante como método para promover la diversidad, la equidad y la inclusión en un campus universitario. Las academias militares están exentas.

Roberts escribió que “nada en esta opinión debe interpretarse en el sentido de que se prohíba a las universidades tener en cuenta el debate de un solicitante sobre cómo la raza ha afectado su vida, ya sea por discriminación, inspiración o de otro modo”.

Esto significa que las universidades e institutos superiores privados de California –incluidas la Universidad de Stanford, la Universidad del Sur de California y el Instituto Tecnológico de California, entre otros– deben enfrentar ahora la misma prohibición de admisiones basadas en la raza que se aplicó a las escuelas públicas cuando los electores aprobaron la Proposición 209 en 1996.

La decisión afecta menos a la Universidad de California y al sistema de la Universidad Estatal de California que a las instituciones públicas de otros estados, dado que California tiene una prohibición desde hace mucho tiempo sobre las admisiones en función de la raza.

La Proposición 209 impide a las universidades e institutos superiores públicos, a los organismos gubernamentales y a otros sistemas públicos usar la raza, el sexo y otros factores en la contratación, los contratos o las admisiones. Había excepciones mínimas para evitar infringir la ley federal que, en aquel momento, exigía la contratación en función de la raza para obtener financiamiento, como las becas de investigación de las que dependen los campus de la UC.

Las instituciones privadas estaban exentas. Ahora deben enfrentar el mismo cambio que experimentaron sus homólogas públicas tras la entrada en vigor de la Proposición 209.

Los dirigentes de la UC, preocupados por este resultado, presentaron en noviembre un escrito de amicus curiae instando a la Corte Suprema a mantener las políticas de acción afirmativa. Los reportes amicus reflejan las opiniones de personas que no son parte en un caso, pero que pueden ofrecer a los tribunales sus puntos de vista.

Los abogados de la UC escribieron que bloquear las admisiones que tienen en cuenta la raza y el género es perjudicial para los estudiantes, porque las políticas de inclusión promueven una mayor diversidad intelectual y muestran a la próxima generación que todas las personas son bienvenidas.

“En una nación en la que la raza importa, las universidades deben mantener entornos universitarios que les permitan enseñar a sus estudiantes a ver a los demás como algo más que meros estereotipos”, escribieron. “Tener éxito en ese empeño es crucial para preparar a la próxima generación para ser ciudadanos y líderes eficaces en una Nación cada vez más diversa”.

¿Qué es la Proposición 209 de California?

California fue el primer estado que prohibió la contratación y admisión de estudiantes en función de la raza y el género en la educación superior pública y en el mercado laboral público. El estado de Washington siguió su ejemplo en 1998 antes de derogar la medida el año pasado. Ahora Florida, Michigan, Nebraska, Arizona, Nueva Hampshire, Oklahoma e Idaho tienen restricciones similares.

Las universidades públicas empezaron a aplicar la acción afirmativa a finales de la década de 1960. La práctica se originó con el ex presidente John F. Kennedy, quien emitió una orden ejecutiva en 1961 en la que instruía a los organismos gubernamentales que garantizaran la igualdad de oportunidades en el empleo.

Las admisiones con criterios raciales se diseñaron para promover la diversidad en los campus, reducir la desigualdad y compensar los obstáculos históricos que han impedido a las personas de color acceder a la educación universitaria.

“Existió durante unos 30 años y tuvo un gran impacto en la admisión de estudiantes afroamericanos e hispanos”, dijo Zachary Bleemer, experto en educación superior que obtuvo su doctorado en la Universidad de Berkeley, en una entrevista la semana antes de que la Corte Suprema hiciera pública su sentencia.

Incluso entonces, las admisiones basadas en la raza no eran populares: La Proposición 209 se aprobó con un margen del 10%.

Cuando se aprobó, el republicano Pete Wilson era gobernador, tres cuartas partes de la población electora de California era blanca y algunos políticos impulsaban políticas nativistas para conseguir apoyos. Alrededor de dos tercios de los electores blancos apoyaron la Proposición 209, mientras que la mayoría de los electores afroamericanos, latinos y asiáticos estuvieron en contra, según una encuesta a pie de urna de Los Angeles Times.

Según Richard Thompson Ford, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford y experto en relaciones raciales y discriminación, “la acción afirmativa siempre ha sido controvertida y muchos electores se oponen a ella”.

En declaraciones a The Bee antes de que la Corte Suprema hiciera pública su decisión, Ford dijo que la Constitución permitía “la acción afirmativa en circunstancias limitadas, pero nunca la ha exigido”. Como tal, los estados –así como las instituciones privadas– ya han sido libres de elegir si usan o no la acción afirmativa.

“La Proposición 209 simplemente refleja la decisión de California de no emprender una acción afirmativa basada en la raza”, dijo.

Proporción de estudiantes de minorías ‘disminuyó drásticamente’

Con la Corte Suprema destrozando la acción afirmativa, dijo Bleemer, “lo que se vería es una versión a escala mucho menor de lo que ocurrió después de la Proposición 209”.

En su informe amicus, los abogados de la UC escribieron que la proporción de estudiantes de grupos subrepresentados “cayó drásticamente” con la aprobación de la Proposición 209, obligando al sistema a usar “medidas neutrales con respecto a la raza para buscar la diversidad”.

Aunque eso “mejoró sustancialmente la diversidad general del alumnado del sistema de la UC desde la precipitada caída causada por la Proposición 209”, ha sido insuficiente para hacer que los campus reflejen la diversidad de California, especialmente en las UC más selectivas.

Los estudiantes que antes optaban por asistir a una UC se fueron a sistemas privados dentro y fuera del estado.

“Un grupo de estudiantes afroamericanos e hispanos con altas calificaciones, que en virtud de la acción afirmativa acudían a Berkeley y UCLA y ahora no podían acceder a esas universidades, se dirigieron a la Ivy League y a universidades privadas que todavía tenían acción afirmativa y estaban siendo admitidos”, dijo Bleemer.

Tras la decisión de la Corte Suprema, pudiera ocurrir lo contrario. Dado que las universidades públicas como UCLA, Berkeley y Davis han vivido con el protocolo de la Proposición 209 durante mucho más tiempo y han tenido que adaptarse, más estudiantes afroamericanos y latinos pudieran cambiar sus preferencias y solicitar su admisión ahí.

Con todo, el impacto en el estudiante promedio de California pudiera ser mínimo, señaló Bleemer: solo entre el 15% y el 20% de los estudiantes de California van a universidades privadas, y muchos menos asisten a universidades de élite.

Intentos fallidos de derogar la Proposición 209

La acción afirmativa sigue siendo impopular en todos los ámbitos raciales, como lo demuestra una iniciativa electoral de 2020 para derogar la Proposición 209.

La Legislatura de 2020, controlada por los demócratas, pensó que los electores podrían respaldar la Proposición 16 tras el verano de disturbios civiles que siguió al asesinato a manos de un policía de George Floyd, un hombre afroamericano en Minnesota, y la pandemia que puso de relieve la desigualdad racial.

Los legisladores se apresuraron a incluir la medida en la boleta, argumentando que una derogación de la Proposición 209 aumentaría la representación racial y de género en la educación superior y en la fuerza laboral pública, ayudando en particular a los habitantes latinos y afroamericanos.

La Proposición 16 fracasó por un margen mayor que el de la Proposición 209. En aquel momento, los legisladores y los activistas a favor de la proposición dijeron que no se había hecho lo suficiente para conseguir el apoyo del público y que el asunto se perdió en una boleta abarrotada.

Ford dijo que “encuestas posteriores a las elecciones mostraron que muchos electores pensaban que la derogación de la Proposición 209 también derogaría las protecciones básicas contra la discriminación. Esto es incorrecto y la percepción errónea podría haber marcado la diferencia”.

Personas en contra de la Proposición 16 dijeron que era discriminatoria y que las comunidades diversas de California habían avanzado en su representación.

“En un estado que apenas se considera conservador, los electores rechazaron la derogación de la garantía de igualdad de trato por raza de la constitución estatal”, dijo después de los resultados Arnold Steinberg, un estratega de la campaña “No” a la Proposición 16 que trabajó en la Prop. 209.

Los trabajadores estatales hispanos y latinos están subrepresentados en comparación con la población de California, según una revisión de los datos de 2020 realizada por el Departamento de Recursos Humanos de California, el año más reciente del que se dispone de datos. Los trabajadores civiles afroamericanos y blancos estaban sobrerrepresentados, mientras que los trabajadores de distintos orígenes asiáticos coincidían aproximadamente con la población de California.

La mayor parte de California es hispana: el 40% del estado se identifica como hispano o latino, el 35% como blanco, el 16% como asiáticos y el 6.5% como afroamericano, según los datos del censo de 2020.

Decisión de la Corte Suprema sobre la acción afirmativa

En octubre, la Corte presidió dos casos relativos a admisiones basadas en la raza, presentados por una organización que afirma que los estudiantes se vieron perjudicados por las políticas de acción afirmativa de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

La organización Students for Fair Admissions, Inc., que dice representar a 20,000 personas, afirmó en demandas separadas que las admisiones basadas en la raza en la UNC, una universidad pública, y en Harvard, una privada, discriminaban a los estudiantes blancos y asiáticos. Las escuelas no deberían rechazar una alternativa neutral desde el punto de vista racial por miedo a posibles cambios en el alumnado si no hay evidencia de que pueda perjudicar a la calidad académica de la escuela, argumentó el grupo.

Pidió a la Corte Suprema que anulara el caso Grutter contra Bollinger, un caso de 2003 que afirmaba que tener en cuenta la raza en un proceso de admisión integral para promover la diversidad en los campus no perjudicaba a los solicitantes no pertenecientes a minorías ni violaba la ley federal.

El precedente de 2003 siguió a una decisión de 1978 en el caso Regentes de la Universidad de California vs. Bakke. En este caso, un estudiante blanco que no consiguió en dos oportunidades entrar en la facultad de medicina de UC Davis alegó que un programa para admitir a un determinado número de estudiantes de minorías le impedía el acceso.

Los jueces dijeron “no” a las cuotas raciales y dieron la razón a Allan Bakke, quien fue admitido. Pero también dijeron que la ley federal permitía tener en cuenta la raza en las admisiones.

Basándose en precedentes, Harvard y la UNC sostuvieron que la diversidad mejora la experiencia académica y que tener en cuenta la raza en el proceso de admisión no viola ninguna parte de la Ley de Derechos Civiles de 1964 ni la 14ª Enmienda. La UNC está obligada por ambas. Harvard, una universidad privada, solo está obligada por el título de la Ley de Derechos Civiles, pero la corte señaló que una infracción de la cláusula de igualdad de protección también constituye una infracción del Título VI.

La corte no eliminó por completo el precedente de 2003, al permitir a las universidades discernir la perseverancia de un estudiante individual u otras cualidades en la superación de la discriminación racial como parte de sus historias personales.

En su opinión disidente, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió: “Nuestro país nunca ha sido daltónico. Dada la larga historia de preferencias basadas en la raza patrocinadas por el Estado en Estados Unidos, decir que alguien es victimizado ahora si una universidad considera si ese legado de discriminación ha favorecido de forma desigual a sus solicitantes, no reconoce la bien documentada ‘transmisión intergeneracional de la desigualdad’ que aún asola a nuestra ciudadanía”.

Jackson, la primera mujer afroamericana en formar parte de la Corte Suprema, se recusó a sí misma en el caso de Harvard, por haber formado parte de una junta directiva de la universidad.