Corte Suprema estatal: reguladores no justificaron de manera adecuada el gran aumento de tarifas de la FPL

El más alto tribunal de la Florida reprendió el jueves a la junta reguladora que aprobó el mayor aumento de tarifas de servicios públicos en la historia del estado de Florida Power & Light, dictaminando que la Comisión de Servicios Públicos (PSC) no justificó porqué el aumento era de interés público y cómo estaba permitido por la ley.

El fallo de 4 a2 deja en su lugar los aumentos de tarifas para los clientes de FPL que entraron en vigor en enero de 2022 y que culminará en $4,860 millones en costos adicionales para los clientes en 2026. Pero también ordenó a la PSC que “explique cómo llegó a sus conclusiones”, una medida que potencialmente pudiera abrir la puerta a una reconsideración de parte del acuerdo de conciliación que dio a la poderosa empresa eléctrica la capacidad de aumentar automáticamente las facturas de los clientes, golpeando más a los clientes residenciales.

“El razonamiento de la Comisión sobre si todo esto es de interés público abarca menos de dos páginas de las más de 70,000 del expediente que tenemos para revisar”, escribió el juez John Couriel en la opinión mayoritaria, a la que se unieron el presidente de la Corte Suprema, Carlos Muñiz, y los jueces Jorge Labarga y Jamie Grosshans.

Dado que el expediente era insuficiente para que el tribunal decidiera si el alza de tarifas era legal, ordenó a la Comisión que “nos dé algo con lo que trabajar: una decisión suficientemente razonada y explicada que nos permitiera evaluar en qué se basó para concluir que el acuerdo era de interés público y daba lugar a unas tarifas justas, equitativas y razonables”.

Los jueces Charles Canady y Renatha Francis escribieron opiniones discrepantes y aunque no negaron que el expediente era escaso, argumentaron que el tribunal no tenía autoridad para devolver el asunto a la PSC para que explicara mejor su decisión. Más bien, dijeron, el papel de la corte era aprobar o rechazar el trabajo realizado.

“No hay apoyo estatutario o constitucional para que asumamos este papel de director de proyecto de la Comisión”, escribió Francis.

La PSC concedió el aumento por unanimidad

Los cinco miembros de la PSC aprobaron por unanimidad el alza de tarifas el 26 de octubre de 2021, tras dedicar menos de una hora al debate público. El acuerdo fue el resultado de un acuerdo de conciliación con FPL y siete partes que intervinieron en el caso, incluyendo la Oficina del Asesor Legal de la Florida, la Federación de Minoristas de la Florida, el Florida Industrial Power Users Group y la Southern Alliance for Clean Energy.

Los aumentos de tarifas permiten a FPL aumentar las tarifas anualmente durante al menos cuatro años, así como recibir alzas en las tarifas relacionadas con la construcción de determinados proyectos solares. La FPL también puede aumentar las tarifas para cubrir los costos de las tormentas sin tener que pedir la aprobación de los reguladores y puede cobrar una cuota mensual a los clientes con poco o ningún uso de electricidad, incluidos los usuarios de energía solar; un cambio que redituará a la compañía $32 millones.

El acuerdo fue impugnado por Floridians Against Increase Rates y una coalición de otras tres organizaciones: Florida Rising, Environmental Confederation of Southwest Florida y League of United Latin American Citizens of Florida. Alegaron que el acuerdo de conciliación no era de interés público, que algunas de sus partes violaban la ley estatal y que daría lugar a tarifas eléctricas irrazonablemente altas. Los alegatos orales ante la Corte Suprema se celebraron en febrero.

Bradley Marshall, que representó a los activistas de los consumidores en el caso, se mostró satisfecho de que la corte les diera la razón.

“La corte consideró que cuando la Comisión acuerda la mayor alza de tarifas de la historia de Estados Unidos debe dar explicaciones”, dijo. “Es lo que hemos estado diciendo desde que salió la orden: que la comisión no se molestó en abordar ninguna de las cuestiones que estaban en disputa en el caso”.

El portavoz de la FPL Chris McGrath contraatacó diciendo que “el expediente ante la PSC en este caso es sólido y extenso, y ofrece un amplio apoyo para el acuerdo”.

“Es importante entender que la decisión de hoy de la Corte Suprema es de naturaleza procesal y ordena a la Comisión de Servicios Públicos de la Florida fortalecer su decisión”, dijo McGrath. “El tribunal dejó claro que los desafíos a la autoridad legal de la PSC para aprobar muchos aspectos del acuerdo de conciliación planteados en la oposición al acuerdo no proporcionaban ninguna base para la revocación”.

La PSC dijo en un comunicado que “agradece las indicaciones de la Corte Suprema y cumplirá con su petición”.

Clientes empresariales se beneficiaron del acuerdo de conciliación

Los activistas de los consumidores argumentaron que la evidencia demostraba que los clientes residenciales habrían salido ganando si la comisión hubiera aprobado la propuesta original de la FPL en lugar del acuerdo de conciliación que se ofreció.

Por ejemplo, una característica importante del acuerdo de conciliación requiere que los clientes residenciales subvencionen una disminución de $1,000 millones en los costos de las empresas comerciales e industriales más grandes del estado y también subvencionen a los clientes que se inscriban en la expansión solar de FPL.

La PSC celebró una audiencia de un día para revisar las solicitudes de tarifas de la FPL, pero su personal no hizo preguntas, y la Comisión dedicó poco tiempo a discutir las cuestiones planteadas por los grupos de consumidores.

Los testigos de la FPL admitieron ante los reguladores que el acuerdo costará a los clientes residenciales desproporcionadamente más que el aumento de tarifas impuesto a las empresas más grandes del estado. Esas empresas pagarán 20% menos de lo que la FPL propuso originalmente, mientras que los clientes residenciales verán una disminución de solo 2%. La PSC nunca discutió la cuestión.

Los testigos de la FPL también admitieron que una estipulación del acuerdo permite que su programa Solar Together, que concede a los abonados $2,000 millones en créditos, no cubre a ningún cliente adicional de bajos ingresos y, más bien, permita a los grandes usuarios comerciales obtener el mayor beneficio. La Comisión tampoco debatió esta cuestión.

El fallo de la corte señaló que, según la legislación de la Florida, la PSC tiene “amplia autoridad legislativa’” para fijar “tarifas justas, equitativas y razonables”, pero solo si están “respaldadas por evidencia competente y sustancial en el expediente”.

La corte concluyó que no existía tal registro y reprendió repetidamente a la comisión por no demostrar que su decisión se basaba tanto en la ley como en la autoridad reguladora.

Couriel escribió que la Comisión y la FPL “nos aseguran que la decisión de la Comisión estuvo justificada teniendo en cuenta la evidencia del expediente. Pero no es suficiente señalar el montón de papel que registra estos procedimientos. Por el contrario, la Comisión debe hacer el trabajo que le ha encomendado la Legislatura mostrando cómo los documentos apoyan su decisión”.

¿Por qué no hizo preguntas la PSC?

El fallo también señaló que la PSC tiene la discreción de usar razones “no estatutarias” para justificar sus decisiones, pero también planteó preguntas acerca de porqué los reguladores aceptaron los argumentos de FPL sin cuestionarlos.

Por ejemplo, escribió el tribunal, la PSC “apoyó su decisión afirmando que ‘la factura residencial de 1,000 kWh de FPL [está] proyectada para permanecer un 21% por debajo del promedio nacional actual’ bajo el acuerdo de conciliación”, pero sugirió que la comisión tendría que “explicar la relevancia de esta métrica a la luz del ‘propósito de la Comisión’”.

Los activistas de los consumidores argumentaron que la PSC también intentó injustamente ayudar a la empresa a aumentar los beneficios para sus accionistas al conceder a FPL una rentabilidad sobre el capital propio del 10.6%, superior a la que permitió a otras empresas eléctricas de la Florida, lo que permitió a la empresa obtener beneficios de la ampliación de una central eléctrica, una línea de transmisión o una red de distribución, así como de proyectos solares y estaciones de carga de vehículos eléctricos.

Marshall dijo que espera que la PSC invite a los consumidores de la Florida a testificar sobre el impacto de los aumentos de tarifas en sus vidas.

“Este acuerdo de conciliación incluye un exceso de construcción que los floridanos no pueden permitirse” y no necesitan, dijo. “Los floridanos están pasando apuros para pagar sus facturas de electricidad, y espero que la Comisión considere esto en su contexto”.

La jueza Meredith Sasso, que se incorporó al tribunal en mayo tras los alegatos orales del caso, no participó en la decisión del jueves.