La Corte Suprema defendió la Constitución pese a la exagerada reacción de los demócratas | Opinión

La Corte Suprema de Estados Unidos terminó su período de sesiones 2022-23 con la publicación de sentencias muy esperadas sobre varios casos importantes, y se pudiera perdonar a los jueces si huyeran de inmediato a lugares no revelados.

Difícilmente se les pudiera culpar por buscar un puerto seguro, dadas las coreografiadas reacciones exageradas de la izquierda a las sentencias en las que la mayoría conservadora del Tribunal antepone la lealtad a la Constitución estadounidense a la opinión pública fomentada por los demócratas y sus aliados en las encuestas de opinión pública y los medios tradicionales.

Las reacciones de este año fueron esencialmente una repetición veraniega de las histéricas reacciones exageradas del año pasado a la sentencia filtrada que anulaba Roe contra Wade y devolvía a los estados la autoridad para regular los abortos.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez (también conocida como AOC), quien quiere añadir cuatro jueces al tribunal, dijo a CNN “la Corte Suprema se está extralimitando mucho en su autoridad, y creo, francamente, que realmente necesitamos tener conversaciones sobre la revisión judicial como un control de los tribunales también”.

Tal vez AOC no esté familiarizada con el caso Marbury contra Madison, que estableció el principio de la revisión judicial, afirmando la autoridad de los tribunales federales para declarar inconstitucionales la legislación y las acciones ejecutivas. Esa decisión, cuyo autor fue John Marshall, se dictó en 1803. Hablando de precedentes antiguos.

Lamentablemente, el presidente Biden, consciente de las críticas de la izquierda, opinó que “este no es un tribunal normal”, pero –consciente también de que actualmente carece de votos suficientes en el Congreso– se abstuvo de abogar por una ampliación a 13 miembros de los nueve actuales.

Lo que sí prometió Biden, sin embargo, fue buscar formas de emplear cualquier autoridad ejecutiva que pudiera encontrar para eludir y/o socavar las sentencias de la corte, especialmente aquellas que pudieran causar consternación entre los electores más jóvenes de la base de su partido.

Biden, por supuesto, no se centró en las tres sentencias recientes que le dieron la razón, sino en aquellas con las que no estaba de acuerdo. Una de ellas declaró inconstitucionales los criterios de admisión basados en la raza usados por Harvard y la Universidad de Carolina del Norte.

La otra bloqueó su intento de eludir el papel del Congreso en la asignación de fondos y condonar unilateralmente cientos de miles de millones de dólares de deuda de préstamos estudiantiles.

Biden también arremetió contra una decisión que sostenía que, a pesar de una ley de Colorado que prohibía la discriminación, un diseñador de portales digitales tenía derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a negarse a crear un portal digital web para una pareja gay porque eso entraba en conflicto con las creencias del diseñador.

Esta sentencia fue denunciada como un revés para los derechos LGBTQ+, pero sus detractores deberían dar la vuelta al guión y preguntarse cómo se sentirían si a un diseñador web LGBTQ+ se le pidiera que creara un portal digital para la odiosa y antigay Westboro Baptist Church, que el Southern Poverty Law Center clasifica como secta.

La reacción de Biden ante estas decisiones recuerda algunos capítulos vergonzosos de la historia estadounidense en los que políticos atacaron las decisiones judiciales y trataron de eludirlas.

Los historiadores quizá recuerden la década de 1960 como una década tumultuosa marcada por los disturbios y los asesinatos, pero esa época también fue notable por su presión para destituir al presidente de la Corte Suprema, Earl Warren.

Warren, un republicano que había sido gobernador de California, fue presidente de la Corte Suprema desde 1953 hasta 1969. Presidió la Corte durante la sentencia de 1954 sobre la segregación escolar, Brown contra el Consejo de Educación.

Esa sentencia, que revocó de forma encomiable el precedente de 58 años establecido en Plessy contra Ferguson, provocó una resistencia masiva no solo en el sur, donde los demagogos funcionarios electos la desafiaban abiertamente año tras año, sino también en las principales ciudades del norte.

Debido al desafío de los políticos, la integración escolar tardó décadas en llevarse a cabo, y sigue siendo una tarea en curso. Mientras tanto, la actual sentencia de la Corte Suprema contra las cuotas raciales inconstitucionales en la educación superior no debe ser injustamente presentada como racista o incluso como un revés para la desegregación.

De hecho, como escribió en la opinión mayoritaria el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, “nada en esta opinión debe interpretarse como una prohibición a las universidades de tener en cuenta la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó a su vida, ya sea por discriminación, inspiración o de otro modo.

“Pero, a pesar de la afirmación en contrario del disidente, las universidades no pueden simplemente establecer a través de ensayos de solicitud u otros medios el régimen que hoy consideramos ilegal”.

Es una lástima que Biden y otros críticos estridentes de la actual mayoría conservadora de la Corte Suprema arremetan contra las sentencias del tribunal en lugar de intentar educar al público sobre el papel adecuado de la Corte y sus esfuerzos por defender la Constitución estadounidense que los críticos de la Corte también juraron defender pero que con demasiada frecuencia ignoran.