WASHINGTON.- La Corte Suprema de Estados Unidos le dio un respiro a Donald Trump en su saga en los tribunales norteamericanos al emitir un histórico y controvertido fallo que amplió la inmunidad presidencial y, en los hechos, complicó y retrasó el juicio por el ataque al Congreso muy probablemente más allá de la elección presidencial, un giro crítico en el comienzo de una nueva campaña que además abre la puerta para que Trump, si resulta electo, pueda aniquilar la causa.

Trump enfrenta un juicio en los tribunales federales de Washington por su papel en el asalto trumpista al Capitolio del 6 de enero de 2021, ampliamente visto como el ataque más grave a la democracia de Estados Unidos, que buscó frenar el traspaso de poder al entonces presidente electo, Joe Biden. El Departamento de Justicia acusó a Trump de alentar ese ataque y de interferir con la transición, pero Trump alegó que, como presidente, tiene inmunidad por sus actos. La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que este lunes dictaminó que los presidentes están parcialmente protegidos de ser procesados en la Justicia por sus actos de gobierno.

“Este caso plantea una cuestión de importancia duradera: ¿cuándo se puede procesar a un expresidente por actos oficiales cometidos durante su presidencia?”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, al enmarcar la importancia del fallo que emitió el máximo tribunal del país.

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero bajo nuestro sistema de poderes separados, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus poderes constitucionales básicos, y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad procesal por sus actos oficiales. Esa inmunidad se aplica por igual a todos los ocupantes de la Oficina Oval”, definió Roberts.

El fallo de la Corte, que desató una verdadera tormenta política en Estados Unidos, llegó tras una decisión dividida 6-3 según la línea ideológica que separa a los nueve jueces del tribunal: los seis magistrados conservadores, tres de ellos nombrados por Trump, votaron a favor de conceder inmunidad a algunos actos de los presidentes, mientras que las tres juezas progresistas, dos nombradas por Barack Obama y una por Biden, votaron en contra.

La jueza Sonia Sotomayor fue la encargada de escribir una durísima opinión de la minoría, a la cual se sumaron las jueces Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.

El fallo, escribió Sotomayor, es “una burla” al principio de que nadie está por encima de la ley.

“La decisión de hoy de conceder inmunidad penal a los ex presidentes remodela la institución de la Presidencia. Hace una burla del principio, fundamental de nuestra Constitución y sistema de Gobierno, que ningún hombre está por encima de la ley”, indicó Sotomayor. La Corte, agregó, le concedió a Trump “toda la inmunidad que pidió y más”.

“Porque nuestra Constitución no protege a un expresidente de responder por actos delictivos y de traición, disiento”, cerró la jueza.

Para dimensionar el fallo de la mayoría, Sotomayor recurrió a un ejemplo extremo: un presidente que declara en un “discurso oficial” que tiene la intención de impedir que un rival político apruebe una legislación a la que se opone, sin importar lo que cueste hacerlo, luego puede contratar a un sicario privado para asesinar a ese rival político, y, según las implicancias del fallo, la acusación de asesinato “no podría incluir ninguna alegación de la admisión pública por parte del presidente” de una intención premeditada de apoyar el asesinato.

“Al final, entonces, bajo el nuevo paradigma de la mayoría, la exención del Presidente de responsabilidad legal por asesinato, agresión, robo, fraude o cualquier otro acto criminal reprensible y prohibido dependerá de si cometió ese acto en su capacidad oficial, de modo que la respuesta a la cuestión de la inmunidad será siempre e inevitablemente: Depende”, señaló Sotomayor.

Demora

Con su fallo, la Corte devolvió la causa contra Trump por el ataque al Congreso al tribunal de distrito para procedimientos adicionales que determinen qué actos de Trump incluidos en la demanda original del gobierno federal pueden ser juzgados, es decir, qué acciones gozan de inmunidad y cuáles no. En la realidad, la decisión del máximo tribunal implica que la causa se empantanará, y muy probablemente Trump no irá a juicio por el ataque al Congreso antes de las elecciones, si es que alguna vez llega a esa instancia. Si Trump resulta electo, una vez que regrese a la Casa Blanca puede nombrar a un nuevo Fiscal General al frente del Departamento de Justicia que retire la demanda en su contra, aniquilando la causa.

Trump calificó de “gran victoria” para la democracia el dictamen de la Corte Suprema sobre su inmunidad.

“GRAN VICTORIA PARA NUESTRA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA. ¡ORGULLOSO DE SER UN AMERICANO!”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

La campaña de Biden reaccionó con virulencia al fallo del máximo tribunal, al afirmar en una llamada con periodistas que Trump es una amenaza para la democracia, “quiere ser un dictador”, y el fallo pone sobre relieve todo lo que está en juego en la elección de noviembre.

“Le acaban de dar a Donald Trump las llaves para una dictadura”, dijo Quentin Fulks, subdirector de la campaña de Biden, en una llamada con periodistas. “Donald Trump quiere ser un dictador, quiere un poder sin control. Puso en la corte a jueces que arrebataron la libertad a los estadounidenses, y luego le dieron la libertad de hacer lo que quiera hoy”, agregó.

Consecuencias

El fallo de la Corte desató un amplio abanico de reacciones que fueron desde festejos de Trump y elogios de la derecha y de figuras del Partido Republicano hasta críticas durísimas de la izquierda, los demócratas, constitucionalistas y organizaciones de derechos civiles por el impacto de la decisión sobre la división de poderes, al punto de llegar a acusar a la Corte de transformar la presidencia en una monarquía.

“La Corte Suprema por primera vez en la historia coloca a los presidentes sustancialmente por encima de la ley”, dijo el director Legal Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en ingés), David Cole. “La opinión también es como un arma cargada de la que Trump puede abusar con fines criminales si es reelegido”.

Durante meses, Trump y sus abogados han argumentado en los tribunales que el magnate, virtual candidato presidencial del Partido Republicano, es inmune de cualquier delito por las decisiones que tomó durante su presidencia, en particular, su intento de revertir su derrota ante Biden en la elección presidencial de 2020. El argumento de Trump y sus abogados es que los presidentes norteamericanos gozan de una inmunidad total ante la ley, un razonamiento que, para muchos constitucionalistas, incluidos los tres jueces progresistas de la Corte, choca con uno de los valores fundacionales del país: nadie está por encima de la ley.

La discusión llegó hasta la Corte Suprema, que una vez más tuvo la última palabra y dio una respuesta que volvió a delinear los contornos de la presidencia, y a torcer el rumbo del país.

“Estamos escribiendo un fallo para la posteridad”, había dicho el juez Neil Gorsuch durante la audiencia en la cual se discutió la moción presentada por Trump ante el tribunal.

Esa audiencia había tocado algunas de las decisiones más polémicas que tomaron los presidentes norteamericanos en el último tiempo, incluso antes de Trump, o escándalos como Watergate. Los abogados de Trump mencionaron, por ejemplo, los ataques con drones ordenados por Barack Obama que mataron a un ciudadano norteamericano sospechado de terrorismo, Anwar al-Awlaki.

El fallo de la Corte fue la segunda decisión en un caso de alto voltaje política que involucra a Trump este año. Antes, la Corte había rechazado los intentos de varias demandas en distintos estados del país para excluir a Trump de las boletas en esta elección por su ofensiva contra la elección presidencial de 2020 con denuncias infundadas de un fraude masivo –llamada la “Gran Mentira” en Estados Unidos– y su papel en el ataque al Congreso. Ambos fallos le dieron a los jueces del máximo tribunal un papel directo e incómodo en las elecciones presidenciales de noviembre.