Corte rechaza solicitud de ministra Batres para ‘tomar medidas’ contra suspensión de labores en el Poder Judicial

En sesión privada, el Pleno de la Suprema Suprema Corte (SCJN) rechazó una solicitud de la ministra Lenia Batres que pidió “tomar medidas” contra la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) para evitar “lesionar el acceso a la justicia”. 

El pasado viernes 30 de agosto de 2024, la ministra Batres envió la propuesta mediante un oficio dirigido a la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En el documento pide que se someta a consideración del Pleno de la Suprema Corte “la emisión de un requerimiento dirigido al Consejo de la Judicatura Federal para que se expida un acuerdo general, así como todas las medidas necesarias para garantizar la función de jurisdicción en el ámbito federal”.

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“La defensa de los intereses económicos de los funcionarios de mando superior no justifica que se obligue a la generalidad de los trabajadores a parar sus labores poniendo en riesgo la confianza y credibilidad que la sociedad mexicana pueda depositar en el Poder Judicial”, añadió en su escrito.

La propuesta de Lenia Batres fue rechazada por mayoría de nueve votos en contra y solo dos a favor. 

Tras la resolución de la Suprema Corte, la ministra dijo que al Máximo Tribunal le despreocupa que más de 440 mil juicios federales que se encuentran en trámite queden suspendidos y solo se atiendan aquellos calificados como “urgentes” para las personas juzgadoras.

“Al pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro país y sólo se atiendan las “urgencias” (económicas) de las personas juzgadoras, a pesar de que somos servidores públicos, obligados a ver por los intereses generales antes que por los nuestros”, expresó en redes sociales.

Ministra Batres acusó a trabajadores de “usurpar” funciones

El documento fue enviado un día después de que trabajadoras y trabajadores de la Suprema Corte se manifestaran contra la reforma judicial cerrando las puertas del recinto judicial, donde solo permitieron el acceso de las y los ministros y recibieron a Batres con consignas en su contra. 

Por ello, en su escrito la ministra Batres advirtió que la única organización que ha “reivindicado” el paro es una asociación civil, a la que acusó de no tener personalidad jurídica para promover un paro laboral y de “usurpar” funciones del CJF. 

“Ante la paralización de actividades y toda vez que la única determinación formal sobre el tema ha sido tomada por una asociación civil, debe tomarse en cuenta que una A.C. por más que sea integrada por personas juzgadoras, no tiene el alcance de emitir declaratorias formales de suspensión de labores y establecer medidas que afecten directamente el ejercicio de los derechos de terceros”, señaló. 

“La emisión de acuerdos sobre la actuación de los tribunales es responsabilidad del Consejo de la Judicatura Federal por lo que una persona moral de derecho privado puede encontrarse usurpando funciones del órgano que constitucionalmente se encuentra encargado de la administración y disciplina del Poder Judicial”, señaló la ministra Batres en su petición. 

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Horas después de que la Corte rechazara la solicitud de Batres, en sesión privada, trabajadoras y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobaron suspender de manera indefinida las actividades dentro del Máximo Tribunal del país para manifestarse en contra de la reforma judicial del presidente López Obrador. 

Los resultados se enviarán al Pleno de la Suprema Corte que deberá emitir un resolutivo final sobre las actividades dentro del recinto judicial.

Ante los resultados, Lenia Batres dijo que, fuera de dos acciones de inconstitucionalidad, a los ministros y ministras no se les ha informado ningún “nuevo punto” respecto al orden del día del Pleno del martes 3 de septiembre, sin embargo, a la prensa sí.

Asimismo, señaló que insistirá en que la Suprema Corte no tiene facultades para suspender sus obligaciones jurisdiccionales. “Más bien está obligada a velar por que el resto del Poder Judicial las cumpla”, aseveró.