Corte Constitucional de Ecuador suspende efecto de ley que enfrenta al gobierno y la Asamblea

QUITO (AP) — La Corte Constitucional de Ecuador suspendió temporalmente el viernes la aplicación de una ley que el gobierno de Daniel Noboa defiende como necesaria para el combate de lavado de activos y que enfrenta al Ejecutivo y al Legislativo.

La ley recaudatoria para el combate al lavado de activos había sido enviada a la Asamblea Nacional por el Ejecutivo con carácter de urgente. Para ser aprobada, se requería la aprobación mayoritaria del pleno de la Asamblea Nacional, sin embargo en la votación, los legisladores la rechazaron y archivaron en primer debate.

A pesar de ello, el presidente Noboa desafió a la Asamblea —de mayoría opositora— y en un acto tachado de ilegal e inconstitucional por varios expertos, ordenó su publicación en el Registro Oficial, argumentando que “una ley económica urgente jamás se archiva en primer debate” y que requería al menos dos discusiones.

La ley ecuatoriana establece que, si el ejecutivo presenta una iniciativa urgente, la medida podría entrar en vigor en un plazo de 30 días siempre que la Asamblea no se pronuncie al respecto. Pero, en este caso, el legislativo sí se expresó en contra del proyecto de ley y, por lo tanto, el Ejecutivo debía respetar la decisión.

Tras la acción del gobernante, la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz —del partido del expresidente Rafael Correa—, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida a trámite este viernes, informó el organismo, a la vez que ordenó la suspensión temporal de su ejecución hasta que sea analizada.

“Sin que se trate de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la sala consideró que existen elementos de gravedad, verosimilitud, e inminencia para otorgar la medida cautelar”, indicó la Corte en un comunicado.

Será este máximo tribunal el que dirima la pugna entre las dos funciones del Estado.

La ley de combate al lavado de activos establece un incremento del 1% al 5% al impuesto sobre la venta de vehículos usados y amplía las capacidades de la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, a la que faculta para determinar los montos de multas por incumplimiento de obligaciones tributarias, ejercer acciones coactivas y solicitar a la autoridad judicial medidas cautelares y congelamientos de fondos en operaciones sospechosas, entre otras.

Esta ley también plantea que los clubes deportivos o equipos profesionales adopten la forma jurídica de Sociedades Anónimas, lo que, según el Ejecutivo, permite mayores controles estatales.