Corte de apelaciones dice que Arizona debe publicar lista de votantes con ciudadanía no verificada

PHOENIX (AP) — La Corte de Apelaciones de Arizona confirmó el lunes una decisión de un tribunal de menor instancia que requería que la secretaría de gobierno difundiera una lista de decenas de miles de votantes que fueron clasificados erróneamente como elegibles para votar en todas las contiendas de Arizona debido a un error de codificación.

El tribunal rechazó una apelación de la secretaría de gobierno, encabezada por Adrian Fontes, que buscaba revertir la orden del tribunal de menor instancia o al menos suspenderla. Un grupo había interpuesto una demanda para verificar si las personas incluidas en la lista tenían derecho a votar.

Arizona es el único estado que exige a los votantes que demuestren su ciudadanía para participar en las elecciones locales y estatales. Los que no lo han demostrado, pero han jurado que sí son ciudadanos estadounidenses bajo pena de ley, sólo pueden participar en las elecciones federales.

La clasificación errónea de votantes de sólo federales a votantes de boleta completa fue atribuida a un fallo en las bases de datos estatales que involucran licencias de conducir y la División de Vehículos Motorizados de Arizona.

Se espera que varias contiendas reñidas en ese estado sean decididas por márgenes muy estrechos. Aunque el lote de aproximadamente 218.000 votantes potencialmente afectados no impactará el resultado de las contiendas federales, podrían influir en las contiendas estatales y locales reñidas.

La secretaría de gobierno inicialmente negó una solicitud de registros públicos para la lista de votantes que fue presentada por America First Legal, un grupo dirigido por Stephen Miller, un exasesor del expresidente Donald Trump. La secretaría de gobierno citó preocupaciones sobre la precisión de la lista y la seguridad de los votantes incluidos.

El juez Scott Blaney, de la Corte Superior del condado de Maricopa, dictaminó la semana pasada que el tribunal no recibió ninguna evidencia creíble que mostrara que la información sería mal utilizada o fomentaría la violencia o el acoso contra los votantes cuya ciudadanía no ha sido verificada.

Blaney estableció un plazo hasta el lunes para que la oficina de Fontes liberara una lista de 98.000 votantes e información en la que Fontes se basó al anunciar a principios de octubre que aún más votantes habían sido afectados, para un total de 218.000.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.