Corrupción: Reclaman al FMI que tenga en cuenta el "estado de impunidad" en Argentina

Damián Nabot
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El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se interpone como un obstáculo ante la economía electoral presentada el viernes por Cristina Kirchner con la vieja receta de subsidios, tarifas postergadas y equilibrio fiscal desatendido. Es difícil explicar ante el Fondo la intención de tirar por la borda las líneas que había trazado el propio Gobierno para equilibrar la economía por las necesidades electorales. Un documento que llegó hoy a las casillas de correo del Fondo, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, puede sumar una nueva y pesada indisposición en los planes oficialistas. Se trata de un informe de 75 páginas de la agrupación Será Justicia que advierte a las autoridades del FMI los movimientos de Cristina Kirchner para obturar las investigaciones por corrupción desde que alcanzó la vicepresidencia gracias a la entronización de Alberto Fernández como presidente designado.

Dos años atrás, el FMI dio un giro en su política interna y aprobó el Framework for Enhanced Engagement on Governance, un marco regulatorio que lo impulsa a tomar en cuenta las situaciones institucionales de los países, más allá de las variables económicas tradicionales que solía observar el organismo.

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La presentación que desde hoy espera en los correos electrónicos de las autoridades es una extensa recopilación de los tozudos avances de Cristina Kirchner sobre los tribunales federales, los intentos por desplazar al jefe de los fiscales y las arremetidas contra la Corte Suprema, que busca demostrar que desde el poder gubernamental se intenta instalar un "estado de impunidad" que anule las investigaciones por corrupción. Una apelación a que mire la situación argentina también con el prisma institucional. Y pronostica que la destrucción de la división de poderes afecta la macroeconomía argentina, con la retracción de la inversión y el riesgo de que los recursos se pierdan una vez más en el pozo oscuro de los sobornos.

Desde la gestión de Christine Lagarde, el FMI profundizó su atención en los indicadores sociales de los países, como le gusta recordar a Alberto Fernández, pero también endureció sus criterios internos para observar el "rule of law", el grado en que la ley impera con independencia del poder político, una cuestión más incómoda para la doctrina de "hice lo que me pediste".

Una copia de la presentación de Será Justicia fue remitida también al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. "Nos dirigimos a usted con el fin de poner en su conocimiento el informe sobre el Debilitamiento Institucional de la República Argentina, que fuera elevado en el día de la fecha a la directora del Fondo Monetario Internaciones, Kristalina Giorgeva", encabeza la carta.

"En vistas de la magnitud del daño institucional que informamos, sus costos macroeconómicos no pueden soslayarse al evaluar la performance de nuestro país, más allá de los efectos directos de las políticas monetarias y fiscales" avanza el texto y advierte sobre la posibilidad de "implicancias económicas y humanas significativas, de largo alcance, que obturarán el cumplimiento de cualquier acuerdo al que se pueda arribar en el marco de la renegociación de su deuda".

Sonrisas arriba del escenario y disputas abajo

La presentación abre con una cita del exsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan: "La corrupción perjudica desproporcionadamente a los pobres al desviar fondos destinados al desarrollo". Y enseguida despliega los pasos del "plan para apoderase de la Justicia y de los controles institucionales del país, a fin de conquistar la impunidad frente a los diversos casos que la involucran" a Cristina Kirchner.

El argumento que expresa el documento es que existe una "ofensiva integral" para "desarticular las causas penales" que afectan a la vicepresidenta. Y con un sesgo intencionalmente economicista para los oídos de los integrantes del FMI, advierte que el dineral perdido en los sobornos que desnudaron las investigaciones judiciales "representan varios puntos del PBI" y "constituyen un claro obstáculo a cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo sustentable". En esencia, una alegación que carga sobre la ayuda económica la responsabilidad de financiar la corrupción.

Los detalles del informe

El informe repasa después los intentos por desplazar a Eduardo Casal, el jefe interino de los fiscales, el objetivo de tomar el jury que puede sancionar a los fiscales, la desarticulación de los organismos de investigación y control que querellan en muchas de las causas penales de corrupción -como la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF)- y el control político de la Agencia Federal de Inteligencia. También apunta a la designación de funcionarios con causas penales pendientes, como el caso del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, o del viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

"Con el afán de derrumbar el caso más emblemático de corrupción del que hayamos tenido memoria los argentinos, la denominada causa de los Cuadernos, se promovió la inconstitucionalidad de la ley de los arrepentidos, planteo que fue recientemente desestimado por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal. A través de dicho planteo, se intentó desbaratar el andamiaje probatorio de dicho proceso penal y, al mismo tiempo, se pretende lograr la nulidad de la investigación del "Pacto con Irán" que involucra a varios funcionarios del propio Gobierno", apunta específicamente. Irán es una mención significativa para los radares de un organismo internacional donde Estados Unidos tiene una incidencia determinante.

Los autores traen a la memoria los propios documentos de la OCDE que habían reconocido la "falta de neutralidad de la Procuración General que generan, como mínimo, una percepción de falta de independencia fiscal". Se trata de una cita del Reporte de Evaluación de la Convención Antisoborno de la OCDE, de 2017, que aludía a la gestión de Alejandra Gils Carbó en la jefatura de los fiscales. Un regreso al pasado como presagio del futuro.

"Creemos que es una oportunidad en la renegociación con el FMI, que se impongan condicionamiento para que en Argentina se deje de vapulear a las instituciones de la República, a sus autoridades, a la justicia y al Ministerio Publico Fiscal, a los Organismos de Control y empiece a dictar sentencia en los casos de gravísima corrupción en trámite", dice María Eugenia Talerico, vicepresidenta de Será Justicia y exnúmero dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri.

El documento arremete después con un repaso de cada una de las causas por corrupción en poder de la Justicia, desde Hotesur a Vialidad, desde los cuadernos de las coimas hasta los casos de enriquecimientos ilícitos del entorno de la familia Kirchner, y la enumeración de las pruebas de sobornos y lavado de dinero que acumularon los tribunales, pese a las postergaciones y la falta de condenas firmes.

Tras la exhibición de casos, el informe puntualiza las jugadas de Cristina Kirchner para extender su incidencia en la Justicia federal, como el desplazamiento de los jueces que intervinieron en las investigaciones los casos de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, la designación de magistrados afines, como Roberto Boico y Alejo Ramos Padilla, y la búsqueda de caminos para desplazar a Eduardo Casal de la Procuración. También repasa la forma como la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en casos que involucran directamente a Cristina Kirchner, la divulgación de los nombres de decenas de agentes de la AFI, la centralidad del Senado en la arremetida contra la Procuración o el debilitamiento en la cooperación internacional en materia de lucha contra la corrupción. Luego avanza en la tarea de contabilizar el costo de la corrupción a partir de los casos acumulados en la Justicia federal y concluye que involucraron "daños por 6.300 millones de dólares (14,3% de la deuda al FMI)".