Corrupción y falta de transparencia: enormes riesgos en las obras hidráulicas

La presente administración, así como las anteriores, han tenido frente a sí el enorme reto de atender los problemas del agua, que asumen a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El pasado 8 de septiembre se presentó el Paquete Económico 2024, el último proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador, del cual se puede observar que el presupuesto proyectado para la Conagua tuvo un incremento de 207 % respecto del inicio de su administración (2019). En buena medida este incremento se explica por la programación de obras públicas de gran relevancia.

Entre las obras más importantes de esta administración destacan el “Proyecto Baluarte-Presidio”, en Sinaloa, donde se invertirán, tan sólo este año, ¹ 13,350 millones de pesos (mdp) para mejorar el servicio de agua potable, impulsar el desarrollo agrícola y producir energía eléctrica. En Durango se invertirán 8,600 mdp en el proyecto “Agua Saludable para la Laguna”, para abastecer de agua potable a los municipios de Lerdo y Gómez Palacio.

Sonora, por su parte, en 2023 recibirá una inversión de 8,292 mdp para dos obras que permitirán suministrar agua potable al Pueblo Yaqui. Así como estas, la lista de obras hidráulicas desarrolladas por la Conagua en este sexenio para garantizar el derecho humano al agua es amplia, lo cual es de celebrarse. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de obras trae aparejado una serie de complicaciones que debemos tener presentes.

Por un lado, encontramos los riesgos de corrupción en distintas etapas del desarrollo de la obra. En la planeación, por ejemplo, ante la falta de perfiles especializados dentro de la Conagua y dado los conocimientos que se requieren para elaborar los proyectos técnicos y perfiles económicos, muchas veces los servidores públicos recurren a posibles proveedores para desarrollar las bases de una licitación. El contacto entre servidores públicos y proveedores, previo a la adjudicación de la obra, incrementa los riesgos de corrupción, como el ofrecimiento de un soborno al servidor público con el que se ha tenido contacto para asegurar la asignación de la obra. Recordemos además que este tipo de obras implican una suma de recursos considerable, por lo que el incentivo a sobornar para asegurar la adjudicación crece.

En la ejecución, las obras hidráulicas enfrentan otro tipo de complicaciones que generan retrasos y sobrecostos. Desde ejidatarios o propietarios de las tierras que salen a detener la obra porque no se indemnizó correctamente, hasta el cobro del derecho de piso, acaparamiento y definición del precio del material de construcción por parte de la delincuencia organizada.

Por otro lado, en la etapa de la entrega y puesta en marcha, tras haber recibido un soborno de los proveedores, los servidores públicos firman la recepción de obras inconclusas, con funcionamiento parcial o con errores en su operación. Esto genera, en cierta medida, un sin número de elefantes blancos que solo sirvieron para la foto de apertura (más del 25 % de las plantas potabilizadoras en el país no están en operación y un porcentaje similar de plantas de tratamiento de descarga de aguas residuales no funcionan).

Todos estos riesgos alrededor de las obras hidráulicas hacen necesario el escrutinio ciudadano, particularmente para evitar actos de corrupción. No obstante, este escrutinio no es posible cuando la opacidad es una constante en la Conagua. Hoy en día, la transparencia de esta dependencia se limita a listar las principales obras y el presupuesto asignado. Esta información no es suficiente para saber si hubo conflicto de interés en la asignación de una obra, si se generaron sobrecostos, si la obra funciona adecuadamente, entre otros factores.

Además de lo anterior, cuando se habla de obras hidráulicas, el monitoreo ciudadano enfrenta un reto adicional, que es hacer accesible información sumamente técnica. Incluso, los Órganos Internos de Control y la Auditoría Superior de la Federación deben estar lo suficientemente preparados para realizar una adecuada fiscalización y auditoría de este tipo de obras.

En conclusión, se requiere que el Estado implemente acciones que permitan consultar y analizar la información de asignación y ejecución del gasto con un lenguaje simple, en una versión amigable, que permitirá el monitoreo ciudadano a través de la vigilancia en la comprobación del gasto y al avance de la obra.

Si las obras hidráulicas tienen un fin tan noble como es el dotar del servicio a la población, atendiendo al derecho humano al agua, por qué no hacerlo de forma transparente, aludiendo a su objeto.

* Ana Lilia Ruiz (@RufloAna) es Investigadora en Ethos Innovación en Políticas Públicas (@EthosInnovacion).

¹ Generalmente las obras hidráulicas son multianuales.