Convocan a una “contramarcha” en defensa de la Corte Suprema, dos días después de la movilización oficialista

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Los jueces del máximo tribunal de justicia mantienen la posición de no hacer declaraciones al públicas
Los jueces del máximo tribunal de justicia mantienen la posición de no hacer declaraciones al públicas

La marcha en contra de los jueces de la Corte Suprema de Justicia prevista para el 1° de febrero continúa ganando adeptos del ala sindical más cercana al kirchnerismo. Como respuesta, un grupo de más de 120 profesores y abogados de todo el país, que mostró su preocupación mediante un comunicado ante la “embestida institucional” del Gobierno contra el Poder Judicial, convocó a una contramarcha dos días después.

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La propuesta fue liderada por el abogado y docente de derecho constitucional, Diego Hernán Armesto, quien explicó a LA NACION que la marcha nació para “defender la institución de la Corte Suprema, la República y la Constitución Nacional”. “Consideramos que existe un pronunciamiento muy claro del Poder Ejecutivo y actores de la política cercanos al poder que intentan socavar los poderes instituidos de la República”, soslayó.

Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, señaló que esta marcha “genera un impacto gravísimo en la sociedad. Gran parte de la sociedad repudia este tipo de maniobras”. Explicó que “cuando se ataca tan vehementemente al Poder Judicial, se está sembrando la duda en la población acerca de si los jueces son independientes o no”. Sostuvo que el acto “debería ser repudiado y no apoyado por Alberto Fernández y el ministro de Justicia, Martín Soria”.

Según reconstruyó LA NACION a partir de fuentes cercanas al máximo tribunal, los jueces de la Corte no ven con buenos ojos la convocatoria para la contramarcha en su apoyo. En las últimas semanas, frente a los embates del Gobierno, la decisión de los jueces fue no responder con declaraciones públicas ni mostrar una postura contraria.

Por su parte, la oposición aún no definió si participará de la marcha. Al ser consultados por LA NACION, los principales referentes de Juntos por el Cambio no se expidieron al respecto. En este sentido, los organizadores del acto aclararon que la iniciativa proviene de un grupo de profesores de Derecho y que “todos pueden participar”.

Para Aura Marina Flores, fundadora de Equipo Republicano, una organización que reclama la independencia judicial, opina que la marcha representa una “gravedad institucional extrema” y que se trata de un “golpe de Estado”. Expuso que la organización apoya la contramarcha porque “desde el nombramiento del ministro de Justicia Martín Soria se busca la impunidad a través de un reclamo de reforma judicial”.

“No es para defender a la Corte sino para defender la independencia del Poder Judicial”, argumentó el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Manuel García Mansilla. Considera que la presión del poder político para que renuncien los jueces es “subvertir el orden institucional” y que eso es “equiparable a un golpe de Estado”. Por último, manifestó: “Esto no es una monarquía, es una República”.

En la misma línea, Jimena de la Torre, presidente de Bases Republicanas, una asociación civil “enfocada en fortalecer la República”, advirtió que “así arrancaron en Venezuela. Tomaron la Corte, crearon una nueva - adepta - y no pudieron volver atrás”. Señaló que su grupo de abogados en acción se enfrentó a las distintas amenazas del Gobierno hacia la Justicia, lo que calificó como un “plan de impunidad”. “Contra el procurador Casal, la remoción de Bruglia y Bertuzzi, la reforma del Ministerio Público Fiscal, nosotros estuvimos. Ahora les toca el turno al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y a la Corte Suprema, y no podemos permitirlo”.

La marcha para “Echar a la Corte” del 1° de febrero continua tomando forma. Luis D´Elia gestiona un encuentro el viernes próximo con otros sindicalistas para sumarlos a la marcha. Participarán de la captación de aliados el secretario general de la CTA y diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky y el secretario general del gremio estatal de ATE, Hugo Godoy.

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Por su parte Hugo y Pablo Moyano manifestaron públicamente su adhesión al encuentro “por una cuestión de dignidad” hacia la organización sindical de Camioneros. Su par en la CGT, Carlos Acuña se desvinculó de la convocatoria oficialista asegurando que no se habían llevado a cabo reuniones para tratar el tema.

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