¿Constitucional o no? Zaffaroni y Cornejo debatirán sobre la prisión perpetua ante la Corte de Mendoza

Pablo Mannino
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MENDOZA- Garantismo versus mano dura. Ambas posturas se pondrán sobre la mesa en tierra cuyana donde se determinará si la prisión perpetua es constitucional o no, lo que sentará jurisprudencia en todo el país. Por tal motivo, la Suprema Corte de la provincia convocó a una audiencia pública este jueves y viernes para escuchar opiniones, antes de tomar una decisión.

Así, entre los principales expositores, de una lista de 108, aparecen dos figuras de peso, con ambas posturas bien marcadas: el reconocido jurista defensor de los derechos humanos Raúl Zaffaroni , exministro del máximo tribunal de la Nación; y Alfredo Cornejo , presidente de la UCR y actual diputado nacional, con una clara posición en defensa de las víctimas de los delitos violentos. También dará su parecer la reconocida filósofa argentina Diana Cohen Agrest, quien sufrió el asesinato de un hijo en un asalto en 2011.

La polémica discusión, que deberá ser resuelta por los supremos, la abrió hace un año un juez provincial que declaró inconstitucional la máxima condena dispuesta en agosto del 2019 por un jurado popular contra los autores de un crimen narco. Para el magistrado Eduardo Martearena, basándose en tratados internacionales, la pena no podía superar los 25 años de prisión, ya que se debe buscar la resociabilización de un interno.

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De acuerdo con la normativa penal vigente en la Argentina, una persona condenada a prisión perpetua, recién cumplidos los 35 años de cárcel, puede solicitar la libertad condicional, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en el artículo 13 del Código Penal. Y en este punto entran en juego también las valoraciones sobre los plazos de encierro y las posibilidades reales de resociabilización.

En la lista de oradores aparece este duelo de voces, donde quedará en evidencia que se ubican en las antípodas de pensamiento. De hecho, Cornejo ya se ha manifestado en varias oportunidades contra las valoraciones jurídicas realizadas por Zaffaroni o por el ministro de la Corte local, Omar Palermo, vinculado a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Por tal motivo, el ala peronista del máximo órgano de Justicia local considera que Cornejo buscará aprovechar la oportunidad para mostrar su rigidez contra quienes delinquen y movilizar a la ciudadanía que reclama mayor seguridad. Es más, la preocupación radica en los más de 200 presos que han sido condenados a prisión perpetua en Mendoza y que podrían solicitar la revisión de la sentencia.

La audiencia fue convocada por la Sala II de la Corte mendocina, pero participará el pleno del órgano, que luego de esa instancia se reunirá para tomar una decisión final, que, según fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, podría inclinarse por considerar que la prisión perpetua es constitucional, ya que pondría en valor la gravedad del delito y la posibilidad que ya tiene un condenado de pedir beneficios al cumplir 35 años de pena.

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Por la gran cantidad de inscriptos, la Justicia decidió dividir a los expositores por grupos. El primero lo hará este jueves, de 9 a 14; el segundo, de 15 a 21; y el último grupo el viernes desde las 9. Para poder presenciar la disertación, que se hará por la plataforma zoom, los interesados podrán seguirla en vivo y en directo a través del canal oficial del Poder Judicial en YouTube: SijumTV. Cada expositor tendrá hasta 7 minutos para dar su parecer. En la primera instancia estará Cohen Agrest, mientras que Zaffaroni y Cornejo lo harán el viernes.

La controversial decisión del magistrado Martearena, al rechazar de plano la pena máxima prevista en el Código Penal, ocurrió luego de que un jurado popular declarara la culpabilidad de los acusados por un crimen narco, conocido como "la valija fúnebre", a quienes les correspondía ser sentenciados al menos a 35 años de cárcel. Sin embargo, una vez que el cuerpo de 12 ciudadanos le acercó al magistrado la decisión, en lugar de aplicar la dura pena establecida para estos casos, sorprendió con el planteo de inconstitucionalidad, amparándose en tratados internacionales, que hacen hincapié en la resocialización de los internos y en la recomendación de menos años de encierro, entre otros argumentos. De hecho, para este caso puntual, el magistrado prevé una pena límite, que no supera los 25 años de cárcel.