COMODORO RIVADAVIA.– La historia de Ricardo La Regina hijo, el hombre que irá a juicio acusado de masacrar a una colonia de pingüinos en un campo ubicado dentro del área protegida de Punta Tombo al trazar un camino con una topadora, esconde una paradoja y una disputa familiar. El apellido La Regina, que estuvo vinculado a una historia ejemplar en materia de conservación de la fauna en la costa de Chubut, ahora quedó involucrado en un ecocidio en un santuario de preservación de aves, reconocido además por la Unesco.

De bajo perfil y designado administrador del campo, Ricardo Adolfo La Regina es descendiente de una familia de histórica presencia en la zona del valle de Chubut. La llamada masacre de pingüinos que ocurrió en el campo La Perla en 2021 tiene detrás el arraigo de los inmigrantes y los pioneros patagónicos.

Luigi La Regina (1867-1972) nació en Italia y en 1880 llegó a la Argentina. Tuvo una hija, Perla, y dos hijos, Francisco y Luis Emilio. En 1948 se mudó con su familia a lo que hoy es la estancia La Perla, que compró en 1926. En 1968 propuso donar las tierras que hoy conforman el área protegida de Punta Tombo.

Según los registros, el 10 de septiembre de 2007, don Luis Emilio La Regina –hijo menor de Luigi– firmó finalmente con el gobierno de la provincia de Chubut la escritura para la donación de 12 hectáreas de La Perla, para ser destinadas a la reserva natural de Punta Tombo, la colonia de pingüinos de Magallanes más grande del mundo a nivel continental.

Su actitud fue siempre la de preservar el hábitat y toda su vida fue consciente del valor, imposible de cuantificar en dinero, que tenían esas costas a las que todos los años llegan cientos de miles de pingüinos de Magallanes a procrear y criar a sus pichones en los nidos que construyen en cuevas bajo la tierra.

Pero cuando don Luis Emilio murió, el trámite de sucesión repartió todas sus propiedades entre sus dos hijos, Alberto y Ricardo. En el caso de La Perla, el campo quedó dividido en dos partes. Fue allí, en medio de estos dos establecimientos rurales, donde originó el desastre ambiental que ahora enfrenta una acusación de ecocidio y próximamente irá a juicio.

Uno de los hermanos, Ricardo, fue declarado “insano” por la Justicia, por lo que su hijo –también llamado Ricardo, nieto de Luis Emilio y bisnieto de Luigi, hoy de 37 años– resultó designado como curador. Esto significa que, estando el padre incapacitado para tomar decisiones, es el hijo quien administra los bienes, con la exigencia legal de ir informando sobre cada paso que toma al juez que entiende en el expediente.

Hace algunos años, como administrador de los bienes, Ricardo hijo hizo una transacción comercial con un grupo empresario de Trelew que conducen los dueños de medios periodísticos y de emprendimientos ganaderos en la zona, Héctor y Orlando Fernándes. Estos empresarios, con el objetivo de hacer una inversión turística cerca de la zona de pingüinos, compraron una parte de La Perla.

Con parte del dinero de esa operación, en 2021 Ricardo hijo junto a su abogado informaron a la Justicia sobre la compra de una máquina retroexcavadora New Holland modelo B90b, por la que dicen haber pagado la suma de US$73.000. Según consta en el expediente, este dinero surgió de la venta de un lote ubicado en cercanías de Tombo a la familia Fernándes, por un valor de US$750.000, con el que además se compró una chacra en Trelew y una camioneta Toyota.

Para la fiscalía, esto constituye evidencia a presentar en el juicio, porque se trata de la máquina que protagonizó el desastre ambiental al pasar por encima de los nidos de pingüinos en etapa reproductiva, entre agosto y noviembre de 2021.

También existe una entrevista periodística dada por Ricardo en la que admite haber realizado la obra del camino y el alambrado, aunque cita el hecho en el mes de julio, época en la que no había pingüinos, y con autorización de las autoridades. Su objetivo era poner un alambrado para delimitar el campo, y dedicarse a la cría y pastura de ganado vacuno.

En esa nota, minimiza el daño causado a los nidos. Afirma que el alambre electrificado está a una altura que no afecta a los pingüinos adultos y que no se pudieron encontrar pichones muertos, ya que es todo mentira a partir de alguien que tiene un interés político detrás.

Historia modelo que devino en acusación

Todo ocurrió dentro de los límites del establecimiento que se sigue llamando La Perla, cuya mitad es propiedad de Alberto La Regina. La actitud de este propietario siempre ha sido descripta como “un ejemplo” por biólogos y guardafaunas, y lo destacan como uno de los lugares más “prístinos” y vírgenes para mantener el hábitat natural.

Todos los consultados, que van hace años a la reserva de Punta Tombo, aseguran que la conducta de Alberto es un ejemplo de convivencia con la fauna autóctona, ya que jamás agredió el ambiente, y siempre ha colaborado con los investigadores, como ocurre con la mayoría de los propietarios de campos de las costas chubutenses.

Precisamente, uno de los hijos de Alberto recorría el campo en cuatriciclo, cuando el martes 23 de noviembre de 2021 divisó con gran asombro la aparición inesperada y abrupta de un alambrado que dividía su terreno del campo lindero, propiedad de la familia de su tío Ricardo y administrado por su primo, Ricardo hijo.

Al observar las huellas de la máquina, las varillas recién pintadas, la tierra recién removida y el alambre electrificado, inmediatamente dio aviso a su padre, quien hizo dos llamadas urgentes: una, a las autoridades de Turismo y Áreas Protegidas del gobierno; la otra, al conservacionista y experto en pingüinos Pablo García Borboroglu, a quien conoce desde hace años justamente por su permanente trabajo de investigación y preservación de estos animales.

Se trata de un científico con una trayectoria intachable y reconocida internacionalmente desde hace más de tres décadas, que lo convirtieron en uno de los principales investigadores de esta especie animal. Incluso, creó la organización Global Penguin Society, que lleva adelante una campaña internacional para su estudio y conservación.

Este científico pudo llegar a la zona el viernes 26 de noviembre junto a su esposa, la también científica Laura Reyes. Ambos comenzaron a tomar un registro con fotos y videos, para luego trabajar en un informe que elevaron a Turismo, en el que hablan de un impacto estimado en la destrucción de un número mínimo de 146 nidos, tanto por aplastamiento y posterior compactación del terreno, como por el depósito de material extraído con la pala sobre nidos linderos al camino.

Hicieron una estimación de un total de 292 pichones muertos y/o huevos destruidos, sin poder calcular aún el número de adultos que pudieran haber resultado aplastados por las máquinas dentro de sus nidos. Esta es la primera prueba documental de la acusación de la fiscalía, que en aquel entonces ordenó un allanamiento inmediato en la zona.

Si bien la sucesión del campo se había terminado hacía tiempo y los terrenos están claramente mensurados y delimitados, es probable que se genere una nueva causa –tanto en lo penal como en lo civil– por parte de Alberto La Regina contra su vecino porque entiende que el camino de la polémica lo hizo diez kilómetros dentro de su propiedad, motivo por el que considera que su campo fue usurpado y además fue dañado.

“Es falso”

Para el abogado defensor de La Regina, Federico Ruffa, “es falso que se hayan matado pingüinos” en el movimiento de suelos en el campo dentro de Punta Tombo y que “los trabajos se hayan realizado en la época” en la que esta especie visita las costas de Chubut. Pese a que reconoció la afectación de algunos nidos, sostuvo que “las imágenes satelitales muestran que los trabajos se realizaron en el mes de agosto”.

Ruffa agregó que la fiscalía “hace la acusación cabalgando sobre las ideas de la querella y, principalmente, de ONG, más que sobre lo que considera la fiscalía misma”. Y consideró: “Los hechos no indican que haya pingüinos muertos, aunque se habla de estimaciones. Un video viral mostró a dos pichones muertos, pero lo que no se pudo aún demostrar si esta situación respondió a algo propio de la especie”.

Ruffa enfatizó sobre la falta de sustento científico en demostrar una supuesta matanza masiva de ejemplares: “El movimiento de suelos fue en el marco de la división del campo definida por un agrimensor, a partir de lo cual se corrió el límite de un alambrado”.

Sobre el estudio de impacto ambiental en el lugar, respondió: “Le preguntamos al Ministerio de Ambiente cuántos se habían ejecutado en la provincia para apertura de caminos dentro de los campos, y la respuesta fue que ninguno. De hecho, hubo una traza que usaron durante años los científicos a los que siempre se les abrió las puertas del campo para realizar investigaciones”.

También afirmó: “Las causas que hay detrás de estos hechos son nobles y aspiran a generar conciencia. Pero esto no se resuelve mancillando a una persona como La Regina, que no dañó nada y actuó en pos de la conservación de su campo, respetando una especie con la que se criaron él y su familia”.