Congreso salvadoreño renueva y lleva a 28 meses el régimen de excepción para combatir las pandillas

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso de El Salvador aprobó el jueves una nueva prórroga del régimen de excepción, que suma ya 28 meses en vigor desde su aprobación en marzo de 2022, como parte de la estrategia de mano dura del presidente Nayib Bukele contra las pandillas.

El régimen de excepción se volvió a prolongar por 30 días en todo el territorio nacional desde el 10 de junio hasta el 9 de julio de 2024, con los votos de 57 de los 60 diputados del partido oficialista y sus aliados.

La única diputada del partido VAMOS votó en contra y los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se abstuvieron.

Al asumir su segundo mandato de cinco años como presidente de El Salvador el 1 de junio, ante miles de sus seguidores y ante invitados internacionales, Bukele afirmó “logramos curar el cáncer” de la violencia de las pandillas que por décadas mantuvieron aterrorizados a los salvadoreños.

El gobierno considera que es necesario mantener las medidas extraordinarias para continuar su estrategia de seguridad y movilización de fuerzas policiales y militares, una política que ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos que denuncian detenciones arbitrarias y muertes de presos bajo custodia del Estado.

El estado de excepción vigente desde hace casi dos años y medios suspendió derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Más de 80.500 personas han sido capturadas, según cifras del gobierno, aunque en su inmensa mayoría permanecen en prisión sin una sentencia judicial en contra. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a unos 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.

Las ONG Cristosal y Socorro Jurídico registran 3.500 denuncias de capturas arbitrarias a personas inocentes y 301 muertes de personas privadas de libertad bajo custodia del Estado.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia como integrante de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

En 2015, El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo y registró 6.656 homicidios, una tasa de 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.

En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos, 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va de año la policía registra 62 homicidios que incluyen la muerte de cuatro presuntos delincuentes también en supuestos enfrentamientos con la policía o la fuerza armada.