El Congreso de Guatemala desiste de juramentar a una magistrada constitucionalista

Agencia EFE
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Ciudad de Guatemala, 13 abr (EFE).- El Congreso de Guatemala desistió este martes de juramentar como magistrada del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad, a la abogada Gloria Porras, catalogada por expertos como una defensora de la lucha anticorrupción.

La decisión del Congreso, según su presidente, Allan Rodríguez, obedece a un recurso legal en contra de Porras, miembro de la Corte de Constitucionalidad durante los últimos diez años.

Rodríguez forma parte de la agrupación política Vamos, partido del presidente del país, Alejandro Giammattei, que con alianzas tiene mayoría en el Organismo Legislativo.

Porras no fue juramentada este martes al igual que otros dos abogados electos para los cargos. Los otros siete magistrados que conforman la nómina de 10 miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026 sí recibieron formalmente la designación en sus puestos por parte del Parlamento.

Porras fue la única magistrada de la Corte que se reunió la semana pasada con el enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zúñiga, quien visitó Guatemala como parte de una gira de trabajo en la que abordó la migración irregular y la corrupción.

Según expertos, Porras ha sido una defensora de la lucha anticorrupción en Guatemala desde el inicio de su primera magistratura en la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país, en 2011.

Porras aseguró a periodistas a la salida del Congreso que "sabía" que esto podía suceder porque "es claro que hay una confabulación para no dejarme tomar posesión".

BAJO LA LUPA DE ESTADOS UNIDOS

La designación de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha estado bajo la lupa de funcionarios de Estados Unidos este año y, además de acuerdo a analistas, es clave para la lucha anticorrupción en Guatemala.

La elección culminó en marzo pasado con el nombramiento de los 10 magistrados el período 2021-2026 del máximo tribunal del país, en una polémica designación que enfrentó al presidente de la nación, Alejandro Giammattei, con su vicepresidente, Guillermo Castillo.

De acuerdo a la ley guatemalteca, cinco entidades eligen cada una a dos magistrados, uno titular y uno suplente: el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial, el Congreso, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala (estatal).

En su momento, el vicepresidente Castillo calificó el proceso de elección por parte de Giammattei como "poco transparente".

Los magistrados electos para el período 2021-2026 son Leyla Lemus y Juan Samayoa, designados por el Organismo Ejecutivo; Roberto Molina y Wálter Jiménez, por el Organismo Judicial y Dina Ochoa y Luis Rosales, elegidos por el Congreso

Además, Gloria Porras y Rony López, elegidos por parte de la Universidad de San Carlos; y Néster Vásquez y Claudia Paniagua, nombrados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.

Porras, Vásquez y Paniagua, sin embargo, no fueron juramentados este martes como inicialmente estaba programado, todos por recursos judiciales aún por resolverse de acuerdo al Congreso.

PREOCUPACIÓN EXTRANJERA Y LOCAL

El embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, manifestó mediante sus canales de comunicación su "preocupación" por la "independencia de la Justicia y el Estado de Derecho" en el país tras lo acontecido en el Congreso.

De igual forma la bancada de oposición Semilla y otros diputados independientes como la legisladora Andrea Villagrán.

La organización no gubernamental Alianza por Reformas también exteriorizó su insatisfacción por "otra ilegalidad orquestada por el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y sus aliados", al negarse a juramentar a Porras, quien fue elegida "legítimamente".

Mientras tanto, la exfiscal Thelma Aldana, quien se encuentra con asilo político en Estados Unidos por su persecución en Guatemala, manifestó a través de sus redes sociales que Porras "tendría que salir al exilio porque corre riesgo" su vida ante la "alianza criminal" que en su opinión domina el país.

Aldana comandó una lucha anticorrupción que entre 2015 y 2018 desmanteló docenas de casos de corrupción vinculados a políticos, ministros y la élite empresarial guatemalteca.

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