Tras la confesión de un narco, descubren una red de espionaje ilegal sobre políticos, empresarios, sindicalistas y sacerdotes

Gabriel Di Nicola

La confesión de un supuesto capo narco que operaba en la zona de Almirante Brown y Esteban Echeverría habría puesto bajo la lupa de la Justicia una red de espionaje que hacía inteligencia ilegal sobre políticos, empresarios, jueces, sindicalistas y periodistas.

Uno de los integrantes de la supuesta red de espionaje ilegal es un abogado que trabaja en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Así se desprende una investigación que tramita el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. El magistrado ordenó el secreto de sumario. En el expediente, el Ministerio Público está representado por la fiscal Cecilia Incardona.

Las identidades de las supuestas víctimas de espionaje no fueron reveladas pero, según dijeron a LA NACION fuentes judiciales, en la lista hay expresidentes, diputados nacionales y provinciales, jueces, dirigentes de organizaciones sociales, empresarios, sindicalistas, intendentes y gobernadores, entre otros.

Como se dijo, la pista sobre la supuesta red de espionaje surgió a partir de la confesión de un sindicado capo narco, identificado por fuentes judiciales como Sergio Rodríguez, apodado Tomate o Verdura.

Tomate Rodríguez era buscado desde diciembre de 2018 y había conseguido, con una supuesta protección policial, eludir tres allanamientos. El 20 de febrero pasado, al sentirse cercado, decidió entregarse ante el juez Villena. En su declaración indagatoria confesó.

"Debido a la vasta prueba colectada en el expediente y con el objetivo de beneficiar su situación y la de su familia, Rodríguez resolvió confesar y aportar elementos que permitieron continuar con la investigación", sostuvo una fuente del caso.

Rodríguez, según las fuentes consultadas, sostuvo que para expandir su negocio narco se había puesto en contacto con un abogado de Lanús con relaciones con una barra brava. Describió cómo era el estudio del abogado y su fisonomía. Y afirmó que el letrado le aseguró que era agente de las AFI y que desde el organismo le podía dar cobertura.

"Rodríguez dijo que el abogado le prometió una credencial de la AFI para que pudiera moverse en libertad. Pero, a cambio, le pidió que lleve un paquete a un edificio de la avenida Callao, cerca del Congreso de la Nación. También le preguntó si estaba en condiciones de matar a alguien por encargo", explicó un informante.

El sindicado capo narco sostuvo que para dejar el paquete lo llevaron en un Peugeot 207 blanco. En el viaje advirtió que se trataba de una bomba, pero la persona que manejaba el vehículo le explicó que no podía explotar, que solo era para asustar a alguien. Él cumplió con su parte del trato.

Con la información aportada por Rodríguez, el juez Villena abrió una línea de investigación sobre el abogado, cuya identidad se mantiene en reserva. "Se logró determinar, en primer lugar, que efectivamente se trataba de un agente de la AFI; en segundo lugar se determinó que tenía un Peugeot 208 blanco (modelo similar 207 del que hizo referencia el narco) y que tenía contactos con barras bravas de clubes de fútbol. Ante estos serios indicios que corroboraban en parte los dichos del detenido, se ordenaron discretas tareas de seguimiento del letrado", afirmó una fuente del caso.

Por cuestiones que se desconocen, el abogado se enteró de la investigación e interpuso un hábeas corpus en un juzgado en lo criminal y correccional porteño. "Ante la urgencia y el riesgo serio e inminente de pérdida de prueba valiosa para la investigación se ordenó el allanamiento en los domicilios del agente de la AFI. Se pudo secuestrar su teléfono celular", agregaron las fuentes consultadas.

En el teléfono celular del abogado los investigadores habrían descubierto conversaciones donde se hablaba de tareas de espionaje interno y, además, se encontró un documento guardado como "sustoo.doc", que tenía una descripción del hecho del artefacto explosivo al que había hecho referencia Rodríguez.

A partir del secuestro del teléfono celular, el juez Villena y la fiscal Incardona ampliaron la investigación. "Se realizaron distintos procedimientos y allanamientos que aportaron pruebas de diversa importancia. Prueba que permite establecer una hipótesis inicial sobre la cual investigar una posible organización criminal, dentro del Estado nacional, dedicada a la realización de actos de espionaje interno, prohibidos por la ley. Que como posibles damnificados se encuentran decenas de personas y organizaciones: jueces, periodistas, miembros del culto católico, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y expresidentes de la Nación [sic]. Que la prueba aún no ha sido analizada en su totalidad, y que la causa se encuentra en secreto de sumario", dijo un detective al tanto de la investigación.