Las condenas del caso FIFA están en peligro por cuestionamientos sobre posible extralimitación de EE. UU.

Casi una década después de la madrugada en la que agentes de policía sacaran arrestados a ejecutivos del fútbol mundial de un hotel de lujo en Zúrich, revelando un escándalo de corrupción que sacudió al deporte más popular del mundo, el caso corre el riesgo de desmoronarse.
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El giro dramático surge debido a preguntas sobre si los fiscales estadounidenses se extralimitaron al aplicar la ley estadounidense a un grupo de personas, muchas de ellas extranjeras, que estafaron a organizaciones extranjeras mientras ejecutaban planes de soborno en todo el mundo.
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El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó una ley que era clave para el caso. Luego, en septiembre, una jueza federal, citando eso, desestimó las condenas de dos acusados vinculados con la corrupción en el fútbol. Ahora, varios exdirigentes del fútbol, incluidos algunos que pagaron millones de dólares en multas y cumplieron condenas en prisión, argumentan que los planes de soborno por los que fueron condenados ya no se consideran un delito en Estados Unidos.
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Envalentonados por las condenas anuladas, están pidiendo que sus antecedentes penales sean borrados y se les devuelva el dinero.
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Sus esperanzas están vinculadas a los casos de septiembre, en los que los dos acusados se beneficiaron de dos fallos recientes de la Corte Suprema que rechazaron la aplicación de la ley en juego por parte de los fiscales federales en los casos de fútbol y ofrecieron una orientación inusual sobre lo que debe considerarse fraude de servicios honestos. Se había descubierto que los acusados en el juicio del fútbol habían participado en sobornos que privaron a organizaciones fuera de Estados Unidos de los servicios honestos de sus empleados, lo que constituía fraude en ese momento. Pero la jueza dictaminó que las nuevas directrices del tribunal significaban que esas acciones ya no estaban prohibidas por la ley estadounidense.
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Ese golpe al caso, que los fiscales federales de Brooklyn, Nueva York, están impugnando, podría convertir la historia de la corrupción profundamente arraigada en el fútbol mundial —detallada en una acusación formal de 236 páginas y demostrada a través de 31 declaraciones de culpabilidad y cuatro condenas en juicio— en otra igual de relevante sobre el largo brazo de la justicia estadounidense extralimitándose.
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“Es bastante significativo”, dijo Daniel Richman, exfiscal federal y profesor de derecho en la Universidad de Columbia, “ya que la jueza rechazó la teoría básica del gobierno”. Calificó la opinión de “sorpresiva pero bien razonada”.
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Los abogados de la fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York se están preparando para contratacar. “Esta oficina defenderá enérgicamente las condenas”, dijo el jueves el portavoz John Marzulli, “y no se quedará de brazos cruzados si los malhechores intentan recuperar los millones de dólares de ganancias mal habidas”.
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En una presentación judicial de este mes, los fiscales argumentaron que la jueza federal que presidió los casos de la FIFA, Pamela Chen, había interpretado mal a la Corte Suprema. Los acusados extranjeros, afirmaron, tenían “vínculos y actividades sustanciales con Estados Unidos” y habían demostrado que sabían que lo que hacían era un delito.
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El debate legal se produce en medio de una creciente preocupación de que organizaciones deportivas globales como la FIFA, el órgano rector del fútbol mundial con sede en Suiza, operen en un mundo propio en el que sean intocables para las autoridades. La corrupción sistémica entre los principales líderes del fútbol mundial estaba ampliamente documentada, pero hasta que el Departamento de Justicia construyó su complejo caso y presentó acusaciones formales en 2015, ningún gobierno se había arriesgado a abordarla de manera tan ambiciosa, con acusaciones que abarcaron tres continentes.
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Una vez hecha pública, la investigación de la FIFA se convirtió en uno de los casos de corrupción transfronteriza más grandes en la historia de Estados Unidos. Requirió la cooperación de las autoridades en el extranjero, que ayudaron a realizar arrestos y a extraditar a los acusados a Estados Unidos, y reveló décadas de soborno, acusaciones de contratos secretos, entregas de efectivo e intimidación en los tribunales y la confirmación oficial de que millones de dólares en efectivo habían influido en los votos para adjudicar los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Catar.
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El caso fue una bendición para los abogados especializados en delitos ejecutivos y un tiro de advertencia para los deportes internacionales. Impulsó el perfil de los fiscales estadounidenses, quienes fueron elogiados por aplicar de forma creativa la ley estadounidense sobre el fraude electrónico en servicios honestos, que prohíbe a las personas traicionar a sus empleadores mediante la participación en planes de sobornos y comisiones ilícitas que canalizan dinero hacia sus propios bolsillos. La estrategia legal fue vista ampliamente como una forma novedosa de atacar el soborno comercial extranjero.
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Los cargos condujeron a una reestructuración del liderazgo de la FIFA e incluyó la destitución de su entonces presidente, Joseph Blatter. También convirtieron en celebridades a los actores clave del caso. Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos en ese momento, fue apodada “la Cazadora de FIFA” (“FIFA-Jägerin”), por los medios de comunicación alemanes.
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Este caso no fue en absoluto la primera vez que el Departamento de Justicia presentó cargos complicados con ángulos globales. Pero su magnitud y su enorme enfoque en otras partes del mundo generaron dudas sobre por qué los fiscales federales de Brooklyn habían decidido invertir años de recursos en la investigación. Como justificación, los fiscales señalaron el uso de bancos estadounidenses por parte de los acusados y, más ampliamente, la “afrenta a los principios internacionales” que, según palabras de Lynch, representaban sus planes.
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Ahora, mientras los fiscales estadounidenses se preparan para defender su trabajo ante un tribunal federal de apelaciones, la idea de que la ley estadounidense podría aplicarse cuando otros no pudieron o no quisieron actuar está en duda. Eso ha abierto la puerta a una posibilidad dramática: que destacados ejecutivos deportivos y empresarios que hayan sido procesados por solicitar o aceptar sobornos puedan lograr que se desestimen sus convicciones y recuperar sus fortunas.
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En una entrevista realizada la semana pasada, el exdirigente del fútbol paraguayo Juan Ángel Napout dijo que lo habían condenado para dar ejemplo. “¿Por qué yo?”, preguntó. “Necesitaban a alguien y fui yo”.
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Napout pagó más de 4 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora ha remitido más de 120 millones de dólares en dinero confiscado a la FIFA y se comprometió a liberar decenas de millones más. De vuelta en su casa en Asunción, desde que salió de prisión el verano pasado, Napout, de 65 años, está pidiendo a Estados Unidos que anule su condena y le devuelva su dinero.
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Napout estuvo encarcelado durante más tiempo que cualquier otra persona implicada en el extenso caso; su otrora lujoso estilo de vida cambió por completo cuando se convirtió en cocinero en una prisión de Florida. Napout dijo que no había considerado una apelación hasta que se enteró de los sobreseimientos en septiembre y que la está realizando solo por petición de su familia “para que mi expediente quede limpio”.
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Incluso en un momento en el que la apelación del gobierno a las recientes desestimaciones está en curso —es una cuestión abierta que debe resolverse antes de que se aborde la solicitud de Napout—, él no es el único que ha aprovechado la oportunidad para intentar hacer borrón y cuenta nueva.
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En las últimas semanas, José María Marin, un exejecutivio del fútbol brasileño que también cumplió condena en prisión y pagó millones en multas, y Alfredo Hawit, un ex alto directivo del fútbol de Honduras que se declaró culpable y cooperó con el gobierno, han hecho solicitudes similares.
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En sus presentaciones legales, han retomado algunos de los argumentos esgrimidos cuando fueron acusados por primera vez, cuando los abogados objetaron lo que calificaron de uso excesivo de una ley vaga por parte de los fiscales estadounidenses. En ese momento, algunos enfatizaron que en países como Brasil, pagar coimas en una transacción comercial privada para asegurar un trato o contrato no es inusual (o ilegal).

El resultado de las nuevas apelaciones, que se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones para el Segundo Circuito de Estados Unidos en Nueva York, podría tener implicaciones no solo para acusados condenados como Napout, sino también para aquellos que fueron acusados, pero que han permanecido prófugos, fuera del alcance de las autoridades estadounidenses. Entre ellos se encuentran el veterano hombre poderoso de la FIFA, Jack Warner, de Trinidad y Tobago; los ejecutivos de televisión argentina Hugo y Mariano Jinkis; y los exdirectivos del fútbol brasileño Marco Polo del Nero y Ricardo Teixeira.
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También están en juego al menos 200 millones de dólares pagados por los condenados; una parte de esa cantidad se ha comprometido a la FIFA, que fue considerada víctima de la corrupción en su propia casa, y se ha destinado a causas que incluyen programas de fútbol para mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. La FIFA declaró que ya se habían asignado 50 millones de dólares a diversos proyectos.

c.2024 The New York Times Company