El condado de Fresno da el primer paso para prohibir acampar a personas sin hogar con multas y cárcel para los infractores

Por segunda vez en aproximadamente una semana, la práctica de acampar por parte de personas sin hogar en propiedad pública en el área metropolitana de Fresno ha sido objeto de posibles sanciones penales por parte de funcionarios electos.

La Junta de Supervisores del Condado de Fresno votó unánimemente el martes para aprobar la primera lectura de una ordenanza que prohíbe acampar y autoriza multas y arrestos por infracciones en áreas no incorporadas del condado. El la ciudad de Fresno introdujo una ordenanza similar el 29 de julio.

La ley del condado, que estará pendiente de aprobación final el 20 de agosto y entrará en vigor 30 días después, prohíbe a las personas acampar:

  • En propiedad pública que no está destinada a servir como lugar para acampar.

  • En propiedad privada que no está dividida en zonas para acampar, o sin el permiso del dueño de la propiedad.

  • En áreas que obstruirían calles, aceras, callejones, senderos, entradas de vehículos al sentarse, acostarse, dormir o almacenar propiedad personal.

  • En cualquier calle, callejón, acera u otra propiedad pública o derecho de paso dentro de 500 pies de escuelas, parques, áreas de juego, guarderías o bibliotecas dentro de 500 pies de vías de ferrocarril o propiedad ferroviaria dentro de 100 pies de pasos superiores o inferiores de carreteras, rampas de entrada o salida de autopistas, túneles o puentes; de una boca de incendio o de carriles designados para incendios o dentro de 10 pies de caminos de acceso o muelles de carga.

Además, la ordenanza prohíbe bañarse en fuentes públicas u otros elementos de agua públicos, o orinar o defecar en propiedad pública.

Una violación sería tratada como un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel o una multa de hasta $500, o ambas. Pero la ley establece que “como alternativa a una multa o sentencia de cárcel, el condado alentaría (a los tribunales) a conceder medidas alternativas o libertad condicional con la condición de que el delincuente complete un programa de rehabilitación o plan de tratamiento.”

La votación 5-0 de la Junta de Supervisores se produce ocho días después de que el Concejo Municipal de Fresno adoptara su propia ordenanza que conlleva multas de hasta $1,000 o un año de cárcel.

Ambas medidas surgen inmediatamente después de los recientes acontecimientos relacionados con los campamentos de personas sin hogar: una decisión reciente de la Corte Suprema de que las sanciones civiles y penales por acampar en áreas públicas no representan un “castigo cruel e inusual” para las personas sin hogar según la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos; y una orden ejecutiva emitida a finales de julio por el gobernador de California Gavin Newsom para que las agencias estatales adopten políticas para despejar los campamentos de personas sin hogar en propiedad estatal y alentar a las agencias locales de la ciudad y el condado a hacer lo mismo.

La ordenanza del condado de Fresno fue propuesta por el supervisor Steve Brandau, cuyo Distrito 2 representa gran parte del noreste y noroeste de Fresno. Es similar a una ordenanza contra las acampadas que patrocinó y obtuvo aprobación en 2017 como miembro del Concejo Municipal de Fresno. Sin embargo, esa medida , “fue rápidamente dejado de lado” debido a dos fallos judiciales, uno en Idaho y el otro en Oregon, dijo Brandau el martes que la reciente decisión de la Corte Suprema anuló esos dos casos.

Brandau dijo que la ordenanza del condado no pretende ser un acoso o un acoso generalizado contra las personas sin hogar.

“No se trata de barrer a la gente de la calle”, dijo. “Se trata de un subgrupo muy pequeño de personas muy obstinadas que hacen cosas que perjudican a nuestros negocios. Perjudican a los padres que tienen que enviar a sus hijos a la escuela en la calle, que tienen que caminar solos por la calle”.

“Tenemos que decirles: ‘¿No preferirían bajar y comenzar el proceso, por más desafiante que sea, para aprovechar algunos de estos servicios (sociales)?’”, agregó Brandau.

Hacer cumplir la ordenanza, una vez que entre en vigor, recaerá en el departamento del sheriff del condado. La subdirectora administrativa del condado, Amina Flores-Becker, dijo que los agentes del sheriff ya tienen experiencia en la limpieza de campamentos ilegales de personas sin hogar en propiedades privadas y elogió a los agentes por “su enfoque compasivo y sus interacciones con la población sin hogar”.

“Creo que es gracias a su enfoque que casi siempre conseguimos el cumplimiento voluntario de una orden de desalojar las instalaciones sin necesidad de ninguna acción punitiva”, dijo Flores-Becker.

A homeless man sets up his tent near downtown Fresno. Both Fresno County and the city of Fresno introduced ordinances in late July and early August 2024 banning camping on streets, sidewalks parks and other public property. Both the city and county laws include misdemeanor penalties such as fines or jail time for those who refuse to move when asked by police officers or sheriff’s deputies.

El sheriff John Zanoni dijo que su departamento hace cumplir las órdenes judiciales para reducir los campamentos en propiedad privada entre tres y cinco veces al año. “Así que conocemos muy bien el proceso y lo que se debe hacer y somos absolutamente compasivos con estos individuos”, dijo. “Y en muchos casos, intentamos hacer nuestro mejor esfuerzo para llevar los recursos (de servicios sociales) disponibles a estos campamentos para que podamos darles opciones a las personas”.

La ordenanza, añadió, dará a los agentes la autoridad para hacer lo mismo en propiedad pública. “En este momento no tenemos esa capacidad efectiva para expulsar a estos individuos”, dijo Zanoni a los supervisores. “Podemos decirles irse y se irán por el camino a un lugar diferente o seguirán adelante, pero ¿eso es resolver un problema? No, no lo es”.

“Entendemos que para resolver este problema, tenemos que tener recursos”, añadió el sheriff. “Tenemos que tener cosas disponibles para las personas: lugares para que vivan, programas para que se registren y cosas que los ayudarán a salir de las calles y a no quedarse sin hogar.”

Las ordenanzas y sanciones deben equilibrarse con la vivienda, los servicios y los programas disponibles “para que estas personas tengan opciones, porque cuando tengan opciones, creo que muchos de ellos elegirán un estilo de vida diferente”, dijo Zanoni. “Pero sin opciones, se vuelve difícil ¿dónde las ponemos?”

Los defensores de las personas sin hogar, incluido Dez Martinez de We Are Not Invisible, se quejaron el martes ante los supervisores de que el condado carece de suficientes camas de refugio para acomodar a todas las personas que no tienen vivienda. Agregó que a pesar de las afirmaciones de que muchas personas sin hogar no aprovechan servicios como programas de salud mental o tratamiento de drogas, también son inadecuados.”

“Lo dices mucho: ‘Tenemos recursos, tenemos recursos’”, dijo. “Sea específico, por favor, porque está siendo muy específico sobre la cantidad de tiempo de cárcel o (cuánto) nos vas a multar.”

Zaida Ramos, defensora de políticas de Consejera de Liderazgo para la Justicia y la Responsabilidad, se hizo eco de los comentarios de Zanoni sobre la necesidad de capacidad adicional para los refugios y servicios sociales para personas sin hogar.

“El condado debería mostrar un mayor nivel de urgencia y esfuerzos de financiación para garantizar que los refugios estén financiados adecuadamente con suficientes camas y servicios de salud mental, así como viviendas asequibles disponibles para todos los residentes”, dijo Ramos a la junta. “En lugar de eso, En lugar de crear apresuradamente una ordenanza que sólo causará más sufrimiento a quienes no tienen vivienda, se debe comenzar por priorizar la financiación de políticas y programas que sean preventivos, restaurativos y compasivos”

Fresno County takes first step to ban homeless camping with fines, jail for violators

For the second time in about a week, the practice of camping by homeless people on public property in the greater Fresno area has been targeted by elected officials for potential criminal penalties.

The Fresno County Board of Supervisors voted unanimously Tuesday to approve the first reading of an ordinance that bans camping and authorizes fines and arrests for violations in unincorporated areas of the county. The city of Fresno introduced a similar ordinance on July 29.

The county law, which will be up for final approval on Aug. 20 and take effect 30 days later, prohibits people from camping:

  • On public property that’s not intended to serve as a campsite.

  • On private property that’s not otherwise zoned for camping, or without permission of the property owner.

  • On areas that would obstruct streets, sidewalks, alleys, trails, driveways by sitting, lying or sleeping or storing personal property.

  • On any street, alley, sidewalk or other public property or right of way within 500 feet of schools, parks, playgrounds, child-care facilities or libraries; within 500 feet of railroad tracks or railroad property; within 100 feet of roadway over- or underpasses, freeway off- or on-ramps, tunnels or bridges; within 50 feet of a fire hydrant or designated fire lanes; or within 10 feet of driveways or loading docks.

In addition, the ordinance forbids bathing in public fountains or other public water features, or urinating or defecating on public property.

A violation would be treated as a misdemeanor crime punishable by up to six months in jail or a fine of up to $500, or both. But the law provides that “as an alternative to a fine or jail sentence, the county would encourage (courts) to grant diversion or probation with a condition that the offender complete a rehabilitation program or treatment plan.”

The Board of Supervisors’ 5-0 vote comes eight days after the Fresno City Council adopted its own ordinance that carries fines of up to $1,000 or one year in jail.

Both measures come on the heels of recent developments regarding homeless encampments: a recent Supreme Court decision that civil and criminal penalties for camping in public areas do not represent “cruel and unusual punishment” for homeless individuals under the Eighth Amendment of the U.S. Constitution; and an executive order issued in late July by California Gov. Gavin Newsom for state agencies to adopt policies to clear homeless encampments on state property and encouraging local city and county agencies to do the same.

Fresno County’s ordinance was proposed by Supervisor Steve Brandau, whose District 2 represents much of northeast and northwest Fresno. It is similar to an anti-camping ordinance that he sponsored and won approval for in 2017 as a member of the Fresno City Council. That measure, however, “was quickly put on a shelf” because of two court rulings — one in Idaho, the other in Oregon, Brandau said Tuesday. The recent Supreme Court decision overturned those two cases.

Brandau said the county ordinance isn’t intended to be a wholesale rousting or harassment of the homeless.

“This isn’t about sweeping people off the street,” he said. “This is about a very small subset of very obstinate people who do things that hurt our businesses. They hurt parents who have to send their children down the street to school, to walk alone down the street.”

“We have to say to them, ‘Wouldn’t you prefer to go down and begin the process, as challenging as it is, to take advantage of some of these (social) services?’” Brandau added.

Enforcing the ordinance, once it takes effect, will fall to the county sheriff’s department. Deputy County Administrative Officer Amina Flores-Becker said sheriff’s deputies already have experience clearing illegal homeless encampments on private property, and praised deputies for “their compassionate approach and their interactions with the unhoused population.”

“I believe that it is because of their approach that we almost always get voluntary compliance with an order to vacate the premises without the need for any punitive action,” Flores-Becker said.

Sheriff John Zanoni said his department enforces court orders to abate encampments on private property between three and five times per year. “So we’re very well versed in the process and what needs to be done and absolutely being compassionate to these individuals,” he said. “And in many cases, we attempt to do our best to get the (social services) resources available out to these encampments so we can give people options.”

The ordinance, he added, will give deputies the authority to do the same on public property. “Right now we don’t have that effective ability to remove these individuals,” Zanoni told the supervisors. “We can tell them to leave and they’ll go down the road to a different location or move along. But is that solving a problem? No, it’s not.”

“We understand that in order to solve this problem, we have to have resources,” the sheriff added. “We have to have things available for individuals: places for them to live, programs for them to check into, and things that will help get them off the streets and help them not be homeless.”

Ordinances and penalties need to be balanced with available housing, services and programs “so that these people have options, because when they have options, I believe many of them will chose a different lifestyle,” Zanoni said. “But without options, it becomes difficult. Where do we put them?”

Homeless advocates including Dez Martinez of We Are Not Invisible complained to supervisors Tuesday that the county lacks enough shelter beds to accommodate all of the people who are unhoused. She added that despite assertions that many homeless people don’t take advantage of services such as mental health or drug-treatment programs, those too are inadequate.

“You say it a lot: ‘We have resources, we have resources,’” she said. “Be specific, please, because you’re being very specific on the amount of time for jail or (how much) you’re going to fine us.”

Zaida Ramos, a policy advocate for Leadership Counsel for Justice & Accountability, echoed Zanoni’s remarks about the need for additional capacity for homeless shelters and social services.

“The county should show a higher level of urgency and funding efforts to ensure that shelters are adequately funded with sufficient beds and mental health services, as well as affordable housing available to all residents,” Ramos told the board. “Instead of hastily creating an ordinance that will only cause more suffering to the unhoused, you must begin with prioritizing funding for policies and programs that are preventive, restorative and compassionate.”