Comunidades Migrantes en Tijuana presentarán recursos jurídicos contra la Reforma Judicial

Representantes de la comunidad migrante indígena en Tijuana, junto con el Parlamento Indígena Supremo, sostuvieron una reunión para discutir las acciones legales que tomarán en respuesta a la exclusión de los pueblos originarios dentro de la recientemente aprobada Reforma Judicial.

La Reforma Judicial impulsada por el Gobierno de México ha generado controversia no solo por su contenido, sino por la exclusión de los Pueblos Indígenas en su proceso de creación. No solo no reconoce el Pluralismo Jurídico, que permita la coordinación entre la justicia estatal y la justicia indígena comunitaria sino además excluye la posibilidad de que estos puedan proponer candidatas y candidatos a ministros, jueces y magistrados, cuando representan casi el 20% de la población mexicana.

A pesar de que la Constitución y los tratados internacionales garantizan el derecho de los pueblos originarios a ser consultados de manera libre, previa e informada, esta vez no fueron consultados ni tomados en cuenta.

La Constitución Mexicana y los Tratados Internacionales, que México ha suscrito, establecen que cualquier acción gubernamental que afecte administrativa y/o legislativamente a los pueblos indígenas debe ser consultada antes de que se apruebe. Sin embargo, tanto el Congreso de la Unión como el presidente de la República ignoraron por completo esta disposición constitucional

¿Qué significa la Reforma Judicial para la comunidad indígena y el país en general?

Ocario Vázquez García, representante purépecha y miembro del Parlamento Indígena de Baja California, subraya que “esta omisión es una clara violación a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”. “Los legisladores del Congreso de la Unión de Morena y sus aliados dicen que nos informaron, pero eso no es cierto, nunca nos consultaron ni pidieron nuestras opiniones”, denuncia Vázquez García, señalando que “las supuestas reuniones que el gobierno sostuvo fueron pura simulación, ninguna de ellas cumple con el proceso de consulta debidamente establecido” El Parlamento Indígena plantea tomar acciones legales para defender sus derechos. Primero, interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que éste presente un recurso de inconstitucionalidad. Si no reciben una respuesta favorable, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En segundo lugar, presentarán un amparo ante los juzgados de distrito por la falta de consulta libre, previa e informada, ya que consideran que estos actos violan las garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Ambas acciones, tanto la queja ante la CNDH como el amparo ante los juzgados de distrito, se interpondrán la siguiente semana. Jaime Martínez Veloz, Ex Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y quien participó en los Diálogos y los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, entre el EZLN y el Gobierno Federal, recalca que la exclusión de los pueblos indígenas en la reforma es un acto de discriminación que refleja la incongruencia del gobierno actual. “Es insulto a la inteligencia y a la sabiduría de los Pueblos Indígenas. Los del Gobierno, dijeron una cosa como oposición, y en el gobierno, hacen todo lo contrario,” expresó.

Este conflicto no es solo un problema de derechos, sino también de dignidad

Los pueblos indígenas han jugado un papel crucial en la historia del país, y su exclusión de esta reforma es una falta de reconocimiento a su sabiduría y valor cultural. La Reforma Judicial es una oportunidad histórica para crear instituciones que incluyan a todos los mexicanos, sin embargo, en su forma actual, parece que los pueblos indígenas están siendo eliminados del panorama judicial. Como expresó el capitán de danza prehispánica, Oscar Rodríguez, estas decisiones “sí marcan la diferencia” en la vida y el futuro de las comunidades originarias. En un país con una deuda histórica hacia sus pueblos indígenas, este es un momento clave para reflexionar y exigir el respeto a nuestros derechos concluyó la Indígena originaria del Pueblo Mayo, Rafaela Jocobi Yocupicio.

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