CARACAS.- El régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este jueves su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y le ordenó a sus 13 funcionarios que abandonen el país en un plazo de 72 horas.

El anuncio sigue a la “profunda preocupación” que expresó el Alto Comisionado por la detención de la activista venezolana Rocío San Miguel, acusada de “terrorismo” y detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.

Pero, ¿quién es Rocío San Miguel y cómo la detención de esta referente de la sociedad civil venezolana derivó en la suspensión de las actividades de la representación en el país del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?

¿Quién es Rocío San Miguel?

Es una abogada de 57 años que dirige Control Ciudadano, una ONG establecida a inicios de 2005 con el fin de promover y ejercer la contraloría ciudadana sobre los asuntos de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional.

Un año antes de la creación de esa organización, San Miguel había sido despedida del gubernamental Consejo Nacional de Fronteras tras firmar una lista que buscaba activar un referéndum para recortar el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. Cientos de personas denunciaron que entre 2003 y 2004, luego de aparecer en esa lista, fueron despedidos de sus cargos en el sector público. Años después Chávez pidió a los directivos y funcionarios “enterrar” la referida lista que circuló por un largo rato en Internet.

El Consejo fue un organismo de consulta y asesoramiento de alto nivel para coordinar acciones de políticas públicas y sociales entre distintos entes gubernamentales en las fronteras.

San Miguel acudió posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación en la que quedaron expuestos los firmantes.

La abogada siguió siendo blanco de críticas, hostigamiento y amenazas tras la muerte de Chávez en 2013 y el arribo de Maduro al poder debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.

¿Por qué su trabajo habría causado malestar en el gobierno?

Después de 25 años de gobiernos chavistas en Venezuela cada vez son menos los que se atreven como San Miguel a develar lo que ocurre dentro del mundo militar.

Las fuerzas armadas han sido tradicionalmente los árbitros a los que en buena medida se le ha confiado resolver los conflictos políticos en el país. Y durante el mandato de Chávez y posteriormente con el de Maduro, su heredero político, han ocupado cada vez más espacios clave en la economía, empresas estatales y ministerios de sectores considerados estratégicos.

En ese sentido, el trabajo de supervisión de Control Ciudadano ha sido visto como una piedra en el zapato, y al mismo tiempo blanco de virulentas críticas de las autoridades por sus investigaciones, incluida una en la que se expuso por primera vez la existencia de militares activos inscritos como militantes del partido de gobierno, a pesar de que la Constitución Nacional lo prohíbe claramente.

Las investigaciones dirigidas por San Miguel también revelaron casos de torturas, muertes, detenciones arbitrarias, entre otras irregularidades presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas armadas, que son consideradas uno de los principales soportes de Maduro.

Control Ciudadano también develó abusos a los derechos humanos, así como presuntos actos de corrupción en el sector militar.

¿De qué se la acusa?

Maduro y sus aliados repetidamente han acusado a San Miguel de ser financiada por Washington para desacreditar su gobierno y en particular a los militares, aunque sin presentar prueba de ello. El gobierno se reforió de momento a la detención de la defensora de los derechos humanos citando los escritos de la Fiscalía.

En enero pasado, la Fiscalía General anunció la detención de 36 civiles y militares vinculados con cinco supuestos complots contra el gobierno y para asesinar a Maduro que fueron frustrados entre mayo del año pasado y los primeros días de 2024. En ellos implicó a varios ex altos oficiales, periodistas, políticos y activistas, incluida San Miguel.

La supuesta operación para matar a Maduro fue conocida como Brazalete Blanco y estaba prevista para el 1 de enero pasado en el estado de Táchira.

“Su misión [la de San Miguel] era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”, aseguró en una declaración a la prensa el fiscal general, Tarek William Saab, quien sostiene que la activista fue “delatada por los militares detenidos” en el caso.

Durante el mandato de más de 10 años de Maduro se han denunciado decenas de supuestos complots y planes desestabilizadores por los que han sido detenidas numerosas personas, aunque rara vez se ha informado sobre las conclusiones de los procesos.

¿Qué pasó luego de su detención?

Algunos activistas sostienen que el objetivo del gobierno de Maduro con la detención es acallar y atemorizar a sectores incómodos en medio de un año electoral.

San Miguel “es una profesional seria, responsable y es una persona que, pues, ha desarrollado su trabajo por lo menos hasta donde yo conozco dentro de la más absoluta legalidad”, dijo a The Associated Press Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal.

Consideró que ella es objeto de una “detención arbitraria”, que tendría “una finalidad muy precisa que es mandar un mensaje claro a las demás organizaciones no gubernamentales” en un año de elecciones.

“El gobierno no quiere organizaciones, periodistas, ni ningún tipo de entidad que de alguna manera muestre cuáles son los rincones oscuros del país, las cosas negativas que están pasando”, agregó.

Horas antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado Volker Türk publicó también en X que tras las declaraciones de las autoridades venezolanas “tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel –y por tanto su paradero– ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional” e insistió en que “deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”.

Agencias AFP y AP