Yahoo Noticias Cómo el Congreso y Trump obstaculizaron la ley de control de armas para personas con trastornos mentales impulsada por Obama
El presidente Trump reconoció que había “muchas señales” de que el sospechoso del trágico tiroteo que se produjo el miércoles en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Florida, estaba “mentalmente perturbado”. El jueves por la mañana señaló en Twitter que muchos vecinos y compañeros estaban al tanto de su problemático comportamiento e instó a los estadounidenses a informar a las autoridades sobre cualquier detalle que pueda indicar una posible violencia futura.
Más tarde, mientras se dirigía a la nación en su discurso del jueves por la mañana, Trump se enfocó en la importancia de la oración, la comunidad y la salud mental, pero no se refirió al tema de las armas: “Nos comprometemos a trabajar con los líderes estatales y locales para garantizar la seguridad en nuestras escuelas y enfrentar las dificultades que acarrean los problemas mentales”.
Al menos en la retórica existe un consenso generalizado sobre el hecho de que las personas con trastornos psicológicos deben tener acceso a los servicios de salud mental, aunque persisten desacuerdos sobre cómo ofrecerlos. No obstante, las opiniones se polarizan cuando se trata de decidir a qué personas el gobierno les debe permitir comprar armas de fuego, incluyendo quienes padecen trastornos mentales.
Una de las primeras acciones de Trump cuando llegó a la Casa Blanca fue anular la recomendación del ex presidente Barack Obama sobre una nueva regulación que evitaría que las personas con trastornos psicológicos graves compraran armas.
Los orígenes de la regulación anulada datan de hace 10 años, remontándose a la trágica masacre del Virginia Tech en abril de 2007. Con apoyo bipartidista, ese mismo año el Congreso aprobó de manera abrumadora la Enmienda de Mejora del NICS, que tenía como objetivo subsanar las lagunas en el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Penales (NICS, por sus siglas en inglés), que permitieron que el tirador de Virginia Tech comprara armas de fuego a pesar de que un juez lo había identificado como peligroso.
En enero de 2013, apenas un mes después del tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, Obama emitió un memorándum presidencial en el que instaba a las agencias gubernamentales a participar activamente en el envío de datos para mejorar la precisión y eficiencia del NICS.
En diciembre de 2016, la Administración del Seguro Social promulgó una norma dirigida a cumplir con la ley de 2007, presentando al NICS los nombres de ciertos beneficiarios del Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social y el programa de Ingresos de Seguridad Suplementaria, las personas que tenían un representante designado para recibir y gestionar sus pagos. Esta norma pretendía garantizar que las personas que no están capacitadas mentalmente para gestionar sus finanzas o tener un empleo a tiempo completo, tampoco puedan comprar armas de fuego. La Casa Blanca del periodo de Obama estimó que con esta medida se evitaría que aproximadamente 75.000 personas con trastornos mentales documentados o incompetencia establecida legalmente compraran armas de fuego.
Robin Lloyd, director de asuntos gubernamentales en Giffords, una organización pro control de armas fundada por la ex congresista y víctima de tiroteos, Gabrielle Giffords, dijo que en realidad ambos criterios establecen un umbral bastante alto para la inhabilitación mental. También afirmó que esa norma incluye una serie de disposiciones sobre el acceso a las armas; es decir, a las personas que forman parte de esa categoría se les notificaría su estado y se les invitaría a presentar pruebas para solicitar su derecho a portar armas.
Como era de esperar, esa norma dividió a los políticos y expertos en dos líneas de pensamiento: las personas a favor del derecho a portar armas la calificaron como inconstitucional, mientras que quienes están a favor de su regulación consideraron que se trataba de una legislación de sentido común largamente esperada.
Sin embargo, un tercer grupo se involucró en esta disputa pública. En este tema, los defensores de las personas con discapacidad se pusieron del lado de organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés). La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) se opuso a la norma de la Administración del Seguro Social afirmando que promueve el estereotipo de que las personas que sufren discapacidades mentales son más propensas a la violencia. Faiz Shakir y Vania Leveille, directora política nacional y asesora legislativa superior de la Oficina Legislativa de la ACLU en Washington respectivamente, escribieron una carta abierta al Congreso en la que reflejan la postura de su organización:
“No existen datos que respalden la conexión entre la necesidad de tener un apoderado que administre los beneficios por discapacidad de la Seguridad Social y la propensión a la violencia armada. Esta norma demuestra además el dañino fenómeno de la ‘propagación’: la percepción de que un individuo discapacitado con un área de impedimento tiene automáticamente atributos adicionales negativos, que en realidad no guardan ninguna relación. En este caso, la norma combina automáticamente una característica relacionada con la discapacidad como la dificultad para administrar el dinero, con la incapacidad para poseer un arma de fuego con seguridad”.
El Consorcio para Ciudadanos con Discapacidades, que defiende a las personas con discapacidades físicas y mentales, y el Consejo Nacional sobre la Discapacidad, una agencia federal que asesora al presidente y al Congreso sobre estos temas, también se opusieron públicamente a la norma alegando que promovía estereotipos dañinos sobre las personas con discapacidad.
A principios de 2017, un Congreso controlado por los republicanos invocó la Ley de Revisión del Congreso para revocar la norma con la Resolución 40 de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, que Trump rápidamente promulgó como ley. La NRA celebró a Trump por contrarrestar el “intento de última hora contra las armas” de Obama y su “gobierno excesivo”.
“Hoy comienza una nueva era para los propietarios de armas que respetan la ley pues ahora tenemos un presidente que respeta y apoya nuestro derecho a poseer y portar armas”, dijo Chris W. Cox, Director Ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA. “Le agradecemos al presidente Trump y a los congresistas y senadores que lideraron la lucha por esta importante legislación”.
Lloyd se sintió decepcionado con esta acción federal, así como cuando el Congreso aprobó un proyecto de ley similar en marzo de 2017 que prohibía al Departamento de Asuntos de los Veteranos enviar registros al NICS e instaba a eliminar todos los registros actuales.
“¿Qué ha hecho la Casa Blanca? En vez de tomar medidas sobre las diferentes propuestas bipartidistas que se han presentado, ya sea para prohibir las acciones adicionales o para desarrollar los registros apropiados en el sistema de verificación de antecedentes, vemos que el Congreso aprueba un proyecto de ley que facilita que las personas peligrosas y sin entrenamiento adecuado puedan portar armas de fuego ocultas por todo el país”, afirmó.
Lloyd discrepa de las afirmaciones del lobby armamentista según las cuales, solo necesitamos lograr que las leyes vigentes se cumplan, en lugar de aprobar nuevas regulaciones.
“En este momento, el Congreso y el presidente Trump están debilitando activamente nuestras leyes. No están reforzando la legislación sino que están dificultando que los estados puedan aplicar sus propias normas en el caso del proyecto de ley para portar armas ocultas. Están frenando una acción bipartidista real y significativa”.
