Comienza la ‘dolorosa’ división del acuerdo de $1,000 millones de Surfside: Algunos recibirán más que otros

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Con el hito de un acuerdo de conciliación de $1,000 millones a sus espaldas, los familiares de las 98 personas que murieron en el derrumbe del edificio de condominios de Surfside comenzaron esta semana las audiencias privadas con un juez de Miami-Dade que calculará el valor monetario de cada víctima, un proceso guiado en parte por ecuaciones actuarias pero también cargado de dolorosas emociones.

Si bien los familiares y sus abogados pueden argumentar ante el juez de circuito Michael Hanzman que todas las víctimas tuvieron el mismo destino trágico —como los pasajeros de un accidente aéreo—, la ley de la Florida dicta que no recibirán partes iguales del histórico acuerdo. Inevitablemente, algunos recibirán más que otros.

Y en virtud de la ley estatal, algunos familiares en duelo, como los hermanos y hermanas, pudieran recibir algunas indemnizaciones, mientras que otros pudieran tener derecho a poco o nada, debido a quienes se considere que son los primeros en la fila para tener derecho a los pagos.

“Aparte de las secuelas inmediatas, cuando todos esperábamos con agonía, esta fase será la parte más dolorosa y desgarradora de todo el calvario”, dijo Pablo Rodríguez, abogado de Miami cuya madre y abuela murieron en el derrumbe.

La tarea del juez de repartir el enorme acuerdo de compensación la demanda colectiva, alcanzado el mes pasado con una serie de demandados, es desalentadora. Una parte del cálculo del valor de una víctima se basa en la edad, la ocupación y los ingresos esperados de por vida. Pero también tendrá en cuenta el factor intangible y sustancial del dolor y el sufrimiento que padecen los familiares de los distintos cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanas y hermanos que murieron cuando el edificio Champlain Towers South se derrumbó en junio del año pasado.

Esos intangibles abundan. Las edades de las víctimas oscilan entre uno y 92 años. Entre ellas hay abogados, médicos, contadores, ingenieros, actores, estudiantes universitarios, jubilados, un músico, una azafata, un instructor de pilates y un rabino. Estaban las hermanas Guara, Lucía, de 10 años, y Emma, de 4, que murieron con sus padres y cuyas futuras carreras y ganancias solo pueden adivinarse: Lucía aspiraba a ser astronauta y Emma quería ser princesa. Estaba Elena Chávez, de 87 años, que seguía trabajando como agente de viajes. Theresa Velásquez, de 36 años, que murió junto a sus padres, era ejecutiva de LiveNation y ex DJ de Miami Beach. Nicole Langesfeld, de 26 años, quien murió con su esposo, era una joven abogada que había impresionado a Hanzman durante una audiencia.

Hanzman, asistido por un contador y un juez retirado que se ha especializado en casos de daños personales y muerte por negligencia, tiene previsto completar su revisión de docenas de reclamaciones por daños para finales de agosto. Consultarán las declaraciones de impuestos, los registros de pensiones, las tablas actuarias, las indemnizaciones de los jurados en el pasado y los datos de ingresos de la Oficina de Estadísticas Laborales y la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Los resultados no se harán públicos, a diferencia del acuerdo de conciliación aprobado por el juez. Se espera que él distribuya todo el dinero del acuerdo de conciliación, menos los $100 millones que decenas de abogados de los demandantes han solicitado por su trabajo por horas en el caso de negligencia de acción colectiva, que dio lugar a uno de los mayores acuerdos de conciliación en la historia de la Florida.

“La clave para este caso es la coherencia y la equidad”, dijo el abogado surfloridano Michael Goldberg, que fue nombrado por Hanzman administrador judicial de la asociación de condominios de Champlain Towers South y es parte neutral en el litigio de la demanda colectiva. “Ninguna de las víctimas va a saber lo que reciben los demás”.

Aunque el proceso puede resultar familiar para un juez experimentado como Hanzman, muchas de las reclamaciones por daños de Champlain South se complican por el hecho de que algunas familias fueron eliminadas casi por completo por la tragedia, incluidos padres e hijos. Mientras tanto, otras víctimas no tienen “sobrevivientes” según la definición de la ley de muerte por negligencia de la Florida, que solo reconoce a un cónyuge, padre o hijo menor de 25 años. Como resultado, un hermano o hermana mayor de edad pudiera no tener derecho a tanto dinero, incluyendo el apoyo económico perdido, incluso si es el pariente más cercano.

$1 millón como mínimo

Como mínimo, Hanzman ha acordado pagar $1 millón por víctima a cada representante de la misma. En esos casos, los familiares no tienen que pasar por una audiencia de reclamación ante el juez. Pero otros, incluidos los que cumplen los requisitos como sobrevivientes según la ley estatal, están optando por pasar por el angustioso proceso de revisión —en esencia, presentar la biografía de un ser querido— y podrían recibir indemnizaciones de decenas de millones de dólares.

La abogada Rachel Furst, cuyo bufete Grossman Roth Yaffa Cohen está representando a los familiares de 11 personas que murieron en el derrumbe del edificio de Surfside, dijo que la ventaja de que Hanzman “cumpla una doble función” como juez y administrador de reclamaciones es que “entiende la naturaleza de la tragedia” y “no tiene que empezar de cero”.

“Lleva un sombrero diferente en este proceso”, dijo Furst. “La ley de muerte por negligencia de la Florida compensa a los vivos. La ley no asigna un valor a una vida, sino que compensa a los sobrevivientes por su pérdida, que es su sufrimiento y el apoyo y los servicios que han perdido”.

El abogado Kenneth Feinberg, el juez especial que supervisó el reparto de $7,000 millones del gobierno federal a los familiares de unas 5,300 víctimas mortales y heridos en los atentados terroristas del 11 de septiembre, dijo que tenía un consejo para el juez de Miami-Dade: “Prepárate”.

“Calcular lo que ha ganado cada víctima a lo largo de su vida no es difícil; lo difícil es la emoción”, dijo Feinberg, que junto con sus colegas realizó unas 1,450 audiencias privadas durante 33 meses con los familiares de las víctimas de los atentados en Nueva York. La indemnización promedio por muerte por negligencia fue de $2 millones, y el pago promedio por lesiones físicas fue de $400,000.

Feinberg escribió sobre el proceso en su libro “¿Cuánto vale la vida?”, que ahora es una película de Netflix. Dijo que le habría ido mejor con un título de divinidad o psicología al tratar con las familias del 11-S.

“Lo que encuentras en estas audiencias confidenciales es que no quieren hablar de dinero”, dijo. “Quieren desahogarse sobre la vida y lo injusta que es. ... O quieren validar lo que han perdido: quieren que se vea lo que esos asesinos hicieron a su ángel”.

Reclamaciones por daños psicológicos

Además de calcular cuánto vale cada reclamación por muerte por negligencia, el juez Hanzman también debe resolver las reclamaciones por lesiones. Solo hay tres sobrevivientes de las secciones media y frente al mar del edificio de condominios que se derrumbaron. Ellos son: Jonah Handler, que fue rescatado a los 15 años desde lo alto de los escombros después que él y su madre, Stacie Fang, de 54 años, fueron arrastrados por la avalancha de escombros desde su unidad de condominio en el décimo piso. Fang no sobrevivió. Además, Ángela González, de 41 años, y su hija, Deven González, de 16, que vivían en el 904, fueron rescatadas de los escombros con heridas graves. Edgar González, de 45 años, que era el esposo de Ángela y padre de Deven, no sobrevivió.

Al mismo tiempo, las personas que se encontraban en la sección de Champlain Towers South que no se derrumbó tienen derecho a recibir al menos $50,000 cada una por el trauma, el daño psicológico y las lesiones físicas que sufrieron. Eso incluiría a unas tres docenas de propietarios e inquilinos que vivían en las unidades delanteras del edificio de 12 plantas que daba a Collins Avenue y que posteriormente fueron demolidas durante las labores de búsqueda y rescate.

Muchos de los que escaparon esa noche pensaron que iban a morir y están luchando por reconstruir sus vidas y reanudar sus empleos mientras se enfrentan al PTSD, la depresión, el insomnio, la culpa del sobreviviente y la incapacidad de concentrarse. Acuden a psiquiatras y toman medicamentos. Otros propietarios que no estaban presentes cuando se derrumbó el edificio también pueden recibir $50,000.

El abogado de Miami Judd Rosen, que representa a Jonah Handler y a la herencia de su madre, junto con el cónyuge de otra víctima mortal, dijo que el “desafío para [Hanzman] es quitarse el sombrero de juez y ponerse el de jurado”.

“El juez Hanzman se pone ahora directamente en la piel de las víctimas”, dijo Rosen. “Tiene que sentir el dolor y la emoción de las familias de las víctimas. Su tarea no es solo decidir una indemnización justa, sino también encontrar la manera de no llevarse toda esta tristeza a casa”.

Los hijos mayores podrían quedar fuera

La naturaleza de la tragedia de Surfside, que se cobró varias generaciones de algunas familias, combinada con las normas de beneficiarios cualificados de la Florida, pudiera hacer que las reclamaciones de ciertos familiares por apoyo económico o por dolor y sufrimiento no tengan valor, al menos en términos de un acuerdo legal. Por ejemplo, los hermanos o hermanas de las víctimas no tendrán derecho a reclamar sus ingresos futuros perdidos. Hay varios familiares que entran en esa categoría.

Después de soportar 13 meses de dolor, Pablo Rodríguez enfrenta la cruda realidad de la ley de la Florida: Él y su hermano no son considerados “sobrevivientes legales” de su madre, Elena Blasser, de 67 años, quien murió junto con su propia madre, Elena Chávez. Su padrastro, Joseph Blasser, que se encontraba en Panamá cuando se derrumbó el edificio, es el primero en cobrar los daños en la demanda colectiva porque es el único beneficiario como cónyuge de Elena según la ley estatal. (Por otra parte, la abuela, Elena Chávez, tiene un hijo que está presentando una reclamación por daños en su nombre).

Pero Elena Blasser también dejó un testamento, un factor que complica el patrimonio de la madre y posiblemente la decisión de adjudicación del juez. Elena, profesora jubilada, repartió su modesto patrimonio entre sus dos hijos, que no se llevan bien con su padrastro. Blasser, su marido, impugna la validez del testamento de Elena.

“Es un golpe de timón continuo”, dijo Rodríguez. “En una situación como la mía, los hijos no importan. Teníamos una relación muy estrecha con mi madre y mi abuela, pero bien podríamos haber sido completos extraños según la ley de la Florida”.

Rodríguez, abogado especializado en derecho sucesorio, ha estudiado los estatutos de muerte por negligencia de los 50 estados y dice que la Florida y Maine son los más restrictivos. La mayoría de los estados se adhieren a los estatutos que dividen los activos de un patrimonio según las líneas familiares, dijo.

Eso “elimina las conjeturas y los sentimientos heridos entre los miembros de la familia con el fin de una distribución equitativa”, dijo Rodríguez.

“El estatuto de la Florida no está destinado a cubrir un evento de víctimas masivas como Surfside o un accidente de avión o un tiroteo escolar”, dijo Rodríguez. “Es más aplicable a un juicio con un veredicto del jurado para una o un número limitado de víctimas. Aquí tenemos una olla a dividir y estás poniendo a las familias en una posición de justificar lo que vale cada ser querido mientras tratas a algunos familiares inmediatos como irrelevantes. Eso añade otra capa de dolor”.

En el caso de la familia Velásquez —los padres Julio, de 67 años, y Ángela, de 60, murieron con su hija Theresa, que estaba de visita desde Los Ángeles—, el familiar más cercano que sobrevivió es el hijo de la pareja y hermano mayor de Theresa, David. Theresa tenía novia pero no estaba casada, no tenía hijos, sus padres están muertos y su único hermano no dependía de ella. Theresa fue identificada como “la voz entre los escombros” por los bomberos de Miami-Dade, que intentaron en las primeras horas sacarla de los escombros pero no pudieron. El hermano no tiene derecho a recibir una indemnización por los ingresos perdidos durante la vida de Theresa, ni por el importante dolor y sufrimiento.

Sin embargo, David Velásquez podría tener derecho a una indemnización por dolor y sufrimiento por la pérdida de sus padres.

En otro estado, el hermano podría haber cobrado mucho más de $10 millones por daños y perjuicios. Pero en la Florida, probablemente solo cobrará el mínimo de un $1 millón por miembro de la familia asignado por Hanzman, para un total de $3 millones. David Velásquez, a diferencia de los hermanos Rodríguez, es el primero en cobrar porque su hermana no tuvo más sobrevivientes.

A principios de este mes, el Jefe Adjunto de Operaciones de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Miami Dade, Ray Jadallah, apagó la llama simbólica durante una ceremonia con otros bomberos y miembros de la comunidad frente al lugar donde se encontraban las Champlain Towers South. El miércoles se cumplió un año desde que se recuperó la última de las 98 víctimas del derrumbe.
A principios de este mes, el Jefe Adjunto de Operaciones de Emergencia del Cuerpo de Bomberos de Miami Dade, Ray Jadallah, apagó la llama simbólica durante una ceremonia con otros bomberos y miembros de la comunidad frente al lugar donde se encontraban las Champlain Towers South. El miércoles se cumplió un año desde que se recuperó la última de las 98 víctimas del derrumbe.

Tres generaciones de la familia Cattarossi de la unidad 501 también perecieron aquella noche. Gino Cattarossi, un ingeniero argentino jubilado de 89 años, y su esposa, Graciela Ponce de León, de 86 años, diplomática jubilada de Uruguay, eran los padres de Graciela, de 48 años, fotógrafa, y los abuelos de la hija de esta, Stella, de 7. La hija de la pareja Andrea, de 56 años, arquitecta, había volado desde Buenos Aires para ayudar porque Gino iba a ser operado del corazón para sustituirle un marcapasos.

Los cinco murieron en el derrumbe del edificio.

Los hijos sobrevivientes de Gino y Graciela Ponce de León son Marcelo y Joanne, pero como tienen más de 25 años y no dependían de sus hermanas, no pueden reclamar daños y perjuicios por las ganancias futuras de ellas. Sin embargo, pueden cobrar daños y perjuicios por la pérdida de sus padres.

Pero en el caso de las dos pequeñas Guara, que fueron enterradas en el mismo féretro, nadie puede reclamar dolor y sufrimiento por sus muertes porque sus padres murieron con ellas y sus abuelos no están catalogados como “sobrevivientes” según la ley estatal.

Nicole “Nicky” Langesfeld, de 26 años, y Luis Sadovnic, de 28, se conocieron en la Universidad de la Florida y se casaron seis meses antes del derrumbe. Vivían en la unidad 804, que era propiedad del abuelo de él. Murieron juntos. Ella era abogada de litigios comerciales en el bufete Reed Smith y él era empresario con una maestría en Administración de Empresas. No tuvieron hijos. Los padres de cada uno pueden recibir decenas de millones en concepto de daños y perjuicios por el dolor y el sufrimiento, así como por los ingresos futuros por la pérdida de sus hijos, que estaban desarrollando una prometedora carrera en la flor de la vida.

En varios casos, los cónyuges estaban en otro lugar cuando el edificio se derrumbó; se les considera familiares más cercanos. En un caso, una mujer que estaba fuera de la ciudad perdió a su marido y a su hijo de cinco años.

“En una catástrofe como la de Champlain South, con 98 casos únicos, se ve la falta de lógica y justicia de la ley de la Florida”, dijo Rodríguez, el abogado de Miami que perdió a su madre y a su abuela.

“Muchos familiares están confundidos y entristecidos y temen este emotivo proceso de reclamaciones porque todos sabemos que ninguna cantidad de dinero va a traer ningún cierre, ninguna responsabilidad ni a nadie de vuelta”.

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