Comienza, 25 años después, el juicio por uno de los mayores desastres ecológicos de España

Sevilla (España), 4 jul (EFE).- El juicio contra la empresa sueca Boliden por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar, en la región española de Andalucía (sur), arrancó hoy tras 25 años de peregrinaje judicial desde que se produjera uno de los desastres ecológicos más grandes de España y por el que se reclaman casi 90 millones de euros (98 millones de dólares) a la compañía.

Un dinero que pide el Gobierno de la región de Andalucía a Boliden por los daños ocasionados por el vertido tóxico de la mina de Aznalcóllar en abril de 1998, una riada tóxica que afectó a 4.634 hectáreas, avanzó más de 60 kilómetros y fue frenada tres días más tarde, tras levantarse un dique para evitar la entrada en el Parque Nacional de Doñana, el mayor humedal de Europa.

Con la fractura de la balsa del complejo minero se vertieron cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas, por lo que el Gobierno regional reclama casi 90 millones de euros por la limpieza.

Las actuaciones de los gobiernos español y andaluz para recuperar la zona pasaron por la retirada de lodos, expropiaciones forzosas, control e impermeabilización de la marisma de Doñana, asistencia técnica, estudio de descontaminación, actuaciones de restauración ambiental y de riberas del río Guadiamar y control de aguas subterráneas.

El juicio comenzó este martes con una gran expectación mediática y contará con la declaración de doce testigos y un perito propuesto por las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV), todas ellas demandadas.

Después de que en la vista previa, celebrada en septiembre de 2022 no se llegara a un acuerdo, las partes llegan a este juicio presentando las pruebas correspondientes y defendiendo sus posturas en el conflicto, en el que el Gobierno regional andaluz reclama 89.867.545 euros a la empresa minera.

Los abogados de la Administración regional sostuvieron que están legitimados y que tienen la "obligación legal" de reclamar esta cantidad de acuerdo con el artículo 81 la Ley española de Minas, mientras la empresa aseguró que la mitad de ese dinero se gastó en "un corredor verde" y no en paliar las consecuencias del vertido.

Además, la empresa defiende que el Gobierno regional autorizó en 1996 el recrecimiento de la balsa que posteriormente se rompió y que Boliden retiró los lodos "de forma voluntaria", algo que les costó 80 millones de euros y que no fue cubierto por el seguro, y que en 1998 no había norma que obligara a las compañías a responder por el daño medioambiental.

La reclamación de la factura al grupo sueco que explotaba la mina entonces lleva casi 25 años en un "peregrinaje judicial" -así lo definió el Tribunal Supremo español- que en 2015 volvió al punto de partida.

La vía penal fue archivada en el año 2000, por lo que el Gobierno de Andalucía optó por la vía civil, todo ello después de que la Sala de Conflictos de Competencias del Tribunal Supremo decidiera que no era tampoco asunto de lo contencioso administrativo. EFE

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