Colombia sella la paz con las FARC y acaba con medio siglo de conflicto interno

Por Luis Jaime Acosta y Helen Murphy

CARTAGENA, Colombia (Reuters) - Con un bolígrafo hecho de una bala, el presidente colombiano y el líder de la guerrilla izquierdista de las FARC firmaron el lunes un histórico acuerdo que puso fin a un conflicto armado de medio siglo con cientos de miles de víctimas, a quienes el grupo rebelde pidió perdón por primera vez ante el dolor causado.

En un enorme paso en el largo camino para reconciliar el país, el mandatario Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sellaron la paz en Cartagena después de cuatro años de negociaciones.

Con la rúbrica, iniciaron la cuenta regresiva para que 7.000 guerrilleros dejen las armas en un plazo de seis meses y formen un partido para seguir luchando por los pobres, pero ahora desde la política.

“Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas, preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones”, dijo Londoño ante la mirada de Santos. “En nombre de las FARC-EP ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra”.

Durante la ceremonia los dos viejos enemigos se estrecharon por primera vez la mano en Colombia, un símbolo del nuevo camino que empieza a transitar el país tras 52 años de confrontación que provocó 220.000 muertos, millones de desplazados y limitó el potencial de la cuarta economía de América Latina.

“Lo que firmamos hoy es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas”, declaró Santos.

“Cambiar las balas por los votos; las armas por las ideas, es la decisión más valiente y más inteligente que puede tomar cualquier grupo subversivo, y en buena hora ustedes entendieron el llamado de la historia”, sostuvo luego de regalarle a Londoño un prendedor de una paloma bendecido por el Papa Francisco.

Miles de colombianos en la plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades del país aplaudieron, festejaron y ondearon banderas mientras veían la firma del acuerdo en pantallas gigantes de televisión. Las autoridades organizaron shows musicales para celebrar la ocasión, que guerrilleros festejaron con conciertos en sus campamentos de la selva.

Entre los 2.500 invitados que asistieron a la ceremonia, vestidos de blanco, hubo 15 mandatarios, como el cubano Raúl Castro. También estuvieron el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el jefe de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y víctimas del conflicto.

Ahora el pacto deberá ser avalado por los colombianos en un referéndum. Todas las encuestas pronostican un triunfo del “Sí” en el plebiscito del 2 de octubre.

Pero si los vaticinios no se cumplieran, el presidente no podría implementar los acuerdos y el proceso de paz con el grupo rebelde más antiguo de Latinoamérica quedaría en el limbo.

El acuerdo de paz ha dividido a los colombianos. Muchos, como el ex presidente Álvaro Uribe, se oponen a que los líderes de las FARC, acusados de haber cometido asesinatos, secuestros y abusos sexuales, entre otros delitos, tengan la posibilidad de ocupar cargos políticos.

“Es un día histórico que genera una ruta posible para Colombia de búsqueda de una paz firme”, dijo Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno con la guerrilla, en una entrevista con Reuters. “Si gana el ‘No’ sencillamente se acabó el proceso”.

LA LETRA CHICA

A pesar de los escrúpulos de muchos colombianos, el pacto establece que los jefes guerrilleros deberán confesar todos sus crímenes ante un tribunal especial a cambio de una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años, antes de poder integrarse a la sociedad y aspirar a un cargo político.

El acuerdo, plasmado en un texto de 297 páginas, incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico, la implementación de la justicia, la compensación a las víctimas, el desminado de zonas del país y la implementación de los pactos.

El Gobierno estima que el pacto le ayudará a la desacelerada economía del país productor de petróleo, carbón y café, a lograr un crecimiento adicional anual de hasta dos puntos porcentuales en el PIB, que el año pasado fue del 3,1 por ciento.

De todos modos, la implementación de los acuerdos tardará por lo menos una década y tendrá un alto costo económico que aún el Gobierno no ha precisado.

La firma del acuerdo generó buenas noticias para las FARC. Mientras la Unión Europea la excluyó de la lista de organizaciones terroristas, una decisión que le permitirá a ese bloque apoyar el postconflicto, Estados Unidos dijo que aunque no está listo aún para hacer lo mismo, revisará la situación en la medida en que se implementen los acuerdos de paz.

A pesar de la firma del acuerdo con las FARC es un paso primordial para lograr la paz, no garantiza el fin total de la violencia en Colombia: aún opera en las selvas un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional, y las conversaciones entre el Gobierno y los insurgentes están estancadas.

DATOS-¿Qué acordaron el Gobierno de Colombia y las FARC?

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC firmaron el lunes un histórico acuerdo de paz para poner fin a un viejo conflicto que dejó cientos de miles de muertos y desplazados.

A continuación, los temas negociados en Cuba desde finales del 2012 por representantes del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

POLÍTICA DE DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL

Fue el primer tema abordado en las negociaciones. Cuando las FARC se levantaron en armas fue en búsqueda de una reforma agraria para los campesinos pobres. Las partes lograron en mayo del 2013 un acuerdo para resolver el despojo y la invasión de tierras, una de las causas de la violencia en Colombia.

El acuerdo incluye el acceso y uso de la tierra, planes de desarrollo social, infraestructura y adecuación de terrenos, estímulos para la producción del campo y seguridad alimentaria.

Las partes acordaron un fondo con 3 millones de hectáreas para campesinos que carecen de tierra o tienen muy poca. También se estableció formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas y mantener un programa de restitución de tierras para campesinos desplazados que perdieron sus parcelas en medio del conflicto.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

El punto se refiere a los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política, en particular para nuevos movimientos que surjan tras la firma de un acuerdo de paz.

En noviembre del 2013 se acordó el acceso de los nuevos movimientos políticos a medios de comunicación, mecanismos democráticos para la participación ciudadana y medidas para promover la participación política en igualdad de condiciones de todos los sectores, incluyendo las poblaciones más vulnerables.

Uno los principales desafíos es garantizar la seguridad de los líderes del movimiento político que nazca tras el acuerdo, en un país donde la izquierda ha sido perseguida en el pasado por paramilitares que llegaron a asesinar a miles de dirigentes.

Las regiones más golpeadas por la violencia tendrán 16 escaños en la Cámara de Representantes por dos periodos legislativos, es decir ocho años.

Durante dos periodos, a partir del 2018, el partido que funden las FARC tendrán 10 curules en el Congreso -cinco en el Senado y cinco en la Cámara de Representantes-, incluso si no consiguen los votos necesarios en las elecciones.

FIN DEL CONFLICTO

El tema se cerró en junio del 2016 con un acuerdo sobre cese bilateral y definitivo al fuego que incluye el abandono de las armas de las FARC y la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.

Un desafío importante será qué hacer con los cerca de 7.000 combatientes rebeldes y los cientos de personas que les sirven de apoyo logístico. Se necesitará una millonaria inversión para brindar capacitación a los integrantes de la insurgencia que no han tenido otra opción de vida diferente a las armas.

El acuerdo establece que 180 días después de la firma del acuerdo final, las FARC tendrán que dejar todas sus armas a Naciones Unidas (ONU). El grupo guerrillero deberá entregar listados de sus armas y de sus combatientes con identificación exacta.

SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

En mayo del 2014 se acordó establecer programas de sustitución de cultivos, recuperación ambiental de zonas afectadas por la siembra de hoja de coca, programas de prevención de consumo y la solución a los fenómenos de producción y comercialización de narcóticos.

El tema es complejo porque las FARC son acusadas por el Gobierno de haber obtenido millonarios recursos de la producción y el tráfico de cocaína, aunque los guerrilleros lo niegan.

Colombia es uno de los principales productores mundiales de cocaína, pese a una agresiva campaña antidrogas del Gobierno apoyada por Estados Unidos.

El Gobierno iniciará con el respaldo de las FARC programas de sustitución de cultivos ilícitos. Actualmente existen en el país más de 96.000 hectáreas plantadas con hoja de coca.

En el acuerdo se da prioridad a la sustitución voluntaria de los cultivos ilegales y la fumigación aérea será el último recurso para destruir los plantíos de hoja de coca.

VÍCTIMAS

En este capítulo se discutió la justicia. Fue considerado el más difícil de la negociación por la renuencia de las FARC a aceptar castigos penales.

Pero el 23 de septiembre del 2015 se acordó la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz dirigida a miembros de las FARC y agentes del Estado que directa o indirectamente hayan participado en el conflicto y cometido delitos. Se consideran dos procedimientos: uno para quienes admiten responsabilidad y otro para quienes no lo hacen o lo hacen tardíamente.

El acuerdo establece penas privativas de la libertad de entre cinco y ocho años, pero no cárcel, para quienes confiesen los delitos cometidos en medio del conflicto.

Las partes, sobre la base de un acuerdo adicional firmado el 15 de diciembre del 2015, buscarán resarcir a víctimas del conflicto y esclarecer lo que sucedió con cientos de desaparecidos a través de una “comisión de la verdad”.

Habrá amnistía para guerrilleros, militares y civiles que no hayan cometido crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN

Ya logrados los acuerdos definitivos en todos los temas, el Gobierno y la guerrilla pasarán a la implementación y a la verificación con acompañamiento de la ONU y de observadores internacionales.

El pacto será sometido a un plebiscito y, si es aprobado, el Gobierno promulgará leyes y normas durante un año para cumplir los acuerdos. Se estima que la implementación tardará por lo menos una década.