Colombia y disidencia FARC dan continuidad a diálogos tras polémicas capturas de sus miembros

BOGOTÁ (AP) — El gobierno de Colombia y una facción disidente de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia informaron el viernes que continuarán con las negociaciones de paz tras una “situación crítica” que causó polémica en el país en la que siete de sus integrantes fueron capturados cuando se movilizaban en vehículos oficiales.

“Las delegaciones reiteran el compromiso con los objetivos de paz, con el estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos, en particular a los de seguridad”, señalaron las partes en un comunicado emitido después de la reunión de delegados en la que evaluaron el incidente.

El martes las autoridades detuvieron una caravana de carros oficiales que transportaban a miembros de la disidencia que participaban en los diálogos con el gobierno, entre ellos alias “Firu”, el principal cabecilla del Frente 36, grupo armado que se negó a firmar el acuerdo de paz entre las FARC y el Estado en 2016 .

El día del incidente, el Ministerio de Defensa señaló que en un operativo de rutina en las vías de Antioquia, al noroeste del país, cinco personas fueron encontrados en “flagrancia” portando armas y con dinero en efectivo cuando se movilizaban en carros de la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de brindar protección a las personas en riesgo en Colombia.

La Fiscalía informó que quedarían en libertad tres de los cinco capturados debido a que el gobierno solicitó la suspensión de órdenes de captura para que participaran en la mesa de negociación que sostienen desde octubre de 2023, en el marco de la política gubernamental llamada “paz total” que impulsa el presidente Gustavo Petro.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, dijo el viernes a la prensa que se trató de un episodio “sumamente complicado porque nos prende una alarma” y pidió al gobierno que se “pronuncie respecto a posibles eventos de flagrancia” que puedan volver a ocurrir con armados con los que sostienen negociaciones de paz.

El gobierno y los disidentes acordaron hacer seguimiento a la situación jurídica de quienes continúan detenidos y enfrentan investigaciones ante la Fiscalía. También señalaron que revisarán los protocolos de esquemas de protección y traslados de los integrantes de la mesa de negociación.

La Procuraduría General, encargada de las investigaciones disciplinarias contra servidores públicos, ordenó el viernes abrir una indagación previa contra funcionarios a determinar de la Unidad Nacional de Protección, para determinar si al transportar a los miembros de la disidencia incurrieron o no en una falta disciplinaria.