Coalición de DDHH pide a Gobiernos alzar la voz sobre la situación de Nicaragua

Tegucigalpa, 24 mar (EFE).- La Coalición Nicaragua Lucha, integrada por 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas y periodistas, pidó este viernes a la comunidad internacional alzar la voz sobre el "terrorismo de Estado que vive el pueblo" nicaragüense.

"En la Semana de la Memoria, Verdad, Justicia llamamos a los Gobiernos a alzar la voz: ¡Nunca más persecución política, nunca más al terrorismo de Estado!", clamó esa Coalición, a través de una declaración en la que denunció que la Iglesia católica "continúa siendo perseguida en Nicaragua".

"La reciente etapa del terrorismo de Estado que vive el pueblo de Nicaragua cobra nuevamente protagonismo tras la criminalización y judicialización de miembros de la Iglesia católica y el clero, la ruptura de relaciones diplomáticas con el Vaticano, sumado al cierre de emisoras y organizaciones sin fines de lucro", señaló ese grupo de organismos.

Según esa Coalición, el Estado de Nicaragua ejecuta una vigilancia permanente en diversos templos e impide a la Iglesia católica realizar actos religiosos en vías públicas, "violando la libertad de culto a miles de nicaragüenses".

El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, también "limita aún más el espacio cívico en el país que continua en un régimen autoritario que se profundiza con el control absoluto sobre todos los poderes del Estado y las fuerzas de seguridad", añadió.

PIDEN PRESIÓN DIPLOMÁTICA Y ABOGAN POR OBISPO

Ante ese escenario, esa Coalición solicitó "a los Gobiernos de los Estados de la región y al mundo continuar ejerciendo presión diplomática al Gobierno de Nicaragua para que responda con sus deberes internacionales de derechos humanos, garantizando la libertad del monseñor Rolando Álvarez, y las otras 36 personas presas políticas en el país".

Asimismo, denunciaron "que persiste el patrón de secuestros, allanamientos ilegales a domicilios y centros de trabajo de la Iglesia católica", y que fueron "14 miembros (católicos) detenidos, 11 (de ellos) excarcelados y desterrados ilegalmente del país, entre ellos tres laicos, dos seminaristas, un diácono y cinco sacerdotes".

"Tres (religiosos) permanecen en la cárcel, dos acusados por delitos comunes y monseñor Álvarez condenado por menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, obstrucción de funciones agravada y desobediencia o desacato a la autoridad", anotó.

Esa Coalición alertó "con urgencia" que Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, "se encontraría en condición de desaparición forzosa después de haber sido trasladado a la cárcel La Modelo" el pasado 9 de febrero "y hasta la fecha ningún familiar han tenido acceso a visitas que constaten su integridad personal".

¿ESTRATEGIA DE AUTOAISLAMIENTO?

Además, denunció "la estrategia de autoaislamiento que el Gobierno de Ortega-Murillo pretende concretar en desacato permanente y ante la mirada de instituciones y organizaciones de derechos humanos".

"Interpelamos nuevamente a la efectividad del Sistema Universal de DDHH, cuyas organizaciones e instituciones multilaterales se han visto rebasadas ante un Gobierno sin voluntad de diálogo, ni sentido común", abogaron.

Entre las organizaciones que suscriben la declaración se encuentran el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas, la Unidad de Defensa Jurídica, la Asociación Madres de Abril, el Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, y el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

(c) Agencia EFE