Yahoo Noticias CNDH reconoce que Brenda Quevedo, presuntamente vinculada al secuestro del hijo de Isabel Miranda, fue víctima de tortura
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció que Brenda Quevedo, acusada de estar supuestamente vinculada con el secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de Isabel Miranda de Wallace, fue víctima de tortura por parte de servidores públicos de la entonces PGR y la Secretaría de Seguridad.
La CNDH determinó que las acciones en contra de Quevedo tuvieron el único fin de que se inculpara en el presunto secuestro del hijo de la activista.
“Fue objeto de actos de tortura por parte de elementos de la entonces PGR, FGR, la entonces SSPF y de la SSyPC quienes, a pesar de no ser completamente identificables en su totalidad, sí existe documentación que señala a aquellos responsables o corresponsables de la seguridad, guardia y custodia de V durante los diferentes momentos en que ocurrieron los eventos de tortura, así como de realizar las investigaciones correspondientes”.
Brenda Quevedo fue víctima de tortura por parte de servidores públicos desde el momento de su detención, durante su estancia en la SIEDO, y en su reclusión en el Centro de Prevención y Readaptación Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Posteriormente fue trasladada a Tres Marías, donde también fue víctima de tortura sexual.
La investigación de la CNDH establece que el actuar de las autoridades causó daños físicos y psicológicos no sólo a Brenda, sino también a sus familiares.
Brenda narró que sus agresores le infligieron golpes y técnicas de asfixia con bolsas de plástico sobre la cabeza, ahogamiento con agua, toques eléctricos en los dedos de los pies, aplastamiento de tórax con las rodillas, y diversas agresiones sexuales. Además, en todo momento la amenazaron con hacerle daño a su familia y matarla; la mantuvieron vendada y la envolvieron en una cobija para limitar su movilidad.
La Comisión destacó que también se tomaron en cuenta diversas irregularidades en el caso, entre las que se destacan las declaraciones falsas hechas ante la autoridad, así como la presunta fabricación de pruebas.
De acuerdo con la resolución, se debe iniciar la reparación inmediata del daño para hacer frente a los efectos sufridos con motivo de las violaciones a sus derechos humanos.
Estas medidas son las establecidas en los artículos 27, fracción Il, y 62, de la Ley General de Víctimas, así como del artículo 21, además de la rehabilitación, la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales. Además se contempla una compensación económica, la cual no ha sido concretada.
Luego de la resolución, Isabel Miranda publicó un mensaje en sus redes sociales, en el que asegura que la CNDH trabaja en favor de los secuestradores de su hijo.
“Los #Secuestradores de mi hijo cobrarán al Gobierno Federal el #rescate que yo no pagué, con ayuda de @CNDH al “regalar” recomendaciones a modo por instrucciones. Abogados corruptos que hacen negocio con los D.H”.
El caso de Brenda Quevedo
Brenda Quevedo Cruz fue detenida el 28 de noviembre de 2007, en Estados Unidos, pero fue hasta 2009 cuando fue extraditada a México. La búsqueda y detención de Quevedo se da luego de que Isabel Miranda desplegara una serie de espectaculares en donde la acusaba, junto con otro grupo de personas, de ser una secuestradora.
La detención ilegal de Brenda sucedió en el sexenio de Felipe Calderón, quien reforzó las políticas punitivas ya existentes, tales como la integración constitucional a la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) 1 para delitos considerados de “alto impacto social”, y el uso de las fuerzas armadas para medidas y acciones de seguridad pública.
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Desde la detención de Brenda, tanto su defensa como sus familiares han solicitado, por las vías jurisdiccionales y cuasi jurisdiccionales, que se investiguen estos actos de tortura; y afirman que las autoridades, junto con Isabel Miranda de Wallace, han entorpecido el agotamiento adecuado de los recursos internos y no han omitido actuar con debida diligencia y objetividad.
Brenda lleva 15 años en prisión preventiva sin que exista una sentencia.
