Claves para comprender la militarización de la política migratoria en México (Parte 2)

En la anterior entrega de este blog abordamos la militarización del Instituto Nacional de Migración (INM), principal ejecutor de la política para la atención de personas extranjeras, y la construcción de narrativas coercitivas y criminalizantes en contra de las personas migrantes y refugiadas. En esta segunda entrega se referirá el uso de la fuerza desproporcional por parte de elementos del INM y de otras autoridades, particularmente la Guardia Nacional, así como la legitimación de estos operativos través de un discurso eufemístico y manipulador.

Al respecto, de acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el uso de la fuerza se refiere a “la inhibición por medios mecánicos y biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra”. En este sentido, existe un amplio espectro de elementos que constituyen uso de la fuerza y van desde el uso de indicaciones verbales por parte de una autoridad, el uso de técnicas corporales, así como toletes, tasers, además de -por supuesto- las armas de fuego.

Aunque los agentes del INM no están autorizados para portar armas de ningún tipo, eso no implica que no hagan uso de la fuerza ya que, como se dijo, puede ejercerse por su presencia e indicaciones, así como por técnicas corporales. Aunado a ello, como se mencionó en la primera entrega, hay un involucramiento por parte de la Guardia Nacional (GN), quienes no solo están autorizados para portar armas de fuego, sino que utilizan armas de uso exclusivo del Ejército que tienen un diseño y función letal.

En este sentido, podemos dividir los operativos de control migratorio en dos vertientes: para contener las caravanas migrantes y, segundo, los puntos de revisión migratoria. Así, en los operativos implementados para contener el avance de las caravanas migrantes se implementan acciones para restringir su desplazamiento, por ejemplo, con perímetros de contención, en los que es usual la presencia de elementos de la GN y de elementos policiales. En estos operativos se ha documentado el uso de la fuerza por parte de agentes policiales, de la GN y de mismos agentes del INM para inmovilizar a las personas e incluso se ha llegado a usar gas lacrimógeno de forma indiscriminada con el pretexto de disolver la congregación de personas. Adicionalmente, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana documentó que agentes del INM reciben entrenamiento en el uso de bastón antimotines, considerado como un arma disuasiva de combate cercano que por lo general se usa para disuadir multitudes.

Por otro lado, en la revisión migratoria se instalan operativos semipermanentes en diversos puntos estratégicos a lo largo de la ruta migratoria, en los que además del INM participan también policías estatales y municipales, Guardia Nacional e incluso agentes del ejército y la marina. Aunque estos puntos de revisión se solían ubicar en carreteras y caminos de la ruta migratoria, de forma reciente se ha normalizado su instalación en terminales de autobuses, aeropuertos y comunidades con presencia de personas migrantes.

Incluso, tal como han documentado albergues de la REDODEM, hay operativos de revisión en puntos cada vez más cercanos a los espacios de acogida como albergues y organizaciones de atención a migrantes.

Este panorama evidencia que la perspectiva criminalizante de la migración ha sido absorbida por la militarización, pues la presencia de armas de fuego y el establecimiento de puntos estratégicos de revisión se aleja de una visión de seguridad ciudadana y atención humanitaria, para dar paso a elementos de control más bien propios de una estrategia militar, que tienen por objetivo controlar los territorios, cuerpos y las psiques de las personas.

Adicionalmente, estas acciones están respaldada por una narrativa oficial que suele mezclar los operativos de contención antes descritos con las acciones para el combate del tráfico de personas, nombrándolos indistintamente como “rescates”, con el objetivo manipular la opinión pública e invisibilizar una práctica generalizada de detención migratoria y la vulneración de derechos humanos, tanto por fuerzas armadas estatales en los operativos de contención, como la falta de garantía de quienes efectivamente son víctimas de un delito.

Ante esta realidad, exigimos que el Estado Mexicano elimine los puntos de revisión migratoria, así como erradique la presencia de la GN y de otras fuerzas de policía en las labores migratorias y brinde las capacidades y los recursos para que sean las instituciones encargadas de la atención humanitaria quienes atiendan los flujos migratorios, incluidas las autoridades de protección civil, salud y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

* La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes – REDODEM (@RedodemMX) es una red nacional de albergues, casas para migrantes y organizaciones en 14 estados del país.