Clamores ante la Corte

El 22 de mayo pasado 94 organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos documentos aportando consideraciones y razones jurídicas que respaldan su solicitud de que se declare la inconstitucionalidad y por lo tanto la invalidez del segundo bloque de reformas electorales contenidas en el llamado plan B del gobierno federal por exactamente las mismas razones que condujeron a la anulación del primer grupo de leyes.

Las agrupaciones civiles han ido más allá de una simple petición. Aprovechando la figura del llamado Amicus Curiae, que permite a los ciudadanos aportar a la Corte razonamientos en torno a los casos que está analizando, presentaron una extensa argumentación jurídica, artículo por artículo, sobre la inconstitucionalidad de las reformas del segundo decreto presidencial, en especial las que afectan a la organización del INE y los procesos electorales.

Entre las asociaciones civiles firmantes de esos documentos colectivos se encuentra el Instituto de Estudios para la Transición Democrática A. C. (IETD), un organismo singular porque sus miembros han seguido y han participado activamente por casi 34 años en los intensos debates de los que surgieron los métodos electorales hoy vigentes en el país y varios de ellos han sido protagonistas directos de su instrumentación institucional. El IETD mismo ha presentado también a los ministros su propio Amicus Curiae, orientado sobre todo a examinar, a la luz de la experiencia, las implicaciones prácticas y políticas que se derivan de la violación a los preceptos constitucionales tanto en el procesamiento legislativo como en el contenido de las reformas específicas a la LEGIPE.

El Amicus  particular del IETD que comentaremos aquí, se ocupa en primer término del camino anómalo seguido por los diputados y sus peligrosas consecuencias. Además  de la transgresión de los principios de la deliberación democrática, el IETD rescata sus efectos políticos y prácticos.

Por primera vez en décadas una reforma electoral no cuenta con el respaldo de ningún partido de oposición. La aceptación de las reglas es la garantía de que las elecciones se conduzcan en forma pacífica en un terreno que, como el electoral, está plagado de pasiones políticas. Así, la falta de consenso sobre las reglas por no escuchar a las oposiciones se convierte en una fuente potencial de deslegitimación de los resultados y de indeseable violencia política.

Por otra parte, el IETD destaca las amenazas a los procesos electorales. En un informe del Secretario Ejecutivo al Consejo del INE, en enero de 2023, quedaron plasmados los numerosos errores técnicos que resultan de una elaboración descuidada y la nula deliberación en el Congreso. Es decir: el déficit de discusión parlamentaria  no solo es un falla formal sino también un error político que tendría serias consecuencias sobre el ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos y eventualmente de la paz social.

El documento del IETD explica las posibles secuelas de la violación del mandato constitucional de separación entre las áreas directivas y ejecutivas del Instituto. La Ley impugnada pretende desaparecer a la Junta General Ejecutiva, Y no solo la desaparece, sino que transfiere la mayoría de sus funciones a un nuevo órgano llamado Comisión de Administración integrado por cinco consejeros electorales y en el que los directores ejecutivos tendrían únicamente derecho a voz. Al cargo de Secretario Ejecutivo se busca convertirlo en un “auxiliar” de ese Consejo. La reforma intenta a borrar la separación entre los órganos directivos –en este caso el Consejo General—y ejecutivos –la Junta— con ello se destruye una de las fórmulas organizativas más exitosas. La separación entre órganos de dirección  y ejecutivos contiene la clave del buen desempeño de un organismo que está permanentemente sometido a toda clase de presiones y exigencias por parte de los partidos políticos y los gobiernos. Por sus dañinos efectos, el IETD pide a la Corte rechazar la  pretendida Comisión de Administración del INE.

La otra pretensión que puede tener consecuencias graves es el recorte significativo en el personal que forma el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). La clave de los altos índices de eficacia y transparencia alcanzados en la  organización  de los comicios –que han logrado incluso reconocimiento internacional—es el resultado de un esfuerzo institucional de décadas por construir un sólido servicio civil de carrera. Se estima  que los irreflexivos cambios en la organización del INE dejarán fuera del Instituto a más de 1,564 funcionarios profesionales con un severísimo daño a su capacidad operativa.

En fin, el Amicus Curiae presentado por el IETD, con argumentaciones como estas, se suma al alud de recursos e impugnaciones que ha recibido el Plan B en la Corte y demuestra que las quejas no se originan en meros reclamos formales o legalistas, sino en la legítima preocupación por impedir que sea destruida una construcción institucional que ha requerido décadas de esfuerzos.

* Luis Emilio Giménez Cacho es sociólogo y especialista electoral.