Los argentinos que hayan tramitado la ciudadanía italiana tendrán que empezar a prestar más atención a tener los datos personales actualizados -en especial, la dirección- en un sistema online de trámites consulares mientras residan fuera de Italia. Es que ese país acaba de imponer multas económicas si esa información, a partir de ahora, no está al día: el monto puede ser de hasta 1000 euros por año que dure el incumplimiento de esa obligación.

Pero, tras la publicación de la medida, abogados especializados en derecho migratorio y constitucional en la Argentina e Italia plantean que la interpretación puede llegar a ser ambigua, ya que el texto se refiere al cambio de residencia, “cuando una persona se traslada desde Italia hacia el extranjero y viceversa”, como señaló uno de los letrados desde Roma. A la vez, coincidió con una colega en la Argentina que aún se desconoce cómo finalmente lo implementarán las comunas de Italia o, también, los consulados.

En lo que sí insistieron es en la obligatoriedad para todo ciudadano italiano que viva en otro país -con o sin domicilio en Italia alguna vez- de estar inscripto en el Registro de Italianos Residentes en el Extranjero (AIRE, por su nombre en italiano) y mantener sus datos actualizados. No hacerlo, traba cualquier solicitud consultar, sea de pasaporte, asistencia o inscripción de hijos, entre otros trámites.

En diciembre, el Parlamento italiano aprobó la aplicación de multas dentro de la ley de presupuesto, de más de 300 páginas, que entró en vigor el 1º de este mes. Según se lee en la ley N° 213 promulgada el 30 de diciembre pasado, el plazo para actualizar el cambio de domicilio “desde o hacia el extranjero” es de 90 días y la penalidad monetaria es de entre 200 y 1000 euros por año. Pero por no cumplir con la obligación de estar inscriptos en el AIRE, la multa es de entre 100 y 500 euros por año.

Votar a distancia

En la Argentina, hay 1,6 millones de personas con doble nacionalidad, incluidos los que alguna vez se mudaron desde o hacia Italia. Es la comunidad de residentes más grande fuera de ese país y la segunda, luego de Uruguay, en proporción con respecto a la población total, según recordó Katherine Muñoz Tufro, magister en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia. Menos de 300.000 votan, a distancia, y comentó que no suele existir el hábito entre los ítalo argentinos de mantener actualizados sus datos personales con los años y una vez obtenida la nacionalidad. Estimó que alrededor del 80% de sus clientes que tramitan el pasaporte ante el consulado no tienen el domicilio al día.

Pero esa no es la única información personal para la que ya regía, por norma, la obligación. “Además de recibir las comunicaciones para el voto, hay que inscribir a los hijos y avisar en el caso de matrimonio, divorcio o adopción. Todo cambio de estado civil y de domicilio debería informarse”, explicó Muñoz Tufro.

Eso se hace a través del sistema consultar online Fast It. Primero, que tener un usuario o, si no, crearlo. Luego, hay que acceder a la ficha consular de cada titular, donde se pueden revisar qué datos figuran. Si son correctos, todo finaliza ahí. Si no, hay que modificarlos para actualizarlos en el AIRE.

La inscripción en el AIRE es, por ley, un derecho y una obligación de los ciudadanos italianos. A la vez, según informa la representación diplomática de Italia en la Argentina, es un requisito para acceder a los servicios consulares y ejercer derechos civiles, que van desde poder participar a distancia en comicios, consultas populares o elección de representantes al Parlamento europeo, además de obtener o renovar documentos personales o certificaciones. LA NACIÓN intentó comunicarse con el consulado local, pero no fue posible hasta el momento.

“Esta nueva normativa es fundamental para tener actualizados los datos de los ciudadanos ítalo argentinos a los fines de poder seguir manteniendo la comunidad entre un país y el otro”, pondera, ante la consulta, Luciana Noli, miembro de la Comisión de Jóvenes Profesionales del Círculo Italiano, donde realizan charlas profesionales y eventos de networking para fomentar los vínculos entre los países y sus intereses.

Gratuito y simple

El trámite online es gratuito y “fácil de realizar”, según confirma Muñoz Tufro. Insiste en que recién luego de chequear la información de la ficha consular, solo hay que hacer alguna modificación si aparece un dato que no esté correcto. De lo contrario, no es necesario hacer otro paso. Como se dijo, esto rige para los ítalo argentinos que tengan 18 años o más.

“Ya se consideraba que la persona con ciudadanía italiana estaba en falta porque era un deber informar un cambio de domicilio u otro dato personal. Ahora, el gobierno italiano sumó la penalidad económica para los ciudadanos en el exterior. Esto tiende más a regularizar y estandarizar [la información personal] de los italianos que residen en otros países y que obtiene la ciudadanía y se olvida”, agrega la abogada.

El valor de la sanción monetaria lo determinará la comuna “en cuyo registro esté inscripto el infractor”, de acuerdo con el texto del punto 242 (que actualiza una norma de 1954) de la ley de presupuesto italiana para 2024-2026, que se publicó en el Boletín Oficial de ese país el 30 del mes pasado. “Este año, la ley de presupuesto introdujo sanciones económicas para los ciudadanos italianos residentes en el extranjero que no estén inscriptos en el AIRE”, precisó desde Roma, ante la consulta, Carlo Rombolà, docente universitario y socio fundador del estudio jurídico internacional Rombolà y Asociados.

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De acuerdo con los cambios, según continuó, “a partir del 1° de enero de 2024, todos los italianos que residan de manera permanente en el extranjero están obligados a inscribirse en el AIRE y a comunicar al consulado competente su residencia. Para ser más precisos, la obligación de inscripción ya estaba prevista en la ley N° 470 de 1988, pero, a menudo, este cumplimiento se pasaba por alto. La modificación normativa, por lo tanto, tiene el propósito de endurecer las sanciones e incentivar la inscripción misma”.

Cinco preguntas

Junto con los abogados Annalaura Carbone y Claudio Campolattano, del Departamento de Derecho de Inmigración del estudio en Italia, respondieron las preguntas de LA NACION sobre el alcance del cambio normativo. Rombolà aclaró que, por la interpretación literal del texto actual, “el único dato personal que debe comunicarse para evitar la sanción es el cambio de residencia, cuando se traslada desde Italia hacia el extranjero y viceversa”.

-¿Qué plazos define la ley para revisar, actualizar o informar los datos personales?

-Los plazos a cumplir para evitar sanciones son dos, relacionados con dos comunicaciones que el ciudadano italiano debe realizar. La primera está destinada al municipio italiano, cuando se cambia la residencia de Italia al extranjero y viceversa, y el plazo a respetar es de 20 días desde que ocurrió el traslado (artículo 13, párrafo 2, decreto 223/89). El segundo plazo, en cambio, es de 90 días y se refiere a la comunicación que se debe enviar al consulado italiano competente para la inscripción en el AIRE. En este caso, el plazo es de 90 días desde que ocurrió la emigración al extranjero (artículo 6, párrafo 1, ley N° 470/88). El mismo artículo 11, párrafo 2, de la ley N° 1228 de 1954, también establece un plazo adicional de 90 días para corregir la falta de inscripción en el consulado, siempre que no se hayan recibido comunicaciones de las administraciones públicas sobre actividades de verificación. En estos casos, la multa pecuniaria se reducirá.

-¿De qué depende el valor de la multa prevista y quién lo fija?

-El rango de la sanción es amplio, con un margen que va desde un mínimo de 200 euros hasta un máximo de 1000 euros por cada año en que se haya omitido la inscripción en el registro civil y hasta un límite de cinco años. La cuantificación queda a discreción del municipio italiano de última residencia [o de inscripción], que verifica la infracción y determina su gravedad al evaluar diferentes indicadores, como la duración de la violación. Un ejemplo práctico se da al comparar la situación de alguien que emigró hace solo seis meses con la de alguien que emigró hace 20 años sin inscribirse nunca en el registro de residentes en el extranjero. Se aclara que, al menos en una primera evaluación y en ausencia de indicaciones normativas en contrario, la sanción se impone para cada individuo, por lo que, en casos de familias que se han trasladado al extranjero, todos los miembros de la familia (incluidos los menores) podrían ser multados, cada uno por el máximo establecido de 1000 euros.

-¿A partir de qué momento puede regir la multa?

-La sanción administrativa no podrá imponerse por violaciones cometidas antes del 1° de enero de 2024, de acuerdo con el artículo 1, párrafo 1, de la ley Nº 689 del 24 de noviembre de 1981 y en aplicación del principio de legalidad.

-¿Cuál es el objeto de este cambio normativo?

-Según admitió el gobierno [italiano], buscan contrarrestar la conducta de aquellos que mantienen ilegítimamente la inscripción en el registro civil de la población residente en Italia para beneficiarse de ventajas fiscales y tributarias, aunque en realidad se hayan trasladado al extranjero, generando flujos de dinero que no aportan ingresos al Estado. Esto, en cualquier caso, no excluye la relevancia del cumplimiento de la inscripción en el AIRE, que permitirá a los italianos residentes en el extranjero disfrutar plenamente de sus derechos asociados a la ciudadanía.

-¿A qué datos personales alcanza esa obligación?

-Aunque no estén sujetos a las sanciones descriptas, por disposición expresa de la ley, todos los datos personales de los residentes en el extranjero deben actualizarse. Entre esta información se incluyen, por ejemplo: cambios en el estado civil para la transcripción de actos en Italia (matrimonios, nacimientos, divorcios, etcétera), el traslado de la residencia o domicilio, el regreso definitivo o el primer traslado de la residencia a Italia y la pérdida de la ciudadanía italiana. La falta de actualización de los datos, en particular respecto a la residencia, conlleva la imposibilidad para el ciudadano de utilizar los servicios consulares y recibir los paquetes electorales u otras comunicaciones provenientes de los consulados.