El circo de lo absurdo y la máquina de impunidad: por qué no funciona la investigación criminal en México (Parte 3)

Múltiples reformas han tratado de mejorar la justicia penal. Los cambios intentan separar la coerción penal de su papel histórico como el garrote detrás del poder político. Pero se cambian las instituciones sin modificar la premisa de tratar a la burocracia como un bien político y no un bien público. En esta clave, no se instalan estándares técnicos en el funcionamiento institucional. En vez, se trata de encontrarles un dueño bueno que no abusará del poder. El descuido en el diseño funcional de las instituciones ha sido a tal grado, que en la actualidad en México no hay quien investigue delitos. Como una fábrica de balones que carece de medios para crear objetos esféricos, la búsqueda de buenos dueños ha dejado a la justicia penal sin un órgano investigador.

La justicia penal requiere de tres funciones: La investigación de delitos, su judicialización y finalmente que estos sean juzgados. La policía tiene la tarea de investigar, descubrir y entender. Una vez que la policía informa qué ha sucedido, la fiscalía se aboca a construir un caso judicializable. Se trata no solo de recopilar y ordenar aquello que conoce la policía, sino de dotarlo de las formalidades, antecedentes y contexto necesario para poder narrar esa historia de manera clara y convincente ante un juez. Se trata de tres funciones diferentes porque cada una exige una lógica propia. Además, su separación es un medio reforzado para garantizar que esta, la herramienta coercitiva de mayor envergadura que tenemos como sociedad, se proteja del uso discrecional. Se trata de que nadie sea juez y parte y que la persecución penal responda a estándares técnicos.

En México, se logra clarificar el papel del poder judicial dentro de la justicia penal, pero las funciones de investigación y de judicialización quedan en un desaseo inoperante. Es un diseño institucional en el que nadie cumple la función de investigar. En muchos países la investigación y la judicialización se cumplen por dos instituciones distintas. En México, la lógica política de quien será dueño de la coerción penal resultó en un modelo mixto que no es ni el de una sola entidad, ni el de dos separadas. En la rebatinga por el botín de la coerción penal, la fiscalía supuestamente autónoma, conservó el título de propiedad.

Actualmente la ley dota a la policía de facultades para investigar, pero también establece que el M.P., en las fiscalías, sea quien coordine la investigación. El resultado es una fuerza policíaca que solo “investiga” recolectando lo que le requiere la fiscalía. A más de diez años de estas reformas la policía no cuenta con la capacitación, los recursos materiales, ni la práctica y consecuentes procedimientos organizativos para verdaderamente investigar. Hoy por hoy, subsiste una policía sometida a la autoridad del M.P.

A su vez, la fiscalía coordina la investigación pero no investiga delitos. A decir del Fiscal General de la República, la institución bajo su cargo está impedida de realizar investigaciones y solo puede recibir denuncias que estén fundadas y con las pruebas suficientes. Reitera que no es su función hacer pesquisas y que es responsabilidad de quien denuncia aportar las pruebas para que así la fiscalía pueda presentarlas ante un juez. 1 Es decir, la fiscalía opera únicamente como quien judicializa y no aquel que indaga.

La consecuencia de esta falla en el diseño institucional es enorme. En la práctica las fiscalías reducen su labor a la recolección de evidencia más no a la investigación criminal. Se trata de acciones rutinarias sin un razonamiento estratégico. La práctica es probar aquello que ya se conoce y no descubrir lo desconocido para luego probarlo. Esta lógica explica en gran medida la actuación rígida y formalista de muchos M.P. Desde una lógica probatoria, toda acción debe resultar en la obtención de un dato de prueba. En cambio la investigación, bajo una lógica indagatoria, debe realizar múltiples acciones que no se sabe si resultarán en la obtención de información útil o no. Cuando la fiscalía se limita a probar lo ya conocido, la investigación criminal asemeja el esfuerzo canino por capturar su propia cola.

En algunos casos la víctima podrá aportar toda la información necesaria y bastará con que un M.P. traduzca lo que aporta la víctima a una clave probatoria. Pero muchos casos, como robo vehicular o un asalto, se cometen por personas desconocidas para la víctima. Es necesario que se investiguen los hechos para luego poder probar el caso. Sin duda, TODA la delincuencia compleja escapará cuando nadie la investiga. Desaparición, extorsión, cobro de piso, violencia entre grupos delictivos, explotación y trata son delitos que aquejan al país y que requieren de investigación y de acción oficiosa.

Reformar la justicia en México exige una mirada sistémica que atienda el diseño técnico del conjunto de instituciones especializadas, transparentes y complementarias. Solo así se evitará el riesgo de que en búsqueda de un dueño bueno, se regrese el dominio de la coerción penal por un solo actor. Bajo el manto de la prisión preventiva oficiosa, quien ejerza la investigación domina la coerción penal. Ante propuestas que consideran a la SEDENA como el mejor dueño, importa más que nunca el diseño técnico y transparente en vez de la opacidad del fuero militar.

Tercera y última parte de la investigación realizada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia sobre por qué no funciona la investigación criminal en México. La primera parte se puede leer aquí y la segunda parte, acá. La investigación completa se puede leer en este enlace.

1 Debate: Eduardo Buscaglía y Alejandro Gertz Manero. Aristegui Noticias. 16 de septiembre, 2022.