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CICR pide a grupos armados que negocian en Colombia respetar derecho internacional humanitario

BOGOTÁ (AP) — El Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia hizo un llamado el miércoles a las mesas de negociación entre el Estado y los grupos armados para que adopten acuerdos especiales que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil.

Lorenzo Caraffi, jefe de delegación del Comité en Colombia, dijo a The Associated Press que las negociaciones en curso o los grupos armados que quieran negociar podrían tener mayor credibilidad si adoptan compromisos claros y medibles sobre el respeto al derecho internacional humanitario.

“El DIH (derecho internacional humanitario) no habla de paz, pero el respeto al DIH sí puede preparar las condiciones para que haya paz y sea más fácil la reconciliación”, agregó Caraffi, quien presentó el balance anual humanitario del Comité.

Colombia sigue lidiando con la violencia pese a que en 2016 firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Otros grupos armados se disputan el control de los territorios que dominaba la guerrilla, así como las lucrativas economías ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal.

El presidente Gustavo Petro, el primero de tendencia izquierdista en el país, puso en marcha una política de “paz total” que busca diálogos simultáneos con grupos ilegales. Los más avanzados son con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de la extinta FARC que nunca firmó el acuerdo de paz. Recientemente, el gobierno abrió la posibilidad de negociar con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, el mayor cártel de narcotráfico.

En el país existen ocho conflictos armados de carácter no internacional, de acuerdo con el Comité. Tres de ellos son entre el Estado y el ELN, el EMC y el AGC. Los demás son conflictos entre grupos armados como el ELN y las AGC, y las disidencias de las antiguas FARC. El Comité clasificó por primera vez un conflicto entre el EMC y las AGC, luego de dos años de observación y análisis de las hostilidades y las consecuencias humanitarias que han generado.

Pese a las negociaciones en curso, el Comité concluyó que en 2023 la situación humanitaria no presentó mejoras significativas para la población. Documentó 444 presuntas violaciones del derechos internacional humanitario y otras normas por parte de actores armados estatales y no estatales, como empleo de artefactos explosivos, amenazas, violencia sexual y reclutamiento de menores.

Mientras que los enfrentamientos entre el Estado y los grupos armados disminuyeron, se intensificaron las disputas entre actores armados, dejando a la población civil expuesta. Por ejemplo, el confinamiento de comunidades aumentó un 19% en comparación con el año anterior y 47.013 personas fueron afectadas por la presencia de artefactos explosivos, enfrentamiento entre grupos y control territorial.

El Comité señaló que es posible que por efecto de los ceses al fuego acordados entre el Estado y los actores armados que están en diálogo hayan disminuido en un 27% las víctimas de artefactos explosivos, llegando a 380.

Las negociaciones también podrían ser una explicación para que fueran liberadas 66 personas por grupos armados durante 2023 gracias a la intermediación del Comité, la cifra más alta de los últimos cinco años. “Hay un lazo directo entre la voluntad de hacer gestos y el número de liberaciones que ocurrieron... creo que en otras circunstancias varias de las personas liberadas habrían perdido la vida”, indicó Caraffi.

Aunque inmediatamente después de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC la violencia disminuyó, desde 2018 el Comité ha notado un aumento de las consecuencias humanitarias por una reconfiguración del conflicto.

Caraffi aseguró que en la actualidad la situación es muy compleja por la multitud de grupos armados que afectan a unos territorios más que a otros: mientras a nivel nacional hubo una disminución del 13% en los desplazamientos, en Putumayo, al sur del país, se incrementó en un 1.000%.