Chihuahua cuenta con un retraso de seis meses en la homologación de Ley de Movilidad estatal

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) fue un trabajo impulsado por sociedad civil, la academia y la función pública con el fin de garantizar un piso mínimo de legislación que contuviera las mejores prácticas nacionales y recomendaciones de carácter científico avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Dicha ley fue aprobada por unanimidad y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de mayo del 2022, dando un plazo no mayor de 180 días al Congreso de la Unión y las legislaturas estatales para aprobar las reformas necesarias a las Leyes de su competencia con el objetivo de armonizarlas de acuerdo con lo establecido en la LGMSV.

Un proceso tropezado impulsado por sociedad civil

En Chihuahua, la mesa técnica para el trabajo en la homologación de la ley inició en junio del 2022, la convocatoria incluyó la participación del personal de las secretarías del estado involucradas en materia e integrantes de distintas organizaciones civiles. Sin embargo, la mesa técnica que en un inicio se programó con dos sesiones semanales terminó por sesiones que en repetidas ocasiones fueron canceladas, pospuestas y reinstaladas, minando la participación ciudadana y generando procesos de difícil seguimiento. A la poca continuidad de las sesiones se le sumó la poca participación de las secretarías por parte del ejecutivo, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública (que cuenta con Vialidad y Tránsito) y la Subsecretaría de Transporte nunca participaron en los trabajos de la mesa técnica; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) participó hasta los últimos dos meses en que cerró el proceso, mientras que el Instituto Municipal de Planeación participó ocasionalmente en algunas sesiones para resolver dudas puntuales. Realmente las únicas Secretarías que participaron activamente en todas las sesiones fue la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Lic. Mabel Martínez.

Así, bajo un esquema tropezado, la Arq. Olalla Ávila Fernández y el Lic. Jorge Antonio Carlos Macias, secretario técnico, lideraron la continuidad e invitación constante para que desde la academia y sociedad civil se impulsara el trabajo de la mesa técnica y con ello la homologación de la Ley. En total, tuvieron que realizarse 38 sesiones en un periodo de 11 meses para que los trabajos en la redacción y revisión concluyeran, 7 meses y 12 días después de la fecha límite que establece la Ley para su publicación.

Figura 1. Entidades federativas que cuentan con Ley Estatal de Movilidad, 2023

¿Dónde quedó la bolita?

Los trabajos de la mesa técnica acabaron en mayo del 2023. El resultado se refleja en una propuesta de Ley que incorpora los elementos más importantes de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial e integra las tres iniciativas de Ley de Movilidad que fueron propuestas con anterioridad por MORENA, el PRI y el PAN. Sin embargo, actualmente no hay señales de vida de que el proceso legislativo se encuentre en movimiento, pues la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, presidida por la diputada Andrea Daniela Flores Chacón, no ha comunicado ni socializado los avances en la revisión y continuidad del proceso. Aunque la diputada asegura que el dictamen se presentará a mediados de septiembre y octubre, la realidad es que la mesa técnica se ha mantenido en silencio y no existe evidencia de algún tipo de acercamiento por parte de los diputados para la socialización y revisión del proyecto. Por otro lado, la sociedad civil, como la canción de Antonio Aguilar, nomás mirando y esperando señales de que el proceso siga vivo.

¿Por qué importe socializar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial?

En México, la mayor parte de la inversión pública en movilidad se enfoca en mejorar la movilidad del vehículo particular. El Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP, 2016) ha reportado que el gasto en movilidad se distribuye de manera desigual entre los distintos modos de transporte y movilidad de las urbes mexicanas. El último reporte muestra que el 81% del gasto en movilidad en las zonas metropolitanas del país fue hecho en infraestructura vial y pavimentación, en contraste con el 19% del gasto total en infraestructura peatonal, ciclista y espacio público.

Esta inversión sostenida a la infraestructura vehicular no es nueva, en las últimas décadas las ciudades mexicanas han generado inversiones millonarias en infraestructura vial y han olvidado por completo a la población que se mueve a pie, en bicicleta o en transporte público. En Chihuahua, por ejemplo, el último censo de vivienda del INEGI muestra que en la ciudad capital tan solo existe un 33% de cobertura de banqueta, lo que demuestra que la política pública de movilidad del Estado se ha enfocado al transporte motorizado privado.

La inversión casi exclusiva al vehículo privado ha motivado la adquisición insostenible de automóviles en el estado. Según el Instituto Mexicano del Transporte, el promedio del índice de motorización (IM) (cantidad de vehículos en una región determinada por cada 1000 habitantes) de Chihuahua es de 354,4 vehículos. Esta medida ha crecido un 8% anual entre 1940 y 2010, lo cual significa que el número de coches se duplicó cada siete años durante 70 años (Islas et al., 2011). Aunado a lo anterior, la poca inversión al transporte público en Chihuahua ha desmotivado su uso. En México, por ejemplo, a nivel nacional el 65% de los traslados realizados se hacen en transporte público, pero en Chihuahua capital tan solo el 16,5% de los viajes realizados se hacen por este medio (Instituto Municipal de Planeación Chihuahua, 2018).

Figura 2. Población que viaja en transporte público y vehículos privados por Zonas Metropolitanas, 2018.

Toda la información previa hace entender que la ciudadanía y tomadores de decisión en Chihuahua presentarán una resistencia natural al cambio de las políticas de movilidad sostenible y seguridad vial. La sostenida inversión en infraestructura vial y la gran cantidad de vehículos disponibles per cápita en la entidad presionará las decisiones de política pública e inversiones en infraestructura de movilidad. Sin la correcta socialización de la nueva Ley se puede caer en vicios y errores con los que otras entidades han tropezado; se habla de cambios en la redacción del dictamen final para no asumir el costo político de este cambio de paradigma e incluso el congelar la propuesta porque las mismas autoridades no se ponen de acuerdo o no entienden la importancia de ver la movilidad y la seguridad vial como un derecho y con fundamento científico.

Sin ejercicios correctos de capacitación y socialización de la Ley con y para las autoridades, las políticas públicas en la entidad continuarán con el esquema actual que favorece el transporte privado, en perjuicio del transporte colectivo y en detrimento de la construcción de un espacio público democrático que beneficie a todas las personas. Además, como lo indicó Román Meyer Falcón, secretario de la SEDATU, durante la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, sin el compromiso político estatal para la armonización de la ley antes del cinco de octubre será imposible coordinar efectivamente acciones para mejorar la movilidad urbana, pero, sobre todo, salvar vidas.

* Sergio Andrade-Ochoa (@rat_inside) actualmente es catedrático-investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua y Líder de proyecto de Estrategia Misión Cero. Ha sido reconocido por la International Youth Foundation, Fundación MAPFRE, la Federación Latinoamericana de Asociaciones Químicas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Secretaría del Desarrollo Social y Rotary International por sus contribuciones en materia de derechos humanos, salud pública, ciencia y tecnología.

Referencias:

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). Parque vehicular 2019.

• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2019). Vehículos de motor registrados en circulación 2019.

• Instituto Municipal de Planeación Chihuahua. (2018). Plan sectorial de movilidad urbana sustentable de la ciudad de Chihuahua: Informe de Desarrollo y Evaluación de Alternativas.

• Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP). (2016). Invertir para movernos 2015: Diagnóstico de inversión en movilidad 2011-2015.

• Islas, V. M., Moctezuma, E., Hernández, S., Lelis, M., & Ruvalcaba, J. I. (2011). Urbanización y motorización en México. Instituto Mexicano Del Transporte (IMT).

• Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). (2023). Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial 2023-2042.