Centro antiaborto de Broward incumplió normas y siguió recibiendo dinero de los contribuyentes

Este artículo fue publicado en colaboración con el Miami Herald y Reveal News.

Para entender los problemas en la supervisión de la Florida de los centros antiaborto, usted no tiene que mirar mucho más allá de Mary’s Pregnancy Resource Center en el Condado Broward.

El centro en crisis alejaba a las mujeres del aborto a la vez que proporcionaba pruebas de embarazo, ecografías y clases para padres gratis. Fundado por Yohanka Reyes y su esposo, su misión tenía sus raíces en la terrible historia de la propia Reyes: La primera vez que se quedó embarazada tras sufrir una agresión sexual de niña, abortó. La segunda vez decidió llevar a término el embarazo, que resultó ser el único hijo que daría a luz.

Mary’s “fue la bendición más grande del mundo”, declaró Reyes en una entrevista con un canal de televisión católico en español. “Poder contar mi historia, y poder salvar tantas vidas y poder llegar a sus almas con la palabra de Jesús”.

Durante años, Mary’s fue una de las joyas de la corona de Florida Pregnancy Care Network, la poco conocida organización sin fines de lucro que administra el programa de “alternativas al aborto” financiado por el estado. En abril, el perfil de la red creció enormemente después de que la Legislatura de la Florida aprobara quintuplicar la financiación a $25 millones anuales. En octubre, el apoyo estatal volvió a aumentar después que el Departamento de Salud de la Florida aumentó discretamente el contrato a $29.4 millones.

La financiación de este año eclipsa la de toda la década pasada, cuando la red distribuyó casi $23 millones en dinero de los contribuyentes directamente a los centros de embarazo. Mary’s ha sido uno de sus mayores beneficiarios, recibiendo más de $2.2 millones en ese período.

Sin embargo, Mary’s se tambaleó financieramente durante gran parte de ese tiempo, lanzando numerosas señales de alarma que la red no pareció advertir. Durante al menos tres años,no presentó el Formulario Federal 990, los formularios fiscales exigidos a las organizaciones sin ánimo de lucro, ni otros documentos requeridos, lo que llevó al Servicio de Rentas Internas (IRS) y al estado a revocar temporalmente su exención fiscal. Esto debería haberle impedido recibir dinero público, según el manual de cumplimiento del programa estatal. Pero durante este periodo, la red dio a Mary’s $622,000.

Florida Pregnancy Care Network tenía previsto conceder otros $275,000 a Mary’s este año, según los documentos obtenidos a través de una solicitud de registros públicos, hasta que periodistas de Reveal, de The Center for Investigative Reporting, y del Miami Herald empezaron a hacer preguntas.

Ahora Mary’s ha abandonado la red y enfrenta casi $170,000 en embargos fiscales federales. En noviembre, se colocó un aviso de desalojo en la puerta principal de su edificio de dos pisos junto a un cartel que decía: “Nos mudamos”.

Reyes declinó las solicitudes de entrevista, quejándose que los periodistas la trataban injustamente. “¿Por qué no aceptan a Jesús como Señor y Salvador y así dejan de hacer daño a gente que realmente intenta ayudar a los demás?”, escribió en un correo electrónico.

Una revisión de los registros de Florida Pregnancy Care Network de los últimos tres años muestra que las deficiencias de supervisión que permitieron a Mary’s recaudar fondos estatales son endémicas en el programa estatal de alternativas al aborto, según descubrió una investigación de Reveal/Herald.

Florida Pregnancy Care Network no ha estado llevando a cabo revisiones regulares de las declaraciones de impuestos de las organizaciones sin ánimo de lucro. Los centros no necesitaban solicitar financiación cada año porque sus contratos se renovaban automáticamente. El estado no exige a la red que realice visitas frecuentes a los centros de embarazo en crisis que financia; el año pasado visitó menos de la mitad de los centros que financiaba. Los empleados de la red se reunieron con el personal de Mary’s solo dos veces en 18 meses, una en persona y otra por internet.

Y como Florida Pregnancy Care Network es una organización sin fines de lucro, no está sujeta al mismo tipo de transparencia que se exige a los organismos públicos, lo que protege al programa del escrutinio que los legisladores y funcionarios públicos harían cuando se gastan millones de dólares de los contribuyentes. Canalizar millones de dólares de los contribuyentes a través de una organización sin fines de lucro “crea una nube sobre la libertad de información”, dijo la representante estatal demócrata Anna Eskamani, de Orlando. “Deberíamos tener la capacidad de saber exactamente lo que estos fondos públicos están haciendo en nuestro estado”.

Subsanar las lagunas de supervisión de la red es más urgente que nunca, dado su rápido crecimiento financiado por el estado. La representante estatal republicana Jennifer Canady, del Condado Polk, quien copatrocinó el proyecto de ley de financiación, dijo que se puso en contacto con la directora ejecutiva de Florida Pregnancy Care Network después que reporteros le enviaron el aviso de los problemas en Mary’s para “asegurarse de que el dinero de los contribuyentes se usa de manera eficaz”.

“Hay centros de atención al embarazo en todo el estado que hacen un trabajo increíble y hacen cosas por las mujeres”, dijo Canady. “Pero cualquiera que no esté siguiendo las reglas no debería estar recibiendo fondos estatales”.

En una declaración escrita, Rita Gagliano, directora ejecutiva de la red, calificó la situación de Mary’s de “incidente aislado”, y añadió: “No creemos que las acusaciones vertidas en relación con este único centro sean representativas del programa, de cómo funciona o de cómo seguirá funcionando”.

La red ha puesto en marcha nuevos requisitos para que los centros compartan las declaraciones de impuestos federales y los informes financieros de fin de año, y se exigirán auditorías anuales a cualquier organización sin ánimo de lucro que reciba $750,000 o más en fondos públicos. El próximo año fiscal, tendrán un nuevo proceso de renovación anual de contratos.

Pero esas medidas de control siguen siendo “lo mínimo”, dijo Eskamani.

Si el estado no refuerza significativamente la forma en que supervisa el programa y ordena que Florida Pregnancy Care Network sea más transparente sobre sus procesos, los problemas graves están destinados a continuar, dijeron legisladores y expertos.

“La transparencia reduce la corrupción”, dijo David Cuillier, director del Proyecto de Libertad de Información de la Universidad de la Florida. Problemas como los de Mary’s “ocurren todo el tiempo cuando tienes un sistema envuelto en el secretismo”.

El programa de alternativas al aborto de la Florida se remonta a la administración del gobernador Jeb Bush en 2005. El objetivo, según la entonces vicegobernadora Toni Jennings, era ayudar las mujeres a superar embarazos, que de otro modo, podrían verse tentadas a interrumpir: “Queremos que sepan que tienen una opción”. El año pasado, unas 50 organizaciones sin fines de lucro recibieron fondos estatales, entre ellas centros de embarazo, agencias de adopción y maternidades.

El Departamento de Salud de la Florida establece las normas básicas del programa. Pero desde el principio, la responsabilidad de dirigirlo ha recaído en Florida Pregnancy Care Network, cuyos vínculos con los conservadores antiabortistas y los grupos religiosos son profundos. Uno de sus fundadores, el Dr. Rufus S. Armstrong, ginecólogo y obstetra de Tampa, lideró en 2012 una fallida campaña electoral que pretendía eliminar la protección constitucional del aborto en el estado.

El programa de alternativas al aborto dio su primer gran estirón en 2016, cuando los legisladores aumentaron la financiación de $2 millones a $4 millones al año. En 2018, codificaron el papel de la red como el único conducto para distribuir el dinero de los contribuyentes.

La mayor parte de esa financiación se ha destinado a clases para padres y asesoramiento “con el objetivo de dar a luz”. Otros servicios cubiertos incluyen pruebas de embarazo, asesoramiento sobre la pérdida del embarazo, clases para padres, pruebas de infecciones de transmisión sexual y exámenes médicos para los no asegurados.

La ampliación de este año fue mucho más amplia, y se produjo cuando los legisladores republicanos de la Florida reaccionaron a la desaparición de Roe contra Wade restringiendo los abortos. La ley estatal que prohíbe el aborto después de las seis semanas está en suspenso a la espera de un fallo de la Corte Suprema de la Florida.

El creciente protagonismo de los centros de embarazo refleja una tendencia que puede observarse en otros estados conservadores en la era posterior a la derogación del fallo del caso Roe vs. Wade. Durante décadas, el movimiento de los centros de embarazo en crisis se enfocó en persuadir a las mujeres “vulnerables al aborto” para que optaran por la maternidad o la adopción. Ahora, en los estados conservadores con leyes restrictivas sobre el aborto, los centros de crisis para embarazadas están renovando su misión: intentan llenar las crecientes lagunas en el acceso a la atención de salud reproductiva ofreciendo exámenes de bienestar a las mujeres, pruebas de infecciones de transmisión sexual e incluso algunos cuidados prenatales.

Con tanto dinero nuevo fluyendo hacia el programa de la Florida, muchos centros antiaborto están recibiendo el doble, e incluso el triple, de los fondos que recibían en años anteriores. El estado también está reembolsando más por servicios específicos; por ejemplo, el reembolso por asesoramiento se duplicó a $2.50 por minuto. Gran parte de ese dinero se destinará a alquileres y salarios, según los registros.

Algunos de los contratos más importantes de este año se han adjudicado a diócesis católicas que gestionan centros de embarazos en crisis.

La rama de Catholic Charities de la Diócesis de St. Petersburg recibirá hasta $800,000 este año fiscal, incluso para sus cuatro centros de embarazo en crisis Foundations of Life en el área de Tampa Bay. Eso es más del triple de su contrato el año pasado, y de acuerdo con el presupuesto operativo que presentó al estado, los fondos podrían casi cubrir todo el presupuesto. La directora de Foundations of Life, Laura Ramos, dijo que el nuevo dinero se destinará a la promoción de dos empleados de tiempo parcial a tiempo completo y la adición de un técnico de ultrasonido más.

“Vivimos en un mundo en el que a las mujeres se nos dice constantemente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nos dicen que no podemos tener hijos e ir a la escuela. Nos dicen que no podemos tener trabajo y tener hijos”, dijo Ramos. “Estamos aquí para decirles que sea cual sea la decisión que tomen, caminaremos con ellas”.

El contrato de la Arquidiócesis de Miami ha aumentado más del doble hasta alcanzar los $350,000, suficiente para cubrir 75% de su presupuesto presentado este año. En una entrevista con el Herald la primavera pasada, Angela Curatalo, directora de los tres centros de embarazo de la Arquidiócesis, dijo que los voluntarios, muchas de las iglesias locales, animan a las mujeres en las sesiones de asesoramiento financiadas por el estado a no abortar.

“No es un asesoramiento profesional”, dijo a un periodista del Herald en abril. “No pretendemos que lo sea”.

Hablan a las mujeres de servicios como Medicaid y cupones de alimentos, ecografías gratis y adopción. Usan modelos de plástico de fetos del primer trimestrey advierten sobre los supuestos efectos a largo plazo del aborto, como el trastorno de estrés postraumático, las ideas suicidas y el abuso de alcohol o drogas, información que no está respaldada por investigaciones médicas sólidas.

“Les hacemos saber que no tienen por qué seguir ese camino”. dijo Curatalo.

Florida Pregnancy Care Network también vio un gran aumento en su propia financiación estatal para gastos operativos, incluyendo $1 millón para marketing. Este tipo de gasto es un punto delicado para los opositores al programa, incluyendo Eskamani, la representante estatal de la zona de Orlando.

“Parte de estos $29.4 millones se destinarán literalmente a vallas publicitarias, anuncios de radio, anuncios de televisión, simplemente para impulsar la retórica contra el aborto y el estigma contra el aborto”, dijo. “Creo que eso debería estar totalmente prohibido”.

Otros $100,000 se destinarán a financiar un centro de llamadas Option Line gestionado por Heartbeat International, una de las mayores organizaciones antiabortistas del país, para remitir a las mujeres a centros de atención a embarazadas.

Las autoridades sanitarias de la Florida carecen prácticamente de competencia para regular los centros de atención a embarazadas. Eso significa que Florida Pregnancy Care Network es la única agencia con una verdadera ventana a las operaciones de los centros de embarazos en el estado. Pero eso no significa que ofrezca supervisión.

Gagliano dijo que la red supervisa solo los servicios “que son facturables al programa”. “Esperamos que los miembros mantengan y actualicen de forma independiente y adecuada todos los demás aspectos empresariales de sus organizaciones”, escribió, ya que son “completamente independientes de [la red]”.

Según el manual de cumplimiento del programa, el estado exige que los centros de embarazo tengan políticas para atender las quejas de los clientes, presenten facturas mensuales en las que se detalle el número de clientes atendidos y el número total de minutos dedicados a la prestación de servicios, y verifiquen los antecedentes de empleados y voluntarios. La red también está obligada a realizar una “revisión in situ” de los centros “en persona o por Zoom cada dos años”. Y los centros también deben completar la capacitación, aunque el manual no especifica qué capacitación se requiere.

Una vez al año, los centros de atención a embarazadas también deben someterse a un “control”, un proceso que incluye una auditoría financiera. Pero Florida Pregnancy Care Network solo audita la información de un mes y de un único trimestre financiero, y avisa a las participantes en el programa con 30 días de antelación sobre los períodos que tiene previsto revisar.

“Necesitamos que la gente visite estos centros”, dijo la líder de la minoría en el Senado estatal, Lauren Book, que representa a partes del Condado Broward, incluido el lugar donde estaba Mary’s. “La gente debería estar mirando, ‘¿Cuál es nuestro retorno de la inversión?”

El estado también requiere que la red asegure que los centros están proporcionando información médica “precisa y actualizada” a los clientes. Sin embargo, Reveal descubrió el año pasado que alrededor de un tercio de los centros financiados por el estado en la Florida habían publicado información médica engañosa o inexacta en sus sitios web, como afirmaciones inexactas sobre el aborto como causa de infertilidad, ataques de ansiedad e ideas suicidas.

En octubre, Book presentó un proyecto de ley que exige que el Departamento de Salud realice inspecciones anuales en los centros financiados por el estado y multe a los que distribuyan información médica errónea a los clientes.

Cuillier, experto en libertad de información, dijo que la externalización de las operaciones del programa de alternativas al aborto crea barreras en torno a la capacidad del público para examinar cómo se gastan los fondos de los contribuyentes.

Book formó parte de un pequeño contingente de legisladores demócratas que se opusieron públicamente a la propuesta de aumentar la financiación de la red este año. Los legisladores propusieron reasignar el dinero a otros servicios, como recursos para víctimas de violencia doméstica y agresión sexual y servicios de telesalud para un programa piloto de atención materna a minorías. Al final, las enmiendas no prosperaron.

SOBRE EL REPORTAJE

Para llevar a cabo esta investigación, Reveal de The Center for Investigative Reporting y el Miami Herald examinaron los contratos de Florida Pregnancy Care Network, los manuales de cumplimiento, los acuerdos de los centros y otros documentos de los últimos tres años fiscales obtenidos a través de solicitudes de registros públicos al Departamento de Salud de la Florida. Los reporteros también revisaron los Formularios 990 del IRS disponibles públicamente presentados por Florida Pregnancy Care Network y docenas de centros de embarazos en crisis desde 2014.

Este artículo fue editado por Nina Martin, Kate Howard y Casey Frank y revisado por Nikki Frick.

Laura C. Morel puede ser contactada en lmorel@revealnews.org, y Clara-Sophia Daly en csdaly@miamiherald.com. Sígalas en X: @lauracmorel y @clarasophiadaly.