Mientras los Cayos enfrentan llegada de migrantes, Florida lucha en los tribunales contra la política federal de inmigración

Un juez federal comenzó el lunes a escuchar los argumentos en una batalla legal entre la Florida y la administración del presidente Joe Biden sobre la inmigración, una larga lucha política que en los últimos días ha cobrado protagonismo en los Cayos, adonde cientos de migrantes han llegado en barcos.

El juicio, que se espera que se prolongue hasta el jueves, tiene su origen en una demanda que la procuradora general de la Florida Ashley Moody presentó contra la administración de Biden en 2021. El tema afecta de cerca mientras que el gobernador Ron DeSantis dice que la llegada de migrantes a los Cayos “probablemente será un desastre mayor”.

Esta semana en Pensacola, los abogados de la oficina de Moody tratarán de convencer al juez federal de distrito T.K. Wetherell que el gobierno de Estados Unidos está infringiendo la ley federal a través de políticas que liberan en la comunidad a los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera sur, muchos de ellos con la esperanza de llegar a la Florida.

Por su parte, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos argumentarán que la administración de Biden —al igual que cualquier otra administración en el pasado— tiene discreción sobre a quién detener y liberar después de que entran ilegalmente en el país.

El caso es “simplemente un desacuerdo sobre política”, argumentó la abogada del DOJ Erin T. Ryan durante las declaraciones iniciales el lunes. Su resolución debería producirse en las “urnas, no en en un tribunal”, añadió.

Pero el estado sostiene que las políticas del gobierno federal están perjudicando a la Florida y pretende demostrarlo mostrando cómo el flujo de inmigrantes indocumentados hacia el estado está elevando el costo de servicios como la educación, la salud y los servicios por de desempleo.

“Los demandados provocaron la crisis fronteriza, y lo saben”, dijo el subprocurador general de Política Jurídica de la Florida, James H. Percival.

La batalla legal se sumará a los perpetuos dimes y diretes de la Florida con la administración de Biden en materia de inmigración. Aunque la oleada de inmigrantes en los Cayos no se mencionó en el juicio del lunes, el resultado del juicio pudiera tener un impacto en los cientos de cubanos y haitianos que están llegando en barco a los Cayos.

El gobernador Ron DeSantis, que se plantea una posible candidatura a la Casa Blanca en 2024, se ha presentado repetidamente como el opuesto de Biden en asuntos clave. El viernes, el gobernador culpó a las políticas de la administración de Biden en la frontera por la situación en los Cayos y activó la Guardia Nacional de la Florida para responder a la situación.

DeSantis, con Moody como aliada clave, pondrá a prueba esas políticas federales de inmigración en los tribunales en los próximos días.

¿Cuál es la política en disputa?

La Florida está tratando de bloquear la aplicación de una política llamada “Libertad Condicional y Alternativa a la Detención”, que permite a las autoridades de inmigración liberar a ciertos inmigrantes indocumentados en o cerca de la frontera bajo el llamado parole.

Una vez en libertad, se les inscribe en un programa federal que “impone una serie de obligaciones a los inscritos para garantizar que se presentan ante el ICE [la Policía de Inmigración y Aduanas] en un plazo determinado y se les somete a un procedimiento de expulsión”, afirma la administración de Biden en los documentos judiciales.

La administración de Biden argumenta que carece de recursos y capacidad de detención para procesar y detener a la ola de inmigrantes que llegan a la frontera. Pero el estado no se lo cree.

Percival argumentó que la administración de Biden está evitando a propósito la detención, señalando las declaraciones públicas del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en las que dijo que la detención era “usada en exceso” por el gobierno federal.

“No hay mejor ejemplo que sus palabras”, dijo Percival.

¿Quién subirá al estrado?

Los abogados de ambas partes llamarán a testigos, incluidos funcionarios de las administraciones de DeSantis y de Biden.

El testimonio en video del jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl L. Ortiz, grabado en julio, fue reproducido en el tribunal el lunes.

Ortiz dijo que cree que la situación en la frontera es una “crisis” y que ha habido un número “sin precedentes” de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde que Biden asumió el cargo.

Uno de los factores que pudieran contribuir al aumento de migrantes, declaró Ortiz, es el rumor de que se está poniendo en libertad condicional a más migrantes en lugar de detenerlos.

Los cubanos, venezolanos y nicaragüenses son a menudo liberados en la comunidad bajo parole porque no pueden ser devueltos a su país de origen, testificó.

El estado también llamó a Jacob Oliva, canciller del Departamento de Educación de la Florida. Declaró que la situación en la frontera pudiera afectar a los distritos escolares de la Florida.

Todos los niños en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio o de ciudadanía, tienen derecho a una educación primaria gratis.

Oliva dijo que “no hay manera” que los funcionarios estatales de educación rastreen cuántos niños indocumentados están inscritos en las escuelas de la Florida. Dijo que hay alrededor de 112,000 estudiantes —alrededor de 3% de los estudiantes de las escuelas públicas del estado— que nacieron en el extranjero o asistieron a la escuela fuera de Estados Unidos tres años o más.

Ryan, del Departamento de Justicia, argumentó que esos estudiantes también pudieran ser titulares de una tarjeta de residencia o ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero.

Como resultado, argumentó Oliva, una afluencia de estudiantes migrantes pudiera convertirse en una “tensión significativa” en los planes de gastos de los distritos. Dijo que el estado tiene que invertir en la certificación de los maestros, los intérpretes y tener en cuenta otros costos, como la escuela de verano para los estudiantes que puedan necesitar tiempo extra para ponerse al día en la escuela.

En particular, señaló los costos asociados con la educación de los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Aunque ser estudiante de inglés no es indicativo de la situación migratoria de un alumno, Oliva sostuvo que algunos de los estudiantes son indocumentados.