El Cartel de Los Soles: herederos de Chávez que convirtieron a Venezuela en bastión del narcotráfico

El régimen de Nicolás Maduro, insatisfecho con el saqueo de la riqueza petrolera del país, ha volcado su atención a una actividad que por el momento luce más lucrativa: el narcotráfico.

Una filtración masiva de documentos confidenciales colombianos aporta evidencia adicional sobre el papel que actualmente desempeñan altas figuras del régimen socialista de Caracas y oficiales de las fuerzas armadas en la exportación de cientos de toneladas al año de cocaína. Los documentos fueron complementados con la entrevista de cerca de dos docenas de ex funcionarios del gobierno chavista, ex funcionarios de la agencia antidroga estadounidense DEA, y ex integrantes de la operación criminal que opera en Venezuela.

La presente investigación – realizada conjuntamente por el Miami Herald, el portal de noticias venezolano Armando.info, y la organizacion de investigaciones periodísticas OCCRP (Organised Crime and Corruption Reporting Project) – muestra que el papel en las actividades de narcotráfico de las autoridades venezolanas ha progresado con el tiempo desde un rol inicial de cobrar dinero por hacerse de la vista gorda al de actores activos y el de jefes de las operaciones.

“Ellos son los que están a cargo ahora, directamente involucrados en el transporte de cocaína, la distribución de cocaína, no sólo a Estados Unidos, sino también a Europa”, dijo Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

Esta realidad es el telón de fondo en los esfuerzos emprendidos por la administración Biden por descongelar las tensas relaciones entre Caracas y Washington y fomentar la estabilidad política en Venezuela. El mes pasado, Washington levantó parcialmente las sanciones impuestas por la administración anterior, luego que Caracas se comprometiera a celebrar elecciones justas y libres en el país sudamericano el próximo año.

Sin embargo, esos esfuerzos comenzaron a tropezar a los pocos días, luego que el régimen emprendiera acciones para echar por tierra la selección de María Corina Machado como candidata de la oposición, luego que la dirigenta ganara con un inmenso margen las primarias de los adversarios al chavismo.

Este artículo forma parte de la serie “NarcoFiles: El nuevo orden criminal”, una investigación periodística transnacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten.

El proyecto, liderado por OCCRP en alianza con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), comenzó con una filtración masiva de documentos de la Fiscalía de Colombia. La filtración fue compartida con el Miami Herald y más de otros 30 medios de comunicación de todo el mundo.

Los periodistas examinaron los documentos filtrados y corroboraron la información mediante entrevistas y otros informes independientes.

Informes obtenidos a través de la filtración y testimonios obtenidos a través de cerca de dos docenas de entrevistas dejan en evidencia la participación directa de militares venezolanos, en sociedad con elementos de la guerrilla colombiana, en operaciones del narcotráfico, y como el régimen se ha vuelto cada vez más dependiente del dinero proveniente de esta actividad ilícita para contrarrestar el colapso de la industria petrolera y el peso de las sanciones estadounidenses.

El resultado final es que Venezuela es actualmente un importante puente en las exportaciones mundiales del narcotráfico, desde donde salen entre 250 y 350 toneladas métricas al año, con un valor en la calle de entre $6,250 millones y $8,750 millones.

El fenómeno complica las relaciones diplomáticas con Venezuela ante la duda sobre si al entablar el diálogo con el régimen uno lo está haciendo con revolucionarios que en ocasiones incursionan en el narcotráfico o con capos de la droga que se han apoderado de todo un país.

La tendencia no ha pasado desapercibida en Washington. Hace tres años, el Departamento de Justicia presentó cargos contra altos funcionarios del régimen de Maduro, acusándolos de encabezar el denominado Cartel de Los Soles, llamado así por la insignia del sol que usan los generales venezolanos.

Pero algunos albergaban sospechas de que los cargos, que no han llevado a arrestos de los más altos cargos, se hicieron con fines políticos, especialmente dado que la administración del presidente Donald Trump había rechazado la legitimidad de Maduro, reconociendo en cambio al líder de la oposición Juan Guaidó.

Los documentos incluidos en la filtración colombiana, junto con otras pruebas que lo corroboran, podrían ayudar a disipar esas dudas.

“El Cartel de los Soles es una importante organización de narcotráfico, altamente criminalizada que... opera desde los niveles más altos del gobierno venezolano”, dijo IBI Consultants, una firma consultora de seguridad especializada en el crimen organizado transnacional en América Latina en un informe confidencial que fue desarrollado para una agencia policial estadounidense.

Según informes obtenidos a través de los NarcoFiles, las autoridades colombianas consideran que el Cartel de los Soles es una “amenaza activa” junto con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación y una megabanda venezolana conocida como El Tren de Aragua.

En uno de los informes confidenciales, oficiales colombianos de inteligencia reportaron que el Cartel de los Soles está activo a lo largo de los departamentos fronterizos de Vichada, Guainía y Arauca, en los que estableció alianzas con guerrilleros colombianos y carteles mexicanos para establecer y fortalecer rutas marítimas para el transporte de la droga rumbo a Estados Unidos y Europa, así como para el contrabando de oro y otros minerales extraídos ilícitamente.

Estas alianzas crearon las bases para una pujante economía ilegal, señala uno de los informes ultrasecretos elaborado por el ejército colombiano y obtenido a través de NarcoFiles. La plataforma es “utilizada para el movimiento de contrabando, tráfico de armas e insumos líquidos necesarios para la producción de estupefacientes para luego ser llevados a Venezuela y desde allí distribuidos a Centroamérica [en su camino a Estados Unidos] y Europa”, dice el informe.

El epicentro de esta vasta red es la región montañosa del Catatumbo, en la frontera con el estado venezolano de Zulia, que tiene la tercera mayor concentración de plantaciones de hojas de coca del país. Las fuentes dijeron que la gran mayoría, si no la totalidad, de las 42,000 hectáreas de hojas de coca sembradas allí se convierten en pasta de coca y luego se destinan a Venezuela a través de una serie de ríos.

Si bien la erradicación de la hoja de coca ha sido tradicionalmente un elemento clave de la guerra contra las drogas de Colombia, se ha producido un cambio estratégico. Bajo la administración del presidente izquierdista Gustavo Petro, elegido en 2022, Colombia ha cambiado de enfoque, optando por perseguir a los capos colombianos y dejar quietos a los campesinos con sus sembradíos.

El cambio de estrategia ha conducido a un aumento dramático en la superficie dedicada a la producción de coca, dijeron fuentes de la DEA al Herald. Cada hectárea de hojas de coca cosechada tiene un rendimiento promedio de 7.9 kilogramos de cocaína en polvo, según cifras proporcionadas por un informe sobre Colombia que acaba de publicar la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Esas cifras sugieren que más de 330 toneladas transitaron a través del estado Zulia desde la región del Catatumbo sólo el año pasado, una cifra alarmante dado que los expertos dicen que el Catatumbo suministra sólo alrededor del 60% de las drogas que ingresan a Venezuela. El resto es transportado por ríos en la región de los llanos y la región selvática en el sur.

Las plantaciones del Catatumbo, en su mayoría pertenecientes a campesinos independientes que cultivan pequeños lotes, se han convertido en una importante fuente de ingresos para los integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de los integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como para el Ejército Popular de Liberación (EPL). Según uno de los informes fechado en 2022, el comercio de cocaína producida solo en esa zona genera cada año alrededor de 25 billones de pesos, unos $5,900 millones de dólares.

Sin embargo, una serie de enfrentamientos armados sostenidos entre los tres grupos el año pasado cambiaron la ecuación, y la mayor parte de la producción de hoja de coca está actualmente controlada por miembros del ELN, quienes adquieren la hoja de coca de los campesinos, y las procesan en pasta o en cocaína en polvo para vender al cartel venezolano, dijeron las fuentes.

Los expertos dicen que el régimen venezolano comenzó a facilitar el tráfico de drogas hace casi 20 años, pero señalan que en los últimos tres años se ha visto un aumento explosivo en el volumen manejado por los militares.

Tres ex agentes de la DEA que supervisaron la situación en Venezuela en diferentes momentos coincidieron con la evaluación de Vigil sobre el papel actual del ejército venezolano y de alto nivel del régimen de Maduro en las operaciones de narcotráfico. Esa opinión también fue confirmada por media docena de ex funcionarios venezolanos que rompieron filas con el régimen y que ahora viven en Estados Unidos.

Uno de los exagentes de la DEA dijo que dada la estructura jerárquica de las fuerzas armadas, donde cada decisión viene directamente desde arriba, “no hay duda de que los máximos comandantes y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, están directamente involucrados”.

De hecho, Padrino es uno de los funcionarios venezolanos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tráfico de drogas.

Pero no es el único. Entre los solicitados por la justicia estadounidense se encuentran otros 13 funcionarios venezolanos de alto rango, incluyendo a Maduro y al diputado chavista Diosdado Cabello, normalmente considerado la segunda figura más poderosa del régimen.

En la lista también figuran el exvicepresidente Tareck El Aissami, el ministro del Interio Néstor Reverol, el exjefe de inteligencia militar Hugo “El Pollo” Carvajal, y el general Clíver Alcalá.

La presentación de cargos no ha sido del todo un ejercicio inútil. Carvajal fue extraditado a Estados Unidos desde España a principios de este año para enfrentar cargos de tráfico de drogas. Alcalá ya se declaró culpable en Nueva York de haber asistido a las FARC pero niega haber participado en operaciones de narcotráfico.

Según datos obtenidos a través de la presente investigación, el número de funcionarios del régimen involucrados en operaciones de drogas es mucho mayor de lo que sugiere la lista de acusados. Las entrevistas realizadas por el Herald con más de una docena de militares y ex funcionarios del régimen revelaron los nombres de más de 75 funcionarios y empresarios cercanos a figuras centrales del gobierno involucrados en las operaciones del cartel.

La mayoría son miembros activos o retirados de las fuerzas armadas venezolanas, pero en la organización también figuran autoridades locales y regionales a cargo de las zonas por las que circula la droga y empresarios que sirven de testaferros.

Los ingresos de la droga han ayudado al régimen a resistir el golpe económico causado por las sanciones estadounidenses y la caída de la renta petrolera provocada por el colapso de la industria de petróleo bajo manos del régimen de Caracas.

Un informe de mayo de 2022 del Departamento de Estado de Estados Unidos describió a Venezuela como una ruta preferida para el tráfico de drogas, predominantemente cocaína. Otro estudio de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos destacó las asociaciones de exportación de drogas que involucran a “organizaciones criminales, individuos corruptos del régimen de Maduro y otros”, en asociación con elementos de la guerrilla colombiana.

La riqueza generada por las ventas de drogas, a menudo escondida en el extranjero o en opacas corporaciones extraterritoriales, se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el régimen y la economía venezolana. Según un informe reciente de Transparencia Venezuela, la rama de Transparencia Internacional en el país sudamericano, y la firma de análisis Ecoanalítica, los ingresos por tráfico de drogas ascendieron a $5,100 millones de dólares en 2022, o el 8.5% del producto interno bruto del país.

Fuentes dentro de Venezuela subrayan que existen tres principales ejes de operaciones.

▪ Eje Catatumbo: Esta es la operación de mayor tamaño y canaliza la proveniente de la región del Catatumbo, donde las hojas de coca se convierten en cocaína en pasta o polvo. El producto luego es cargado en pequeñas embarcaciones que viajan hacia Venezuela por los ríos Catatumbo, Zulia y Tarra desde localidades colombianas como Ocaña, La Gabarra y Tibú.

Del lado venezolano, operadores controlados por el Cartel de los Soles han establecido laboratorios capaces de transformar la pasta en cocaína en polvo, lo que les permite obtener mayores ganancias. Muchas veces la droga es llevada a pistas de aterrizaje construidas cerca de los ríos. Algunas de éstas han sido detectadas en los alrededores de las localidades de Encontrados y El Cruce. Los vuelos normalmente parte de Venezuela con dirección norte para luego girar bruscamente a la izquierda hacia Centroamérica, muchas veces llegando hasta Honduras.

Si bien el papel de los militares en esta área ha sido tradicionalmente el de recibir pagos para permitir la entrada de drogas, gradualmente han tomado más control de las operaciones y se han convertido en proveedores de los cárteles mexicanos. En el teatro del Catatumbo, el control militar proviene de la guarnición del ejército cercana al poblado de Casigua-El Cubo, Fuerte Motilón, que mantiene el control de la zona.

La ruta de vuelo por el Caribe, en dirección norte o norte-noreste antes de girar hacia el oeste, fue diseñada para evitar las instalaciones de radar en la isla colombiana de San Andrés, cerca de la costa nicaragüense, dijeron las fuentes. Pero las fuentes dijeron que esta ruta comenzó a cambiar después de que funcionarios estadounidenses la conocieron, y los traficantes han estado experimentando con lanchas rápidas que se dirigen a Haití y la República Dominicana.

▪ Eje Arauca: El segundo teatro de operaciones está sentado sobre los llanos colombo-venezolanos, región por los que transportan una porción significativa de la hoja de coca cosechada en Putumayo (133,000 hectáreas a 2022) y Guaviare (16,700 hectáreas). En este eje, la droga es enviada hacia las localidades de Cravo Norte, Tame, Fortul y Saravena, desde donde es llevada por ríos hacia Venezuela.

Dado que gran parte de los llanos son propensos a inundaciones durante la temporada de lluvias, la mayoría de las cargas es transportada por pequeñas lanchas o canoas antes de llegar hasta San Fernando, la capital de Apure, o pueblos cercanos.

La zona también cuenta con hatos ganaderos con acceso a los ríos y pequeñas pistas de aterrizajes privadas, y éstas han sido convertidas por los miembros del cártel venezolano en centros de almacenamiento y distribución.

Gran parte de la droga enviada a través de este eje termina siendo transportada hacia Puerto Cabello, el mayor puerto del país, donde la cocaína es escondida en barcos de carga con destino a Europa, el Caribe o Centroamérica. Fuentes del interior de Venezuela dijeron que los cargamentos que transitan por la región de Arauca representan alrededor del 30% del total que ingresa al país.

▪ Eje Vichada-Orinoco. Este es el más pequeño teatro de operaciones y funciona alrededor de los ríos Vichada y Orinoco. Los envíos que salen de Colombia normalmente son llevados por río hasta el pueblo fronterizo de Isla Ratón, y de allí son llevados por bote a través del rio Orinoco hasta Puerto Ayacucho, en su recorrido hacia el norte hacia los estados Delta Amacuro y Monagas.

La mayoría de estas cargas son pequeñas y transportadas en canoas, y representan alrededor de una décima parte del total que ingresa al país.

Si bien la mayor parte de los envíos de cocaína ingresan a Venezuela a través de áreas remotas y, en ocasiones selváticas, las fuentes dijeron que el control general reside en manos de quienes controlan el país en Caracas.

“Todo esto es administrado por las mismas facciones poderosas que tienen el control del Estado, que han convertido el narcotráfico en un instrumento del Estado para sobrevivir”, dijo Douglas Farah, presidente de IBI Consultants. “Esto no es algo casual. Se ha convertido en un elemento central que permite al régimen mantenerse en el poder”.