Carlos Beraldi desvinculó a Cristina Kirchner de la asignación y el control de los fondos para la obra pública a Santa Cruz

Con duras críticas a la acusación formulada por el fiscal Diego Luciani, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, comenzó hoy con su alegato con una defensa técnica que buscó refutar los cargos contra la vicepresidenta con pruebas que, a su criterio, fueron ignoradas o mal interpretadas por la fiscalía. Habló de un “deliberado ocultamiento”.

Luciani pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión, además de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En su exposición de manera virtual, Beraldi negó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) que las obras cuestionadas en este expediente hayan sido a otorgadas Lázaro Báez de manera irregular y buscó desvincular a su defendida de la asignación de fondos a la provincia de Santa Cruz. Reforzó en varios pasajes que la asignación de los fondos como el control de las obras eran ajenos al Poder Ejecutivo.

En la audiencia de hoy no hubo explicaciones, sin embargo, sobre el presunto direccionamiento de las obras mediante las licitaciones simuladas a favor de Lázaro Báez, acaso uno de los ejes más importantes de la acusación. Beraldi y su asistente Ary Llernovoy continuarán mañana con la defensa de la vicepresidenta. Está previsto que ella exponga el viernes y cierre el alegato de manera remota.

El abogado de Cristina Kirchner apeló en su defensa a una declaración de Alberto Fernández y Massa

La exposición de Beraldi buscó contrarrestar la acusación por el delito de asociación ilícita contrastando fragmentos de la acusación que fueron reproducidos, con fragmentos de las declaraciones de testigos que pasaron por el juicio. Mañana los abogados continuarán enfocados lo que se denominó “plan limpiar todo”.

Beraldi habló en repetidas oportunidades de “la verdad”. “De todo lo que escuchamos en ese larguísimo alegato hay una parte en la que coincido con la fiscalía: ‘cuando uno busca la verdad, tarde o temprano esa verdad aparece’”, dijo el abogado, citando a Luciani. “¿Quién buscó la verdad en este juicio?”, preguntó. Y dijo que la fiscalía incurrió en una “mala praxis”.

“Yo nunca vi mentir en un juicio de esta manera”, agregó. Tampoco faltaron las chicanas. En un momento de la jornada, la fiscalía perdió conexión y el abogado interumpió su presentación con un pedido a los jueces: “La fiscalía perdió conexión, no sé si con el juicio o qué...”. El presidente del tribunal, Jorge Gorini, confirmó el incidente técnico. Se dispuso un cuarto intermedio hasta resolver el problema. El paréntisis duró cinco minutos.

Tal como lo hizo Cristina Kirchner en su defensa pública y política del mes pasado, Beraldi reeditó un viejo planteo con el que pretendió que el caso Vialidad no llegara a juicio: el argumento de que estos hechos ya se habían investigado . Ese planteo ya fue desestimado por el Tribunal Oral Federal 2 y por la Corte Suprema de Justicia.

También se refirió al informe que el exfuncionario Javier Iguacel encargó a los técnicos de la Dirección Nacional de Vialidad sobre la ejecución de las obras otorgadas a Lázaro Báez en Santa Cruz. Y exhibió una de las conclusiones de ese trabajo: “Del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo en algunos casos puntuales que fueron detallados en cada obra. Los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”.

“Grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto. Fueron por lana y volvieron esquilados”, dijo Beraldi. Se refirió así a informes en los que aparecía vinculada Iecsa, la firma de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. “Habían ido por Cristina, pero se encontraron con Macri”, dijo el abogado defensor, en línea con otro de los planteos de Cristina Kirchner en su alocución pública, que buscó relacionar la corrupción en la obra pública con el expresidente.

Luego atacó otro de los puntos que resaltó el fiscal durante su alegato, relacionado con el Presupuesto Nacional. Luciani dijo que la maniobra investigada tuvo leyes de presupuesto sancionadas por el Congreso como soporte, dado que estas autorizaron la realización de gran parte de las obras públicas cuestionadas en este expediente. El fiscal había señalado que el Poder Legislativo aprobaba sin modificaciones los proyectos de presupuesto enviados por el Poder Ejecutivo.

El abogado cuestionó especialmente a Luciani por sostener que el Congreso tuvo una “participación marginal” y expuso fragmentos de las declaraciones testimoniales de Raúl Rigo (entonces funcionario de la Oficina de Presupuesto y actual Secretario de Hacienda), Carlos Zannini (exsecretario de Legal y Técnica) y Juan Manuel Abal Medina (exjefe de Gabinete). Repasó el proceso de confección y aprobación del presupuesto y cuestionó que la fiscalía no pidiera como testigos a personas especializadas en esta materia, que declararon por pedido de Cristina Kirchner. Dijo que el Congreso se manejaba con autonomía y desligó a la entonces presidenta de las partidas presupuestarias que se asignaban para las obras en Santa Cruz o los posteriores decretos que las aumentaban.

Más allá de que exhibió breves fragmentos de los dichos de los opositores Margarita Stobilzer (GEN) y Fernando Sánchez (Coalición Cívica), la reproducción de declaraciones testimoniales mostró, en su mayoría, los dichos de dirigentes afines a la vicepresidenta, quienes dijeron que no encontraban irregularidades en los hechos bajo investigación. Mostró fragmentos de los dichos del presidente Alberto Fernández, de Zannini, de Capitanich, de Aníbal Fernández, de Sergio Massa y de Juan Manuel Abal Medina, quienes declararon por haber formado parte de los gobiernos kirchneristas como jefes de gabinete (o como secretario de Legal y Técnica en el caso de Zannini) que se sucedieron entre 2003 y 2015.

“Apagón informativo”

Otro de los ejes de la exposición fue contra la idea del “apagón informativo” mencionado por Luciani en su acusación. Así se refirió el fiscal al hecho de que el Congreso no recibía información sobre las obras. “Hay algo de la fiscalía que fue deliberadamente ocultado, que fueron los códigos presupuetarios. Es como la cédula de identidad de cada obra”, dijo el abogado defensor de la vicepresidenta. “Está todo en el Presupuesto”, defendió. Y dijo que los legisladores tienen acceso a esta información. “No hay ninguna posibilidad de que haya habido un supuesto apagón informativo. El Congreso jamás fue engañado”, señaló.

Cuando llegó al final de la audiencia, Beraldi dijo que mañana continuará desarmando “las mentiras e injurias” de la fiscalía. “Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí era un escándalo, cuando vean el plan “limpiar todo”, realmente no van a salir de su asombro. Cuando vean la mentira que dijo la fiscalía en este asunto, no van a salir de su asombro”, cerró el abogado. Retomará mañana.