Los cargos electorales contra Trump ponen en marcha un enfrentamiento entre las mentiras y la libertad de expresión

Dentro de la acusación contra el expresidente Donald Trump de conspirar para invalidar las elecciones de 2020 había un tema recurrente: se sabe que Trump es un mentiroso incorregible.

La acusación exponía cómo, en los dos meses posteriores al día de las elecciones, Trump “propagó mentiras” acerca de un fraude electoral generalizado pese a que “sabía que no eran ciertas”.

Trump “de manera deliberada faltó a la verdad” y, de todas formas, las difundió incesantemente a una velocidad “fecunda”, continuaba la acusación, “para hacer que sus afirmaciones a sabiendas falsas parecieran legítimas, crear un intenso ambiente de desconfianza y enojo a nivel nacional y debilitar la fe de la población en la gestión de las elecciones”.

Desde luego que Trump nunca ha sido famoso por serle fiel a la verdad.

A lo largo de su trayectoria en los negocios y la política, ha intentado modificar la realidad para su propio beneficio con mentiras que van desde las relativamente pequeñas, como afirmar que era de ascendencia sueca y no alemana cuando intentaba rentar propiedades a inquilinos judíos en la ciudad de Nueva York, hasta pregonar que el presidente Barack Obama no había nacido en Estados Unidos.

Trump les ha dicho a sus confidentes que cuando repites algo lo suficiente, la gente lo cree.

En términos generales, esta característica le ha ayudado a fingir y fanfarronear para zafarse de bancarrotas, llegar a la Casa Blanca y enfrentar crisis ya estando ahí: escándalos personales, dos juicios políticos y una investigación del fiscal especial cuando estaba en funciones.

Pero ahora está ante la justicia en condiciones en las que jamás había estado, para rendir cuentas sobre lo que, según el nuevo fiscal especial Jack Smith, fue una campaña de mentiras que debilitaron los cimientos de la democracia.

Los abogados y aliados de Trump ya están estableciendo las etapas iniciales de una estrategia jurídica para hacer frente a las acusaciones, pues han afirmado que los derechos de Trump según la Primera Enmienda están siendo vulnerados. Ellos afirman que Trump tenía todo el derecho de expresar sus opiniones sobre el fraude electoral que, según señalan, él creía y aún cree que es cierto, y que las medidas que tomó o propuso después de las elecciones estaban basadas en asesoramiento jurídico.

La acusación y la reacción inicial del exmandatario establecieron una confrontación entre las dos afirmaciones opuestas de principio: que lo que los fiscales en este caso llamaban “mentiras persistentes y desestabilizadoras” procedentes del cargo más alto del país pueden ser una parte integral de planes criminales, y que el discurso político goza de una amplia protección, sobre todo cuando transmite lo que los aliados de Trump califican como creencias firmes y sinceras.

Pese a que en última instancia serán un juez y un jurado quienes decidan qué tanto peso le dan a cada una, Trump y sus aliados ya estaban a la ofensiva después de la acusación.

“Así es como la Primera Enmienda protege al presidente Trump: después de 2020, él vio todas estas irregularidades, obtuvo declaraciones juradas de personas de todo el país, testimonios bajo juramento, vio que se cambiaban las reglas a mitad del proceso electoral y, como presidente, tiene derecho a hablar de esos temas”, dijo el miércoles en una entrevista para la cadena CBS John Lauro, el abogado defensor de Trump en el caso.

”Lo que aquí tendría que probar el gobierno, fuera de toda duda razonable, es que la expresión de opinión no está amparada por la Primera Enmienda, y nunca podrá hacer eso”, explicó Lauro.

La representante de Nueva York, Elise Stefanik, la tercera republicana más importante en la Cámara Baja, señaló en un comunicado que Trump tenía “todo el derecho, según la Primera Enmienda, de expresar acertadamente sus preocupaciones acerca de la integridad de las elecciones en 2020”.

El representante de Alabama, Gary Palmer, presidente del comité de políticas del Partido Republicano, calificó a la acusación como una “criminalización de desinformación e información equivocada que plantea serias inquietudes sobre el derecho de la población a expresar de manera abierta su rechazo a las políticas a las que se opone”.

Los juristas se mostraron escépticos sobre la solidez de esas afirmaciones como defensa. Estos expertos señalaron que la acusación decía en su segunda página que todos los estadounidenses tenían derecho a decir lo que quisieran sobre las elecciones, incluso si era mentira. Pero también puntualizaron que, según sostiene el documento oficial, es ilegal usar esos reclamos falsos para participar en actos delictivos.

El derecho a la libre expresión de una persona, en esencia, termina tan pronto como esas palabras se convierten en indicio de criminalidad, afirmaron. En el caso de la acusación formal contra Trump, los fiscales sostienen que el expresidente usó sus declaraciones para convencer a otras personas de colaborar con él en actos delictivos, como firmar listas de electores falsas o presionar al vicepresidente Mike Pence para que impidiera o retrasara la certificación por parte del Colegio Electoral del triunfo de Joe Biden.

Según la acusación, “a sabiendas”, Trump usó “afirmaciones falsas sobre un fraude electoral” para tratar de “convencer al vicepresidente de que aceptara a los electores fraudulentos del acusado, rechazara los votos electorales legítimos o enviara votos electorales legítimos a legislaturas estatales para su revisión en vez de contarlos”.

La acusación luego establece que cuando esos intentos fracasaron, Trump recurrió al empleo de la multitud en el mitin del parque The Ellipse “con el fin de presionar al vicepresidente para que alterara de manera fraudulenta los resultados de las elecciones”.

Samuel W. Buell, profesor de Derecho en la Universidad Duke y fiscal federal principal en el juicio del Departamento de Justicia contra Enron, comentó que “no funcionará a nivel jurídico, pero tendrá cierto atractivo político, y es por eso que él lo está impulsando”.

“No existe ninguna concesión de la Primera Enmienda para cometer delitos solo porque lo hiciste hablando”, señaló Buell.

En referencia tanto a los comentarios públicos como privados, Buell afirmó que “no existe ninguna concesión de la Primera Enmienda para dar indicaciones o recomendaciones a otras personas de que participen en actos ilegales”.

Buell se refirió a Tony Soprano, el jefe ficticio de la mafia de la televisión, y añadió: “Tony Soprano no puede invocar la Primera Enmienda luego de decirle a su equipo que quiere que golpee a alguien”.

Durante décadas, en la ciudad de Nueva York se conocía muy bien la tendencia de Trump a mentir y exagerar. En la década de 1980, el alcalde Ed Koch desconfiaba tanto de él que una de sus suplentes, Alair Townsend, se distinguió por decir: “Yo no le creería nada a Donald Trump ni aunque llevara su lengua a un notario”.

Trump hablaba por teléfono con periodistas fingiendo ser un vocero que lo representaba con el fin de filtrar información acerca de sus empresas y su vida personal. Afirmaba haber tenido citas románticas con mujeres que negaron estar involucradas con él. Aseguraba que vivía en los pisos 66 a 68 de la Torre Trump, la cual en realidad solo tiene 58 pisos.

Llegar a la presidencia no dio lugar a ningún cambio de hábitos. El verificador de datos de The Washington Post identificó más de 30.000 afirmaciones falsas o engañosas hechas por él durante sus cuatro años en el cargo, cifra que equivale a 21 por día.

Trump ya ha tratado de recurrir a la Primera Enmienda en casos civiles relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En febrero de 2022, un juez federal en Washington dictaminó que podían proceder las demandas relacionadas con su presunta incitación a la multitud que asaltó el Capitolio, en parte, porque la Primera Enmienda no protegía el discurso que pronunció en ese parque antes de la revuelta.

“Solo en circunstancias muy extraordinarias un tribunal podría no reconocer que la Primera Enmienda protege el discurso de un presidente”, dictaminó el juez Amit Mehta del Tribunal Federal de Distrito de Washington. “Pero el tribunal cree que este es el caso. Ni siquiera los presidentes pueden eludir la responsabilidad de un discurso que no esté dentro de los amplios márgenes de la Primera Enmienda. El tribunal considera que, en este caso sin igual, la Primera Enmienda no protege al presidente de la responsabilidad”.

Los especialistas y abogados defensores que leyeron la acusación contra Trump señalaron que era probable que la aseveración de que se estaba basando en la recomendación de sus abogados le brindara a Trump una defensa más sólida que si invocara la Primera Enmienda.

En la entrevista con la CBS, Lauro se apoyó en ese argumento y dijo que Trump contaba con una “prueba irrefutable de su inocencia” en un memorando que el jurista conservador John Eastman le escribió. Este decía que Trump podía pedirle a Pence que detuviera la certificación de las elecciones por parte del Congreso. En ese momento, Eastman no era abogado de la Casa Blanca.

“John Eastman, un distinguido académico, le dio una opción, varias opciones, al presidente”, aseveró Lauro.

c.2023 The New York Times Company