Los grandes capitales y la delincuencia organizada en México y América Latina

El pasado 11 de junio, 1 una corte en los Estados Unidos encontró culpable a la compañía platanera Chiquita Brands International (anteriormente United Fruit Company) de financiar al grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Según la información del caso, la empresa les otorgó alrededor de 1,7 millones de dólares en un periodo que va de 1997 a 2004, años en que se le atribuyen al grupo AUC miles de asesinatos, además de otros delitos violentos como desapariciones, secuestros y un saldo de desplazamiento forzado interno en el país sudamericano.

Para este caso, el emporio multinacional de frutas Chiquita reconoció haber realizado pagos a las AUC y su defensa argumentó que la empresa se encontraba asediada por los grupos criminales que proliferaban en Colombia y que no contaban con la protección de las autoridades legales para poder desarrollar sus actividades comerciales, por lo que se vieron obligados a recurrir a protección de este grupo armado irregular que fuera catalogado como grupo terrorista por el gobierno de los EUA en 2001.

A partir de este caso podemos preguntarnos, ¿qué papel juegan los grandes capitales en los contextos de violencia criminal que azota a las distintas sociedades?

En el juicio de la historia, no quedan dudas que lo que las AUC realizaron fue consolidar la posición dominante de Chiquita a partir de amenazar, secuestrar y asesinar a productores locales, expulsarlos de sus tierras para el asentamiento de bodegas y hubs para el comercio y monopolizar la producción de plátanos y otros productos agrícolas en la región, de ahí que un jurado la encontrara culpable y se le ordenara la reparación del daño a las familias denunciantes, sentencia que aunque se queda corta para todo el daño ocasionado por la empresa y directivos, representa un avance para la justicia ya que establece precedentes jurídicos importantes para continuar con la defensa de las víctimas.

A partir de la revisión de la literatura especializada en delincuencia organizada, 2 he encontrado que éstos, ya sean terroristas, traficantes de drogas o paramilitares, ejercen el control territorial en cuatro dimensiones distintas: la dimensión criminal, la cual se refiere a la relación entre distintos grupos delictivos; en la dimensión política, la cual se refiere a la relación entre los grupos delictivos con personas funcionarias públicas y representantes populares; la dimensión social, que es donde se relacionan los grupos delictivos con colectivos sociales o población en general, y finalmente la dimensión económica, la cual se refiere a la relación entre los grupos criminales con empresas (empresari@s y quienes componen la economía formal e informal).

Dentro de la dimensión económica, la relación puede adoptar dos formas: primero, intervención sin poner en riesgo la economía, lo que significa que son consumidores de productos al, por ejemplo, adquirir bienes muebles e inmuebles o abrir fondos de inversión, todo sin  ejercer ningún tipo de violencia. De igual forma, pueden ser proveedores de productos o servicios  al contar con negocios que sirven como fachada o vender alguna otra mercancía (legal o ilegal). La segunda forma, es la intervención que amenaza la economía, donde se da cuenta de la influencia de un grupo delictivo sobre empresas a partir de extorsionarlas, 3 para permitirles funcionar, o que se establezcan de manera arbitraria los precios de algunos productos o se prohíba el comercio de otros, acciones que dañan el correcto desarrollo de una economía formal.

Pero ¿qué sucede cuando una empresa es la que acude al grupo delictivo, ya sea para su protección de otros grupos, la eliminación de la competencia o represión de la resistencia civil para afianzar una posición dominante en el mercado de algún producto? Este escenario es como el visto en Colombia con el caso de Chiquita y entra en el segundo arquetipo que es de intervención que amenaza a la economía legal, pero con la particularidad de que las empresas ahora funcionan como un posibilitador o facilitador del ejercicio del control territorial por parte de grupos delictivos.

Volviendo la mirada a México, aún estamos lejos de pensar en la responsabilidad que los grandes capitales han tenido en la perpetuación del ciclo de violencia que vivimos. Un caso específico es el del estado de Michoacán, donde según investigaciones periodísticas 4 las empresas mineras financiaron la existencia de algunas autodefensas comunitarias con el argumento de poder defenderse del asedio de la agrupación criminal conocida como Los Caballeros Templarios, con el saldo de violencia que todos conocemos y que aún prevalece en la entidad.

Ahora, no puedo evitar pensar qué otros casos similares hay en el país: con mineras (de capital preponderantemente extranjero) en el norte, con empresas fruteras en sur y sureste o en la región del istmo con los proyectos productivos en pie. Ahora con el nearshoring debemos poner atención en cómo se puede transformar esta situación, donde el peor de los escenarios es que se profundice los nexos entre empresarios y GDO, ya que, básicamente, los grandes capitales pueden recurrir a los GDO como un grupo paramilitar privado con el propósito de ejercer presión y represión a toda oposición realizada por parte de la población o competencia local en todos los sitios donde tengan interés en invertir o donde ya hayan invertido.

La pregunta que en última instancia debemos hacer es si, de investigarse y posteriormente demostrarse, alguna vez se responsabilizará a las empresas por el papel que tienen en la profundización de la violencia criminal en México. Mucho me temo que en la interrelación entre poder político y los grandes capitales en México que aún goza de buena salud (a pesar de que en el actual régimen se diga que ya se han separado), impedirá conocer la verdad, la consecución de la justicia y la reparación de los daños realizados a las víctimas.

* Gerardo López García (@gera_emp) es licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Políticos, ambos grados por la UNAM. Realizó el Diplomado en Defensa y Seguridad Nacionales en la UNAM y se especializa en análisis de seguridad pública, delincuencia organizada y control territorial. Ha sido funcionario público federal y local (INEGI, FGR Y SSC-CDMX).

1 Delouya, S; Torres, M; Calderón, V; Akbarzai, S (2024, 12 de junio). “Chiquita found liable for financing paramilitary group”, CNN.

2 Von Lampe (2016). Organised Crime. Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-legal Governance. Estados Unidos, SAGE. 

3 De la Calle, L (2020). La economía de la extorsión: el lastre que despoja a México. Ciudad de México, Debate.

4 AFP (2014, 19 de febrero). “Mineras financian autodefensas”, El economista.