Campaña anticorrupción contra funcionarios y sector privado aumenta incertidumbre en Cuba

El gobernador de la provincia central cubana de Cienfuegos “ofreció su renuncia” después de reconocer “errores” en su trabajo, anunció esta semana una nota de dos párrafos en un periódico local, el más reciente caso de alto perfil de una amplia campaña anticorrupción del gobierno que parece dirigida a funcionarios públicos que se beneficiaron ilegalmente de sus estrechos vínculos con empresas privadas.

El sector privado también está en el centro de la campaña, mientras el gobierno intenta hacer cumplir las normas fiscales para estas pequeñas y medianas empresas, conocidas como mipymes. Fuentes con conocimiento de la situación han dicho al Herald que a decenas, si no más, de propietarios de empresas privadas se les ha impedido viajar al extranjero porque deben impuestos.

Debido a que los gobiernos locales deben otorgar autorizaciones a estas empresas para operar, el sistema parece propicio para abusos, dijo un empresario cubano que pidió no ser identificado.

El empresario dijo que recientemente fue detenido un funcionario local en La Habana, que se encargaba de la recolección de basura en el céntrico barrio de El Vedado. Había presionado a empresas privadas para que firmaran contratos con el Estado para la recolección de la basura generada por sus negocios. Sin embargo, el servicio no fue proporcionado. En cambio, el funcionario se embolsó el dinero de los contratos y la venta del combustible asignado por el gobierno para la recolección de basura.

También fue detenido un exfuncionario del gobierno municipal de Plaza de la Revolución en La Habana que favoreció a una mipyme local y luego dejó su trabajo gubernamental para trabajar en esa misma empresa privada, dijo el empresario. La persona dijo que los dueños de negocios también fueron arrestados.

Otra fuente con conocimiento de la situación dijo que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) emitió una restricción general de viaje para propietarios de empresas privadas a menos que obtengan una carta que acredite que no adeudan impuestos.

Las detenciones ya están teniendo un efecto paralizador en el sector privado.

La incertidumbre en torno a esta última campaña y la posición ambivalente del gobierno respecto al sector privado, al que ha tolerado pero al que culpa de problemas como la inflación, ya está haciendo que algunos empresarios den marcha atrás en sus planes de inversión y expansión, afirmó el empresario. Otro empresario cubano dijo al Herald que el clima de incertidumbre está causando angustia entre los empresarios de la isla.

La mayor parte de esta campaña se ha desarrollado fuera de la vista del público, excepto en los raros casos en que un funcionario de alto rango, como el gobernador de Cienfuegos, necesita ser reemplazado.

“En correspondencia con la solicitud de renuncia presentada por el compañero Alexandre Corona Quintero al cargo de Gobernador de la provincia de Cienfuegos, al reconocer errores cometidos en el ejercicio de su responsabilidad, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, haciendo uso de las facultades que le confieren, aprobó el cese en sus funciones”, señala la breve nota del diario 5 de Septiembre publicada el miércoles.

Anteriormente, el Partido Comunista había destituido de su cargo a la primera secretaria del partido de Cienfuegos en diciembre; la reorganización dentro del Partido también es notable, con varios primeros secretarios siendo sustituidos en los últimos meses.

Además, el miércoles, el Boletín Oficial de Cuba publicó una resolución de la Asamblea Nacional, que fijó la elección de un nuevo gobernador para el 5 de mayo (los delegados municipales locales, no los votantes de Cienfuegos, elegirán al nuevo gobernador).

La forma inusual en que se hizo pública la noticia en un periódico provincial, presentándola como una renuncia en lugar de recurrir al guión habitual de funcionarios del Partido y del gobierno que deciden “liberar” a alguien de sus “funciones oficiales”, habla de la ambivalencia del gobierno. vincular públicamente su despido con los esfuerzos anticorrupción.

La nota periodística no dice si ha sido detenido Corona Quintero, de 51 años, quien fue funcionario del Ministerio del Interior. Pero su caída era ampliamente esperada ya que lo que parecen ser detalles de la investigación del gobierno se filtraron en videos que circulan en las redes sociales. Según los vídeos, el gobernador había desviado recursos estatales de un proyecto de vivienda para construirse una mansión. Los videos hacían referencia a varios otros planes de enriquecimiento que involucraban a otros funcionarios del gobierno local de la provincia y al ejército. Al parecer, el gobernador también otorgó contratos de construcción a una empresa privada de su propiedad secreta.

El Herald no ha verificado tales afirmaciones.

Corona Quintero no es el funcionario de más alto rango que ha sucumbido en esta última ronda de arrestos en Cuba en medio de una crisis económica cada vez peor que ya ha provocado protestas y la falta de un plan claro por parte del gobierno para abordarla.

El exministro de Economía, Alejandro Gil, amigo cercano de Díaz-Canel y rostro público de varias políticas monetarias fallidas, fue despedido y posteriormente acusado de corrupción el mes pasado.

El gobierno ha puesto fin a la investigación y se han filtrado al público menos detalles. Los familiares de Gil en España dijeron anteriormente que él y su esposa fueron detenidos y retenidos en régimen de incomunicación.

Fuentes también dijeron al Herald que la detención del empresario privado Fernando Javier Albán, propietario de AgroIndustrial Media Luna, un exitoso negocio en Ciego de Ávila, que elabora jugos de frutas y otros productos, estuvo vinculado al caso de Gil.

En un país donde la corrupción está muy extendida y sus líderes viven con las comodidades que se le niegan a la mayoría de la población, las acusaciones de corrupción contra altos funcionarios suelen tener motivaciones políticas.

Las campañas anticorrupción anteriores bajo el gobierno de Raúl Castro, quien está oficialmente retirado pero aún dirige el país, fueron dirigidas por su hijo Alejandro Castro Espín, un alto funcionario de contrainteligencia a quien se le otorgó amplia autoridad para detener a oficiales militares de alto rango e inversionistas extranjeros.

Pero Castro-Espín desapareció de la vista pública en 2016, casi al mismo tiempo que se hicieron públicos los primeros informes de los incidentes de salud que llegaron a conocerse como Síndrome de La Habana y que parecían afectar a diplomáticos estadounidenses, entre otros.

Esta vez, no está del todo claro quién decide en última instancia qué funcionarios serán los siguientes objetivos.