Cambio de ley vuelve irrelevante demanda de Pizzo sobre los vuelos de migrantes, alegan abogados de DeSantis

Argumentando que el caso es “irrelevante” debido a un proyecto de ley aprobado durante un período especial de sesiones legislativas, la administración del gobernador Ron DeSantis pidió a un juez que desestime una demanda presentada después que el estado transportó a unos 50 migrantes de Texas a Massachusetts en septiembre.

Los abogados de DeSantis y el Departamento de Transporte de la Florida presentaron una moción a última hora del viernes en el tribunal de circuito del Condado León, indicando un proyecto de ley (SB 6-B) creado para fortalecer los esfuerzos para transportar migrantes a áreas “santuario” del país.

El juez de circuito John Cooper programó una audiencia para el miércoles sobre la moción.

El senador Jason Pizzo, demócrata de Hollywood, presentó la demanda, alegando que una sección del presupuesto estatal usada para pagar los vuelos es inconstitucional porque creó un nuevo programa y cambió las leyes sobre cuestiones como la contratación.

Pero el proyecto de ley aprobado el 10 de febrero por la Legislatura y promulgado la semana pasada por DeSantis trató de neutralizar tales argumentos.

En parte, derogó la parte del presupuesto que se usó como base para los vuelos y creó el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados en la ley estatal. Además, el proyecto de ley canalizó el dinero restante previsto en la sección del presupuesto de nuevo a las arcas del estado, y asignó $10 millones al programa de nueva creación, efectivamente intercambiando el dinero.

“En este caso, es indiscutible que el SB 6-B deroga [la sección del presupuesto]”, dice la moción de desestimación. “Además, al derogar [la sección] la Legislatura dio al demandante [Pizzo] precisamente lo que pedía. Eliminó la asignación impugnada, que supuestamente modificaba la ley sustantiva, garantizando así que no pueda usarse para trasladar a extranjeros no autorizados”.

Pizzo, que es abogado, dijo antes de la aprobación del proyecto de ley que DeSantis estaba tratando de hacer irrelevante la demanda. Pero también dijo a los reporteros el 6 de febrero que todavía podía haber un fallo de que la sección del presupuesto era inconstitucional, al tiempo que dijo que el “gobernador está perdiendo contra mí en el tribunal”.

La administración de DeSantis provocó una controversia nacional cuando trasladó en avión a los migrantes el 14 de septiembre de San Antonio a Martha’s Vineyard en Massachusetts, con una breve parada en la comunidad de Crestview, en el noroeste de la Florida.

Los vuelos ocurrieron mientras DeSantis, quien se espera ampliamente que se postule a la presidencia en 2024, criticaba con frecuencia a la administración del presidente Joe Biden sobre temas de inmigración y fronteras.

Los legisladores incluyeron el año pasado $12 millones en el presupuesto para que el Departamento de Transporte llevara a cabo un “programa para facilitar el transporte de extranjeros no autorizados desde este estado”.

La administración de DeSantis usó $615,000 de ese dinero para pagar a Vertol Systems Company Inc. el transporte aéreo de los migrantes a Martha’s Vineyard. Además, cuatro órdenes de compra adicionales a Vertol, de $950,000 cada una, figuran en un portal digital de contratación estatal para “servicios de reubicación”.

Según análisis del personal legislativo, al 31 de enero se habían gastado $1.565 millones, lo que deja un saldo de $10.435 millones de los $12 millones originales.

El proyecto de ley aprobado durante el período especial de sesiones exigía que el dinero restante se “revirtiera inmediatamente” a las arcas del estado y que los pagos ya realizados en virtud de la sección del presupuesto se “consideraban aprobados”. Además, otorgaba $10 millones a la División de Gestión de Emergencias del estado para el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados.

En la moción de desestimación, los abogados de la administración DeSantis escribieron que hay “cero posibilidades” de que la sección disputada del presupuesto sea “invocada de nuevo”.

“De hecho, [la sección] ya no existe, y diferentes estipulaciones de la ley de la Florida ahora autorizan acciones similares”, dijo la moción. “Por lo tanto, no solo no hay evidencia de que [la sección] se aplique de nuevo, sino que no habría necesidad”.