Cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses podrán solicitar la tarjeta verde gracias a una nueva política

Cientos de miles de indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses y que llevan mucho tiempo viviendo en el país ahora podrán solicitar la residencia permanente sin tener que salir de Estados Unidos.

El martes el gobierno del presidente Biden anunciará un nuevo programa que permitirá a unos 500,000 cónyuges indocumentados y a 50,000 de sus hijos menores de 21 años solicitar la residencia legal permanente sin tener que tramitar sus casos en el extranjero. El nuevo proceso podría poner a muchos de ellos en la senda de la ciudadanía estadounidense en pocos años.

“Estas medidas ayudarán a mantener unidas a las familias estadounidenses”, dijo un alto funcionario de Biden.

La política ofrecerá un apoyo largamente esperado por muchas familias, incluidas muchas de la Florida. Es difícil cuantificar cuántas familias de estatus mixto en el estado se beneficiarán del anuncio del martes para los cónyuges estadounidenses, pero los datos disponibles muestran que el impacto podría ser generalizado.

Florida Policy Institute (FPI), un grupo de investigación independiente, calculó que unas 130,000 indocumentados están casados con ciudadanos estadounidenses en la Florida. Mientras tanto, el Consejo de Inmigración Estadounidense calculó que casi 600,000 ciudadanos estadounidenses en la Florida viven con al menos un familiar indocumentado, incluido 8% de los hijos de ciudadanos estadounidenses del estado.

Contrariamente a la creencia popular, el matrimonio con un ciudadano estadounidense no es un camino seguro hacia la residencia permanente o la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados. Como parte del proceso de solicitud de la tarjeta verde, muchas de esas personas deben abandonar Estados Unidos, pero poder volver no es una garantía o puede suponer que las personas tengan que esperar largos periodos de tiempo a que se resuelvan los trámites burocráticos de los visados. Muchos no quieren arriesgarse a ser separados de sus cónyuges e hijos estadounidenses y optan, en cambio, por seguir viviendo indocumentados.

“Muchos no ciudadanos deben salir primero de Estados Unidos y esperar a ser tramitados en el extranjero, lo que da lugar a un periodo prolongado, potencialmente indefinido, de separación de sus familiares que son ciudadanos estadounidenses y causa tremendas dificultades”, dijo un alto funcionario de la administración.

Para ser elegible al nuevo proceso, los cónyuges indocumentados deben llevar en Estados Unidos una década o más desde el 17 de junio, no suponer una amenaza para la seguridad pública o nacional y, por lo demás, cumplir los requisitos para ajustar su estatus. Los funcionarios de Biden no indicaron cuándo publicaría la administración más detalles sobre la elegibilidad y el estado de la solicitud, aunque sí dijeron que ocurriría a “corto plazo”. En promedio, las personas han vivido aquí durante 23 años, pero no han podido establecer un estatus migratorio legal.

“Celebramos junto a millones de personas cuyo futuro hoy es más brillante, nos unimos a quienes siguen esperando protecciones similares y renovamos nuestro compromiso de proteger este progreso y arreglar todos los aspectos de nuestro fallido sistema de inmigración, incluida la concesión de una vía a la ciudadanía a quienes han esperado demasiado”, dijo Todd Schulte, presidente del grupo de defensa de la reforma de la inmigración FWD.us, en un comunicado.

El gobierno de Biden también anunció que facilitaría y agilizaría la obtención de visados de trabajador temporal a través de ofertas de trabajo para los graduados universitarios indocumentados y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA —que concede protección contra la deportación y autorizaciones de trabajo a jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños—, luego de obtener títulos de educación superior. DACA de la era Obama cumplió 12 años el sábado. Actualmente cuenta con más de 528,000 beneficiarios, de acuerdo con datos del gobierno federal, incluidos más de 20,000 en la Florida. El programa, que se estableció mientras Biden era vicepresidente, ha sido fuertemente litigado en los tribunales. El ex presidente Donald Trump intentó cancelarlo por completo durante su gobierno, aunque la Corte Suprema de Estados Unidos no lo permitió, porque la terminación no siguió los protocolos administrativos adecuados.

Las nuevas políticas de Biden llegan casi dos semanas después que la administración anunció que en general prohibiría que los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México reciban asilo después de que las autoridades de inmigración registren un cierto promedio de encuentros diarios cada semana; también se produce cuando la inmigración sigue siendo una piedra angular de la carrera presidencial de 2024 entre Biden y Trump.

La reciente política de asilo ha sido ampliamente criticada por defensores y expertos en inmigración, quienes dijeron que las restricciones violan la legislación internacional y estadounidense, no serán posibles de llevar a cabo en el marco del ya infradotado y sobrecargado sistema e impedirán que las personas con solicitudes legítimas de asilo reciban las protecciones a las que tienen derecho.

Los anuncios del martes también forman parte de un paquete más amplio de políticas de inmigración que el presidente Biden ha adoptado mediante medidas ejecutivas, entre ellas un programa de libertad condicional para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que permite a personas de esos países venir a Estados Unidos durante un periodo de dos años siempre que superen controles de salud y de antecedentes.

Varios presidentes han hecho uso de su autoridad ejecutiva para prorrogar los permisos de inmigración, incluso para traer refugiados de Vietnam, Hungría, Camboya, Laos y la Unión Soviética. Los republicanos criticaron duramente el uso de la libertad condicional por parte de Biden en cuestiones de inmigración, mientras que funcionarios de la administración Biden dijeron que el presidente se ha visto obligado a hacerlo dada la inacción del Congreso en la reforma de la inmigración.

“Combinadas, estas acciones harán avanzar los intereses de nuestro país al tiempo que garantizarán que cualquier persona que se sepa que representa una amenaza para la seguridad pública no pueda participar en nuestro sistema de inmigración”, dijo un alto funcionario de la administración. “Aun así, solo el Congreso puede lograr la reforma migratoria duradera que nuestro país necesita desde hace casi 30 años”.