Yahoo Noticias Cárceles privadas: el Gobierno busca llenarlas a costa de los derechos humanos de los reclusos
“Hay que decir que se logró… Mediante este diálogo, se acordó mejorar también con estos recursos las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad”. Era 22 de abril de 2021 y, con estas palabras, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez festejaba las modificaciones a los contratos de las ocho prisiones privadas que hay en México, lo que permitiría ahorrar más de 41 mil millones de pesos.
El presidente Andrés Manuel López Obrador fue quien dio la orden de revisar los contratos de los ocho Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos) privados, que calificó de “leoninos” por ser “muy favorables para las empresas y muy malos para la hacienda pública, para el pueblo”.
Los contratos fueron firmados en la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre el entonces secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, y particulares, para la construcción y operación de ocho penales.
Pero desde que se renegociaron los contratos, el Gobierno de López Obrador intensificó el traslado de personas privadas de la libertad (PPL) de penales estatales a penales federales, incluidos los ocho privados, con el pretexto de “mantener la gobernabilidad de los centros penitenciarios del país”.
Los datos de la Secretaría de Seguridad muestran que desde 2019 a enero de 2023 se efectuaron 8 mil 740 traslados de personas privadas de la libertad de centros estatales a centros federales y un total de mil 686 se concentraron en siete de los penales privados.
Se trató de 717 para el Cefereso 12 Guanajuato; 437 para el 11 Sonora; 249 para el 18 Coahuila; 149 para el 16 Femenil Morelos; 101 para el 15 Chiapas; 24 para el 17 Michoacán y nueve para el 13 Oaxaca.
Desagregado por fecha se evidencia que el número de traslados se disparó precisamente a raíz de las modificaciones a los contratos de los 8 penales privados a mediados de 2021: En 2019 se registraron 339 traslados a estas cárceles, en 2020 bajó a 97, en 2021 apenas subió a 146, pero para el 2022 llegaron a mil 104, un aumento del 935% en solo dos años, cifra que siguen al alza.
En un comunicado publicado el 2 de junio pasado, la SSPC informó que de enero de 2023 al 15 de mayo pasado, habían sido trasladadas otras mil 32 personas de centros penales estatales a federales y para justificarlo señaló que tenían un “alto perfil delincuencial”, sumando un total de nueve mil 830 personas en lo que va del sexenio.
“Los traslados tuvieron como destino principal los Centros Federales de Readaptación Social (CPS): 15 de Chiapas, 18 de Coahuila y 13 de Oaxaca”, se puede leer en el documento. Los tres son penales privados.
Las autoridades realizaron los traslados sin seguir el protocolo y concentrando gran parte de los traslados en los mismos penales privados criticados por el gobierno federal, que concentran recomendaciones y quejas sin resolver ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
“Los traslados penitenciarios representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de la libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación, que sólo es dable bajo las excepciones que la propia Constitución”, señaló la CNDH en un pronunciamiento sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos cometidas en traslados de personas internas.
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La creación de los Ceferesos público-privados
En 2010, como parte del Cuarto Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se estipularon las primeras construcciones de cárceles privadas en el país, que serían financiadas y construidas mediante esquemas de Asociación Público-Privada por diversos contratos de prestación de servicios. El objetivo, se dijo en ese momento, era potenciar la capacidad de reclusión del Sistema Penitenciario Federal y asumir en esas instalaciones la custodia de la totalidad de la población del fuero federal.
De acuerdo con informes del gobierno, el propósito era mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad y contribuir a su reinserción social con menores costos sociales y económicos, por lo que se construirían 12 centros penitenciarios con capacidad para 32 mil 500 personas.
La entonces Secretaría de Seguridad Pública concesionó a seis consorcios y empresas privadas la construcción y operación de centros penitenciarios federales con una vigencia de 22 años, incluyendo servicios como lavanderías, comedores y mantenimiento.
El 11 de Sonora y el 12 de Guanajuato fueron los primeros Ceferesos que se incorporaron a la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), que consistió en que una empresa privada se hiciera cargo de construir y operar los centros, mientras que las autoridades federales asumían la seguridad en su interior.
En 2013, se incorporaron los Ceferesos 13 de Oaxaca y 14 de Durango, un año después también el 15 de Chiapas, y en 2015 se incorporó el 16 Femenil de Morelos, todos bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios. Asimismo, en 2016 se incorporó el Cefereso 17 de Michoacán mientras que el último fue el 18 de Coahuila en 2018.
De esa manera, la empresa Pápagos Servicios para la Infraestructura se encargó del Cefereso 11 de Sonora; Sarre Infraestructura y Servicios del 12 de Guanajuato; Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca del 13 de Oaxaca y DIP Concesionaria duranguense de infraestructura penitenciaria del 14 de Durango.
Mientras que Makobil del 15 de Chiapas; CRS Morelos del 16 Femenil de Morelos; Concesionaria en Infraestructura Especializada de Michoacán del 17 de Michoacán y Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato del 18 de Coahuila.
Sin embargo, la deficiencia en la atención médica de las personas internas en estos penales ‘semiprivados’ fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el gobierno ha tenido que reconocer desde entonces esta y otras problemáticas.
Entrada la actual administración, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se identificó como prioridad “la recuperación y dignificación de las cárceles” y en el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana (PSSPC) 2020-2024 se reconoció que en los Ceferesos “existe la carencia de reinserción social, debido a que se presentan deficiencias en la atención a la salud, falta de personal médico, la atención en las adicciones”.
Además de falta de profesionalización del personal penitenciario y deficiencias en la comunicación y vinculación de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
Diseño: Darien Cruz @darien_cl
Arreglo o demanda, las opciones de AMLO para las empresas
El 13 de enero de 2021, poco más de un año después de que García Luna fuera detenido en Estados Unidos acusado por cargos relacionados a narcotráfico y corrupción, la actual secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez informó en conferencia de prensa que por instrucción presidencial, tanto la dependencia a su mando como la Consejería Jurídica de la Presidencia, revisaron ocho contratos de prestación de servicios celebrados con las ocho cárceles privadas que hay en el país.
Se trató de los contratos celebrados para los Ceferesos 11 de Sonora, 12 de Guanajuato, 13 de Oaxaca, 14 de Durango, 15 de Chiapas, 16 de Morelos (el único exclusivamente destinado para recibir mujeres) y el 18 de Coahuila, siete de los cuales fueron suscritos el 27 de diciembre de 2010; en tanto que el de Oaxaca fue suscrito el 18 de marzo de 2011.
La empresa EXI Quantum S.A. de C.V. adquirió los contratos del Cefereso 11 de Sonora a Pápagos Servicios para la Infraestructura y el 12 de Guanajuato a Sarre Infraestructura y Servicios.
Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Oaxaca cedió el contrato del 13 de Oaxaca a GIA S.A. de C.V., y Makobil y CRS Morelos traspasaron a Capital Inbursa el Cefereso 15 de Chiapas y el 16 Femenil de Morelos.
Mientras que Operadora de Infraestructura Especializada de Guanajuato cedió el contrato del 18 de Coahuila a Black Rock S.A. de C.V.
Los contratos fueron suscritos en su tiempo por Gonzalo Villarreal Guerra, entonces coordinador general de Centros Federales; por Arturo Sosa Viderique, director general de Administración de la excoordinación general de Centros Federales, y por Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, exdirector de Adquisiciones de la misma dependencia.
Un año después, en enero de 2022, los tres funcionarios fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de asociación delictuosa junto a otros exfuncionarios, que además fueron imputados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades por sobrecostos en los mismos contratos.
Además, una investigación de Animal Político publicada en junio pasado reveló que Villarreal Guerra también participó en el pago por 6.4 millones de dólares que el Gobierno de AMLO autorizó para empresas de la presunta red de corrupción de García Luna al principio de la administración.
La secretaria federal informó que en nueve años se había pagado un total de 75 mil 661 millones de pesos por los ocho penales, correspondientes al 36% del pago total pactado, y explicó que aún había un monto pendiente por pagar en los años siguientes de 190 mil 638 millones de pesos. De acuerdo con los contratos, en algunos penales hasta 2032 y en otros hasta 2036 o 2037. Es decir, el costo total proyectado a 20 años ascendía a 266 mil 300 millones de pesos.
Julio Scherer Ibarra, entonces consejero jurídico de la Presidencia, dijo que estos contratos por casi 270 mil millones de pesos fueron otorgados por adjudicación directa y que los contratos establecían que, concluida la vigencia, el inmueble y sus instalaciones serían propiedad del proveedor.
El gobierno dijo que el gasto por cada interno e interna en 2020, antes de la renegociación de los contratos, era de aproximadamente 3 mil 819 pesos diarios, y aunque no hubiera internos se tenía que pagar el 100 por ciento, como si estuviera lleno el reclusorio.
“Traslados arbitrarios, sin que nadie se entere”
Tres meses y nueve días después de la orden presidencial, en conferencia de prensa del 22 de abril de 2021, Rosa Icela Rodríguez tomó la palabra para festejar que se habían conseguido modificaciones a los ocho contratos celebrados, que significarían ahorros por 41 mil 496 millones de pesos, y que las instalaciones de los centros penitenciarios serían incorporadas a los bienes de la nación al concluir los contratos.
“Así como que se busque siempre con las autoridades penitenciarias en los servicios el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y así se logra un daño irreversible a la hacienda pública y al patrimonio de los mexicanos y las mexicanas” dijo.
El presidente López Obrador, por su parte, aseguró que este acuerdo no significaría que desde el Gobierno Federal se fueran a deshacer contratos o incumplirlos, sino lo que se buscaba es “quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública y que logremos ahorros”.
Antes de terminar la conferencia, el presidente aprovechó para asegurar que gracias a su Gobierno se estaban ocupando los reclusorios privados, “porque cuando llegamos teníamos una ocupación del 30%, pero había que pagar el 100, como si estuviesen llenos; y ahora ya tenemos un promedio del 60, 61%, o sea, tenemos ahí espacio”.
“Vamos a (hacer) que cárceles que están completamente llenas, donde hay hacinamiento, puedan desahogarse, liberar espacios por condiciones también inhumanas en que están muchos reclusos. Entonces, se van a llenar por completo los reclusorios”, dijo.
Para el 3 de enero de 2023 el gobierno informó que se habían atendido las solicitudes de traslado de 30 gobiernos locales y que solo durante 2022 se habían realizado 4 mil 58 traslados.
Estos traslados significan que las personas privadas de la libertad tengan que estar a cientos de kilómetros de sus familias, defensas, juzgados y cualquier red de apoyo, sin mucha posibilidad de que puedan defenderse, de acuerdo con Salvador Leyva, exsecretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).
“No hay criterios claros ni lógicos” para realizar estos traslados, dice y señala que su aplicación resulta “totalmente arbitraria”.
De acuerdo con un folleto informativo sobre traslados penitenciarios, realizado por la organización Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social A.C., existen tres tipos de traslados que prevé la Ley Nacional de Ejecución de Penas: el traslado voluntario, el traslado involuntario con autorización previa de una jueza o un juez y el traslado involuntario sin la autorización previa antes expuesta.
Entre los derechos que las personas privadas de la libertad tienen durante los traslados está el que se registre adecuadamente la autorización y ejecución del traslado, que se comunique sobre el traslado inmediatamente a un familiar o amistad y que estos se den en condiciones que no les ocasionen sufrimientos físicos y mentales.
Además, que se les proporcione alimento, agua y oportunidad de ir al baño -sobre todo cuando sea un traslado que implique muchas horas-, que no sean encadenados, amarrados o se utilicen instrumentos que causen dolor durante el traslado y que el personal que realiza los traslados tenga un perfil adecuado o que no se realicen traslados masivos, entre otros aspectos.
Además, desde el momento en que ingresen a la nueva cárcel, las y los internos tienen el derecho de que se les brinde los medicamentos y atención médica que necesiten, recibir visitas familiares, de amistad e íntimas, y que se envíen sus expedientes médicos a las autoridades de las nuevas cárceles.
Sin embargo, en la investigación El cementerio de las vivas: el turbio negocio del Cefereso 16 de Morelos se documentó que no solo no se respetaron estas condiciones durante los traslados de las personas privadas de la libertad de cárceles estatales al Cefereso 16 de Morelos, sino que además llegaron de forma masiva al centro penitenciario, pese a que acumulan diversas quejas y recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos de las personas.
En el quinto informe de Gobierno, la administración de López Obrador reconoce un incremento en el número de quejas emitidas por la CNDH a la Autoridad Penitenciaria Federal que va de 129 a 822 de 2018 a 2020 y que sube de 1,482 a 2,626 de 2021 a 2022, periodo a partir del cual el Gobierno intensificó su campaña de traslados.
Otra omisión, según Leyva, es que los penales estatales no dan aviso a los jueces y a las juezas de ejecución que van a hacer ese traslado para que los califique de legales o ilegales.
“Hay un obstáculo material para acceder a la justicia. Es una suma de omisiones que permiten que estos traslados se puedan realizar de manera arbitraria sin que nadie se entere y sin que nadie se pueda defender”, dice.
