La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que podría preparar el terreno para que Puerto Rico se convierta en estado

WASHINGTON — El jueves, la Cámara Baja votó permitirles a los puertorriqueños decidir el futuro político del territorio; esta es la primera vez que la cámara se ha comprometido a respaldar un proceso de vinculación que podría preparar el terreno para que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos o en un país independiente.

La medida, que cuenta con el apoyo de la Casa Blanca, tiene pocas posibilidades de convertirse en ley en el corto plazo. Es casi seguro que no conseguirá los 60 votos necesarios para romper el filibusterismo en el Senado, donde la mayoría de los republicanos se oponen, y a este Congreso le queda poco tiempo antes de que el Partido Republicano asuma el control de la cámara a principios de enero, lo cual es probable que sepulte la iniciativa al menos durante la próxima legislatura.

Pero el voto bipartidista —el proyecto de ley se aprobó con 233 votos a favor y 191 en contra— es una declaración simbólica de la cámara de que la condición de Puerto Rico de territorio colonial es insostenible e indeseable para muchos de sus electores.

La legislación establecería un proceso vinculante para un referendo en Puerto Rico que le permitiría al electorado decidir entre permitir que el territorio se convierta en estado, en un país independiente o en un gobierno soberano alineado con Estados Unidos. También crearía los procesos para implementar el resultado la votación y establecería una campaña para educar a los electores sobre sus opciones.

Según los asistentes, esto sucede más de una década después de que la Cámara de Representantes evaluó por última vez la situación de Puerto Rico y es la primera ocasión que los legisladores votan para solicitarle al gobierno federal que respete el resultado de ese referendo y que garantice su implementación.

Dieciséis republicanos se unieron a los 217 demócratas que aprobaron la medida.

“La histórica votación de hoy es un paso clave para garantizar que el futuro de Puerto Rico sea el que elijan sus ciudadanos”, dijo en un comunicado la presidenta de la cámara, la representante demócrata de California Nancy Pelosi. “Con la Ley sobre el estatus de Puerto Rico, los representantes demócratas de esta cámara votaron con orgullo acabar con los vestigios del colonialismo”.

Puerto Rico ha sido territorio estadounidense desde 1898, después de la guerra hispano-estadounidense. Los puertorriqueños a menudo afirmaban que la isla fue colonizada en dos ocasiones, primero por España y después por Estados Unidos. Los 3,3 millones de residentes de la isla son ciudadanos estadounidenses, pero no tienen representantes que voten en el Congreso y no pueden votar en las elecciones presidenciales. En general, tampoco pagan el impuesto federal sobre la renta sobre los ingresos ganados en Puerto Rico y no tienen derecho a participar en algunos programas federales.

Desde hace décadas, los puertorriqueños buscan una mayor autodeterminación y el estatus territorial de la isla es motivo de profundas divisiones entre los ciudadanos. Los tres principales partidos políticos, que no se alinean a unísono con demócratas y republicanos, también están divididos sobre la cuestión del estatus: el Partido Independentista Puertorriqueño es partidario de que el país se independice de Estados Unidos, el Partido Nuevo Progresista es partidario de que sea un estado y el Partido Popular Democrático es partidario de que siga siendo un territorio estadounidense.

El estatus de la isla se sometió a un escrutinio renovado después de que el Congreso redactó una ley de bancarrota llamada Promesa en 2016 que creó una junta federal de supervisión sin cargos electos para gestionar las finanzas en bancarrota de Puerto Rico. Los puertorriqueños, que se refieren a la impopular consejo como “la junta”, han protestado contra sus medidas de austeridad y su falta de rendición de cuentas al pueblo en las urnas.

Puerto Rico ha celebrado seis plebiscitos para decidir si debe convertirse en un estado, el último en 2020, cuando el 52 por ciento de los ciudadanos de la isla respaldaron la decisión. Sin embargo, ninguno de los plebiscitos ha sido vinculante y la participación en general ha sido baja, en medio de boicots por parte de los críticos que apoyan el statu quo o la independencia.

Aunque la plataforma del Partido Republicano, que no se ha actualizado desde 2016, apoya la condición de estado para Puerto Rico, los republicanos en el Congreso se han distanciado de esa posición, temiendo que un estado puertorriqueño pueda resultar en la elección de más demócratas, una noción puesta en duda por una reciente cepa de conservadurismo social dentro de la política de la isla.

También es improbable que el Congreso acepte como estado a una isla que tiene uno de los niveles de pobreza más altos de Estados Unidos y donde la lengua materna de la mayoría de la población es el español.

Jenniffer González-Colón, comisionada residente de Puerto Rico y su única representante en el Congreso, apoyó una medida para hacer concesiones entre planes en pugna. González-Colón, que pertenece al Partido Republicano, es miembro del partido político puertorriqueño que apoya la estadidad, pero reconoció que las “realidades políticas de este Congreso” habían dado lugar a las concesiones. El gobernador Pedro Pierluisi, que también es miembro del partido estadista y estuvo presente en la cámara durante la votación, es demócrata, lo que subraya las complicadas alianzas políticas de la isla.

El representante demócrata de Maryland Steny Hoyer, líder de la mayoría, y el representante demócrata de Arizona Raúl Grijalva, quien preside la Comisión de Recursos Naturales, fungieron como intermediarios del acuerdo entre los funcionarios puertorriqueños y los legisladores que apoyan la estadidad de la isla y los legisladores que han argumentado que Estados Unidos debe respaldar un proceso de autodeterminación para Puerto Rico.

“No había ninguna certeza de que este proyecto de ley se presentara y discutiera ante el pleno hoy”, dijo Grijalva el jueves, señalando que todavía se estaban negociando cambios unas 24 horas antes de la votación. Y añadió: “Estoy orgulloso de estar discutiendo hoy una legislación, una propuesta que ayuda al pueblo de Puerto Rico a participar directamente en la determinación de su futuro político.”

La representante demócrata de Nueva York Nydia Velázquez, la primera mujer puertorriqueña electa para ocupar una curul en la Cámara de Representantes, declaró que “las voces de los boricuas por fin están siendo escuchadas”, mientras enumeraba a las mujeres puertorriqueñas que habían llegado a puestos importantes en el gobierno y la sociedad de Estados Unidos y seguían defendiendo a la isla.

“Es una vergüenza que Estados Unidos se proclame como líder del mundo libre y se enfrente a los tiranos imperialistas en el extranjero, mientras mantiene colonias en el Caribe y el Pacífico”, dijo. “El Congreso tiene la obligación moral de proporcionar las herramientas necesarias para la transición a un nuevo orden poscolonial”.

Pero Power 4 Puerto Rico, una coalición de organizaciones de la diáspora, instó a los legisladores a votar en contra, calificando el proyecto de ley en un comunicado como “un caballo de Troya” que “ofrece solo una fracción de la información disfrazada de descolonización y pisotea el derecho de los puertorriqueños a la plena transparencia y a un proceso justo”.

© 2022 The New York Times Company