La Cámara de Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos

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Diputados se apresta a aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos
Diputados se apresta a aprobar la ley de etiquetado frontal de alimentos

Tras varias horas de intenso debate, la Cámara de Diputados convirtió esta noche en ley el proyecto que obliga a los productores de alimentos envasados a incluir un esquema de etiquetado frontal con octógonos negros que adviertan sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, calorías y de grasas saturadas y totales.

El proyecto, que obtuvo media sanción del Senado hace un año, se aprobó con 200 votos positivos frente a 22 negativos y 16 abstenciones. Si bien la mayoría de los legisladores apoyó en términos generales la iniciativa, varios plantearon objeciones y se abstuvieron de votar algunos de sus artículos. Otro grupo de diputados –en su mayoría de Pro– rechazaron la iniciativa por considerar que el esquema de octógonos previsto en la iniciativa resulta “hostil y estigmatizante” y que, en lugar de propender hacia una educación en materia alimentaria, impone censuras y prohibiciones.

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El oficialismo, en la voz de la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, defendió la iniciativa y retrucó los cuestionamientos a la ley, al enfatizar que no prohibirá la comercialización de ningún producto.

“Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y en garantizar los derechos de todos los argentinos. El octógono negro de advertencia es la forma más eficaz de comunicar la presencia o ausencia en nutrientes críticos en los alimentos. Hoy estamos rodeados de productos ultraprocesados con exceso en grasas, sal y azúcares. Las etiquetas son engañosas y a veces ilegibles; los consumidores tienen el derecho a saber qué es lo que está consumiendo e ingiriendo”, enfatizó la legisladora, quien advirtió que el 66% de la población en nuestro país tiene sobrepeso y el 32% padece obesidad, mientras que el 42% sufre presión alta.

Diputada Cecilia Moreau
Diputada Cecilia Moreau


Diputada Cecilia Moreau

En la misma línea, la diputada oficialista Liliana Schwindt enfatizó que esta ley es de salud pública, pues apunta a prevenir enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. “Constituyen una pandemia silenciosa”, advirtió.

En la vereda contraria, los diputados Carmen Polledo y Alejandro García, de Pro, anticiparon fuertes críticas al proyecto. “Comparto la idea general del proyecto de promover una alimentación saludable de los productos que consume la población –sostuvo Polledo–. Su objetivo es poner en cada paquete un octógono negro por cada nutriente crítico que excede el límite sugerido y prohibir que se informen sobre las cualidades positivas que este contenga. Hay una posición de fanatismo de imponer de que hay una sola forma posible de etiquetado, cuando no la hay”.

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Silvana Colombo


Carmen Polledo, de Pro (Silvana Colombo/)

“Debemos pensar en un sistema de etiquetado integral y completo. El cambio se construye educando y no se impone por la fuerza, nadie está autorizado para modificar ni dirigir los hábitos de los demás”, enfatizó.

El diputado y presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, el oficialista Pablo Yedlin, admitió que, por su condición de tucumano y oriundo de una provincia azucarera, le resultó difícil pronunciarse sobre esta ley. “El azúcar es un elemento que puede derivar en el sobrepeso, pero no es un veneno, en absoluto. Muchos edulcorantes tendrán que explicar cuán saludables son. Igualmente voy a votar a favor, pero no debe creerse que con los octógonos negros se va solucionar el sobrepeso y la obesidad. Eso no fue demostrado en Chile y México, donde rige el etiquetado frontal”, sostuvo.

“En general, es un proyecto virtuoso y pudo haber sido mejorado”, sostuvo Yedlin, quien propuso que el nuevo rotulado solo sea incorporado en los alimentos procesados y ultraprocesados y que queden eximidos los productos dietarios y los destinados a la lactancia.

El diputado Yedlin
El diputado Yedlin


El diputado Yedlin

La bancada de Juntos por el Cambio se mostró dividida . Mientras el grueso del radicalismo y de la Coalición Cívica apoyaban la iniciativa, la mayoría de los diputados de Pro se inclinaba por votar en contra.

“Es una iniciativa que busca dar paso a una transformación en los hábitos alimentarios para hacerlos más saludables –destacó la radical Brenda Austin-. De más está decir que la etiqueta actual es absolutamente insuficiente. Apenas un tercio de las personas las leen y la mitad de los que la leen las entienden”.

Desde la Coalición Cívica, Mariana Stilman dijo que esta ley, de ser aprobada, va en línea con lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. “Venimos a cumplir con el mandato constitucional que propicia el derecho a la alimentación saludable, información adecuada y veraz y libertad de elección y de los consumidores”, sostuvo.

Desde Pro, una de las pocas voces a favor del proyecto fue la de la diputada Gisela Scaglia. “Hoy las etiquetas son algo similar a un jeroglífico: tipografía pequeña casi ilegible. Este rotulado va en contra de nuestro derecho constitucional a la salud y al acceso a la información. Hoy vamos a cambiarlo para empezar a ser conscientes de lo que consumimos y terminar con el engaño”, enfatizó.

Beatriz Ávila
Beatriz Ávila


Beatriz Ávila

En contra del proyecto se pronunciaron las diputadas tucumana Beatriz Ávila (Justicia Social) e Ingrid Jetter (Pro). “Los tucumanos hemos sufrido mucho la agresión a nuestra industria madre, la azucarera, que le da trabajo a más de 30.000 personas. Este etiquetado negro remite a la muerte; pretender decir que el consumo de azúcar es similar al de la nicotina o a las grasas saturadas es insostenible. Por eso me pregunto cuáles son los intereses que motivan este proyecto”, advirtió Ávila.

“Esta ley es imperfecta e inútil -sostuvo Jetter-. El octógono informa sobre el exceso de determinado nutriente crítico, pero no en cuanto. Además, los productos con octógonos negros no pueden brindar información adicional sobre cualidades que puede tener ese producto”.

Sobre el final, Graciela Camaño (Consenso Federal) insistió en la necesidad de incorporar modificaciones a la media sanción del Senado. Advirtió que la norma no se armoniza con las regulaciones que al respecto rigen en los países en el Mercosur; asimismo, alertó que la iniciativa tampoco explicita cuáles serán los alimentos sujetos al nuevo etiquetado, si todos los alimentos o sólo los productos procesados y ultraprocesados.

“No se trata de hacer una revolución, simplemente se trata de instrumentar un buen etiquetado a los alimentos en la Argentina. Si ese es el objetivo y, al mismo tiempo, pretendemos preservar las fuentes de trabajo, dejémonos de jorobar con todos estos discursos pirotécnicos que sostienen que si no votás esta ley sos parte de un lobby. Somos un país del tercer mundo; no nos podemos dar el lujo de cerrar ningún puesto de trabajo más. Se me dirá que la reglamentación de la ley hará las correcciones que hacen falta; puede ser, pero estaremos renunciando a nuestra condición de legisladores”, enfatizó.

De qué se trata la ley

En términos generales, el proyecto de ley propone regular el etiquetado de los alimentos envasados al incorporar un esquema de rotulado que advierta cuando un determinado producto tenga exceso de nutrientes críticos en cinco categorías: grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y/o calorías. Para definir el umbral por sobre el cual se considera que un producto tiene nutrientes “en exceso”, la ley tomó como referencia el perfil de nutrientes diagramado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que establece parámetros de consumo y alimentación.

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Según esta iniciativa, las bebidas y los alimentos procesados deberán llevar octógonos negros de al menos un 5% del tamaño de la cara principal del envase cuando su composición supere un umbral mínimo en cada uno de estos componentes. Es decir, puede llevar uno o más sellos negros.

El objetivo es que el consumidor reconozca una advertencia sobre las características del producto. Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020) son los países de la región con esquemas de advertencia similares al que se propone localmente.

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