La burocratización del sistema de refugio en México

Idania, ¹ una mujer centroamericana de 36 años viaja con su hijo de 8 años y es una de las familias que el pasado 6 de junio fueron desalojadas forzosamente de la Plaza Giordano Bruno en la colonia Juárez, Ciudad de México. ² A su llegada por la frontera sur, tenía la intención de solicitar protección internacional para “subir” de manera segura hacia el norte. Sin embargo, tan solo en quince días fue secuestrada con su hijo por dos carteles diferentes. Tanto ella como su hijo fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos y sufrieron impactos psicosociales severos que hasta el momento no han sido atendidos. Al perder todos los recursos económicos con los que contaba Idania, buscó continuar su camino por rutas clandestinas. Finalmente, al llegar a Ciudad de México, y ante albergues de la sociedad civil rebasados de su capacidad, Idania tuvo que construir una casa con palos y bolsas de basura para empezar a trabajar como “chalana” en una construcción cercana al campamento hasta el día del desalojo.

Como Idania, durante los últimos años las personas en contexto de movilidad forzada que llegan a México se han enfrentado a un abandono y desistimiento por el Estado Mexicano para atender sus necesidades de protección. La muestra más reciente de ello es el cierre de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en la Ciudad de México desde el pasado 29 de mayo -y sin claridad de parte de las autoridades para reestablecer su operación- así como el desalojo forzoso, una semana después, de las personas que permanecían en la plaza Giordano Bruno por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, personal de SIBISO y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En esta primera parte haremos un recuento  del desmantelamiento de la COMAR y la burocratización del proceso de solicitud del refugio en México. En este sentido, desde septiembre de 2017, la COMAR mantiene suspendidos los plazos determinados en la ley para resolver las solicitudes de refugio que recibe, lo que implica que un trámite que debería durar tres meses, en algunos casos se ha extendido a más de un año. En contraste, si pasan más de 30 días desde que la persona ingresó al país, no podrá solicitar refugio si no justifica suficientemente tal situación.

Adicionalmente, el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado en la Ciudad de México se ha vuelto más complejo. Así, durante la segunda mitad de 2023 las solicitudes para iniciar el procedimiento únicamente se recibían en el “albergue” instalado en Tláhuac, en donde se les pedía a las personas llenar un prerregistro a través de una plataforma en línea, para después esperar en largas filas a que se les asignara una cita en las instalaciones de la COMAR en la colonia Juárez, para entonces iniciar formalmente la solicitud.

No obstante, el 08 de noviembre de 2023 de forma repentina se cerró el albergue en Tláhuac después de una protesta por parte de la comunidad vecina, lo que dejó en un limbo a las personas migrantes con necesidades de protección que querían solicitar refugio y la recepción de solicitudes estuvo suspendida hasta febrero de 2024, cuando se estableció una oficina de recepción en Naucalpan, Estado de México.

Igualmente, desde el último trimestre de 2023, se documentó  que el Instituto Nacional de Migración retrasó o negó definitivamente el acceso a documentos de regularización migratoria a los que tienen derecho las personas solicitantes de refugio.

Estas medidas evidencian el desinterés del Estado Mexicano de brindar atención a las personas que han salido de su país de manera forzada, además de que las supuestas soluciones adoptadas no consideran las necesidades de las personas y las excluyen a la periferia de la ciudad. Esto, aunado a la burocratización del proceso de solicitud de refugio, caracterizada entre otras, por retrasos en las resoluciones, falta de información y arbitrariedad en la modificación de procedimientos, constituye un serio obstáculo para quienes buscan protección. Estos problemas no solo desmotivan a las personas  solicitantes, sino que también las llevan a  desistir, abandonar el proceso y enfrentarse a la deportación, o a establecerse y transitar por México de manera irregular.

El sistema de refugio en México y el deber del Estado mexicano de garantizar la protección internacional está quebrado. La nueva administración federal tiene enfrente el desafío de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

¹ Nombre modificado para resguardar la identidad de la mujer que compartió su testimonio.

² Testimonio documentado en colaboración con el Grupo de Monitoreo Frontera Centro (@frontera_centro).