MONTEVIDEO.- Buquebus y Colonia Express, las dos firmas de transporte fluvial de pasajeros que operan en el Río de la Plata, anunciaron este martes que presentarán demandas contra el Estado uruguayo debido a la instalación del sistema de control fronterizo que cobrará a los pasajeros un adicional de 2,10 dólares sobre el precio de los pasajes.

La medida estipula que a partir de mayo de este año todos los pasajes vendidos de ambas empresas para viajar en febrero de 2025 tendrán esta recarga adicional al precio total del boleto, además del IVA, tanto para las pasajeros que ingresan como para quienes salgan de Uruguay.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, aprobó el 31 de enero el decreto que establece que “las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros que operen en cualquiera de los puertos de la República serán las encargadas de cobrar el Precio por Servicio de Seguridad a cada uno de sus pasajeros”, además de que actuarán como “agentes de retención de los importes respectivos”.

Luego, estas empresas deberán entregar la recaudación mensual “a mes vencido al proveedor del sistema de control fronterizo adjudicado en el marco de la mencionada Licitación Pública Internacional” como una “solución llave en mano para la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan de Uruguay” por el plazo de 10 años.

Mientras la empresa Buquebus realizó una demanda de nulidad contra el llamado a licitación, la Asociación Turística de Colonia mostró preocupación por el impacto negativo que podría tener en el turismo.

“Esta medida impacta en forma negativa en el turismo de Colonia por ser el destino que recibe estadías más cortas, con un fuerte porcentaje de visitas por día y donde el costo del pasaje tiene una incidencia mayor en el gasto total del turista”, cuestionó en una carta el presidente de la Asociación, Andrés Castellano.

Además, destacan que la medida se da en un contexto de “recuperación de la demanda” tras el golpe al turismo que implicó la pandemia de coronavirus y en un marco de pérdida de competitividad frente a otros destinos turísticos de la región.

Se enfatizó en los problemas para que viajen “sobre todo argentinos”, por la disparidad en el tipo de cambio, así como también para retener “al turismo interno que tan importante ha sido para sostener la actividad en estos años”.

“En función de lo expresado anteriormente entendemos que la medida es inoportuna y afecta directamente al turismo de Colonia, por lo que solicitamos que sea revisada y analizada nuevamente, poniéndonos a disposición como hemos hechos siempre para encontrar las mejores soluciones a los problemas que se presentan”, concluye la carta.

Críticas

Expertos en materia tributaria cuestionaron que, al tratarse de un impuesto, el gobierno no debería proceder con un decreto y debería tratarse como ley.

El abogado especializado en derecho tributario, Leonardo Costa, explicó al diario El País de Uruguay por qué para él se trata de un impuesto, por lo que debería haberse hecho mediante una ley y no un decreto.

El experto indicó que los “precios, en general, tienen una contrapartida en unidades de uso o consumo”. Un ejemplo es el peaje en las rutas, donde se puede “cuantificar la mejora” en ellas. Sin embargo, en este cobro de “control migratorio” no hay “ninguna ventaja o provecho” para el usuario. Además de que el servicio -continuó el abogado- es “indivisible”. Todo esto hace que considere que no se trate de un precio, por lo que no podría hacerse por decreto.

“La otra posibilidad es que fuera una tasa, pero tampoco lo es, además de que también requeriría ley. Sucede que la tasa, al igual que el impuesto, también responde a ese concepto de divisibilidad y de utilizar unidades de uso o consumo”, añadió.

Para Costa, el desembolso que se deberá hacer al cruzar la frontera “se parece mucho más a un impuesto donde el Estado exige pagar para una actividad como el control migratorio -que le es inherente-”, donde lo recaudado va a satisfacer el costo del servicio.

Y concluyó: “Si fuera ley, debería ser tasa o impuesto. Y esto se parece mucho más a un impuesto, al que le llamo impuesto encubierto porque lo dibujan bajo la lógica de que hay una licitación pero ese es problema del Estado”.

Por otra parte, el contador magíster en hacienda pública y administración tributaria, Gustavo Viñales, señaló que es un “tributo, por tanto ilegal, pues lo hacen por decreto reglamentario”. Y continuó en su cuenta de X: “Lo llaman precio por un servicio prestado, pero obviamente es un tributo (obligatorio)”.

Al mismo tiempo, recordó la tasa a inflamables de la Intendencia de Montevideo, que recibió cuestionamientos del gobierno. En ese sentido, criticó: “Dirigentes, ministros y gente que no sabe nada de impuestos, gritaban que era ilegal. Esto es ilegal, es claramente una tasa o un impuesto (si no guardara relación con el costo). Pero el silencio es sepulcral”.

El País/GDA y agencia AP