Bruselas insta a Turquía a investigar "a fondo" los presuntos abusos en los centros de inmigrantes financiados por la UE
La Comisión Europea instó el viernes a Turquía a "investigar a fondo las acusaciones de irregularidades" dentro de los centros de migración que el país gestiona para deportar a refugiados sirios y afganos con la ayuda financiera del bloque.
La petición se produce después de que una investigación explosiva dirigida por 'Lighthouse Reports' descubriera malos tratos sistemáticos en los centros de expulsión gestionados por el Gobierno turco y respaldados por 213 millones de euros en fondos de la UE, marcando un nuevo capítulo controvertido en el acuerdo UE-Turquía firmado en 2016 en el pico de la crisis migratoria.
El consorcio de medios de comunicación detalla las condiciones insalubres y de hacinamiento en las instalaciones, los casos de abuso y tortura contra los migrantes, y un patrón de coacción para obligar a los detenidos a firmar documentos de retorno "voluntario" a sus naciones devastadas por la guerra.
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En un caso, escriben los periodistas, un hombre que había huido de Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en 2023 fue detenido en Turquía y finalmente devuelto a su país de origen, donde fue "asesinado a tiros, con heridas de bala en el cuello y la cabeza."
"Descubrimos que la UE es consciente de que está financiando este sistema abusivo, con su propio personal dando la voz de alarma al respecto internamente - sin embargo, altos funcionarios optan por hacer la vista gorda", afirma 'Lighthouse Reports' en su investigación, que contó con el apoyo de otros medios europeos, entre ellos 'Le Monde', 'El País' y 'Der Spiegel'.
La investigación abarcó 100 fuentes, incluidos los testimonios de 37 personas que habían estado detenidas en 22 centros diferentes financiados por la UE. En reacción, la Comisión dijo que todo el dinero de la UE destinado a la gestión de centros de expulsión y retornos voluntarios en Turquía se hacía "respetando plenamente las normas de la UE e internacionales."
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Sin embargo, el Ejecutivo de la UE insistió en que la responsabilidad última de investigar y reprimir las violaciones de los derechos fundamentales correspondía a las autoridades turcas, poniendo de hecho la pelota en el tejado de Ankara.
"Turquía tiene su propia legislación en materia de reconocimiento de refugiados y gestión de la migración. En este contexto, la aplicación y protección de estos derechos formales sigue siendo responsabilidad de Turquía", declaró el viernes un portavoz de la Comisión.
"Los derechos fundamentales de las personas y el principio de no devolución deben respetarse siempre a la hora de aplicar cualquier decisión de retorno", añadió el portavoz, en referencia al principio internacional que prohíbe deportar a migrantes a naciones en las que podrían sufrir persecución, tortura o cualquier otra forma de maltrato. "Es responsabilidad de las autoridades turcas investigar a fondo las denuncias de irregularidades e instamos a que lo hagan".
El portavoz no confirmó si la Comisión había tenido conocimiento de las condiciones abusivas en el interior de los centros de expulsión y señaló que los funcionarios de la UE destinados en Turquía realizan "regularmente" misiones de supervisión en los lugares.
Según cifras de la ONU, Turquía es uno de los mayores países de acogida de refugiados del mundo, con cerca de 3,2 millones de refugiados sirios junto a otras nacionalidades. Desde 2011, la UE ha proporcionado a Turquía casi 10.000 millones de euros para apoyar la gestión de los solicitantes de asilo.
Aunque Bruselas y los Estados miembros sostienen que la financiación y el acuerdo de 2016 han contribuido a frenar los flujos de migración irregular, los críticos afirman que el régimen ha dado al presidente Recep Tayyip Erdoğan poder para amenazar al bloque y obtener concesiones.