Yahoo Noticias Bruselas lleva a Hungría ante los tribunales por su polémica Ley de Soberanía Nacional
La Comisión Europea ha llevado a Hungría ante los tribunales por una ley muy controvertida que Budapest que supuestamente protege la soberanía nacional, pero que las ONG han descrito como una peligrosa herramienta para perseguir y, en última instancia, silenciar las voces de la oposición.
La demanda, anunciada el jueves por la tarde, supone otro paso en la batalla legal que la Comisión inició en febrero y es una reacción a las respuestas "insatisfactorias" dadas por Budapest a Bruselas. La decisión traslada este asunto de Bruselas a Luxemburgo, donde tiene su sede el máximo Tribunal de la UE.
Sin suspensión temporal de la ley
En la denuncia, el Ejecutivo no pide a los jueces que impongan ninguna medida provisional, como la suspensión temporal de la ley. Se espera una sentencia definitiva en los próximos años.
"Tras evaluar detenidamente la respuesta de las autoridades húngaras, la Comisión mantiene la mayoría de los agravios señalados, que aún no se han abordado", declaró el jueves la Comisión.
La polémica ley, aprobada en diciembre gracias al respaldo del partido gobernante de Viktor Orbán, ha creado la denominada Oficina de Protección de la Soberanía (SPO) para investigar a personas y organizaciones sospechosas de atentar contra la "soberanía nacional" y la "identidad constitucional" del país.
Recabar información
La SPO puede recabar información sobre personas o grupos que reciban financiación del extranjero y se considere que influyen en el debate democrático y los procesos electorales "en interés de otro Estado" u "órgano extranjero". Los servicios secretos húngaros están obligados a ayudar a la oficina, que tiene derecho a acceder a documentos clasificados.
Una vez concluida su investigación, la SPO publica sus conclusiones. La ley no prevé ninguna medida correctiva para impugnar las conclusiones. Orbán, que a menudo tacha a sus detractores de agentes pagados por Occidente, afirma que la ley es necesaria para proteger a Hungría de injerencias políticas indebidas.
Gran preocupación
Pero el amplio mandato de la ley, la vaguedad de sus definiciones y la falta de supervisión judicial han suscitado gran preocupación entre la sociedad civil y los periodistas independientes, que temen ser injustamente señalados por negarse a seguir el dogma político de Orbán y quedar impotentes para impugnar las conclusiones públicas del SPO.
Transparencia Internacional Hungría y Átlátszó, una organización de investigación sin ánimo de lucro financiada con donaciones internacionales, ya han sido objeto de ataques por parte de la oficina.
¿Qué derechos viola la ley?
La Comisión se hizo eco de estas consideraciones cuando inició la acción legal en febrero, afirmando que la ley viola un amplio abanico de valores fundamentales y garantías jurídicas, como el principio democrático, el derecho a la vida privada, la protección de datos personales, la libertad de expresión, información y asociación, y el derecho a un juicio justo, entre otros.
Estados Unidos también ha censurado la "draconiana" ley, afirmando que "el intento del Gobierno húngaro de acosar, intimidar y castigar a organizaciones independientes va en contra de los principios de gobernanza democrática arraigados en el Estado de derecho".
El Parlamento Europeo, la Comisión de Venecia, Amnistía Internacional y el Comité Húngaro de Helsinki, así como decenas de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes, han expresado otras críticas.
Los últimos acontecimientos se producen en medio de un capítulo extremadamente tenso en el enfrentamiento entre Bruselas y Budapest, que dura ya una década. En las últimas semanas, Hungría ha estado en el punto de mira por negarse a pagar una multa de 200 millones de euros, amenazar con enviar inmigrantes en autobús a Bélgica y facilitar permisos de trabajo a ciudadanos rusos y bielorrusos.
Está previsto que Orbán se dirija al Parlamento Europeo la próxima semana en el marco de la Presidencia semestral húngara del Consejo de la UE, que está siendo boicoteada en respuesta a la reunión del primer ministro con Vladimir Putin en julio.
